Pese a la vigencia de una norma aprobada en 2016 que sanciona su funcionamiento, la demanda de los pasajeros consolidó la presencia de los choferes informales en las calles de la ciudad. Durante una entrevista con #LA17, el concejal Hernán Pereira criticó la parálisis parlamentaria que impide adecuar la legislación municipal a la realidad del servicio urbano.
La convivencia entre la flota de taxis tradicionales y los conductores registrados en aplicaciones informáticas representa un modelo integrado que funciona de manera regular en los principales puntos urbanos de Argentina. En destinos turísticos y metrópolis como Buenos Aires o Bahía Blanca, los mismos licenciatarios de taxis utilizan las herramientas digitales para captar viajes durante los momentos de menor demanda en las paradas. La nivelación de las tarifas ajustó los valores del mercado sin desplazar a los prestadores tradicionales.
Ante la falta de tratamiento de los proyectos de regulación en las comisiones deliberativas, un grupo de choferes de la plataforma Uber decidió judicializar la controversia mediante la presentación de un recurso de amparo con patrocinio letrado. La vía judicial busca frenar los controles de retención vehicular y garantizar el derecho a trabajar ante la inacción del cuerpo legislativo. Esta medida legal sumó un nuevo factor de especulación que paraliza la discusión técnica en el ámbito municipal.
El oficialismo en el Concejo Deliberante decidió pausar la emisión de los despachos de comisión bajo el argumento de aguardar la sentencia definitiva que debe emitir la Justicia. Esta estrategia de postergación evita que las propuestas de derogación o de regulación lleguen al recinto para ser sometidas a votación formal entre los bloques. La falta de definiciones institucionales mantiene la actividad en un terreno neutro que no resuelve la protección de los trabajadores ni la calidad de la prestación.
Las demoras en la actualización de las ordenanzas locales generan un desfase operativo que golpea de manera directa a los usuarios y turistas que necesitan desplazarse por la ciudad. En el diálogo radial con #LA17, el edil opositor Hernán Pereira apuntó al impacto de la prohibición teórica al señalar que “el único que pierde es el usuario”, remarcando que el municipio permanece “anacrónico con el resto de las ciudades” al negar el avance de las herramientas tecnológicas.
La coexistencia cotidiana entre ambos sistemas de transporte muestra que la demanda ciudadana superó los límites impuestos por las normativas vigentes. Sobre la presencia de las aplicaciones en el plano local, Hernán Pereira confirmó en la emisión radial que “Didi empezó hace dos o tres semanas a funcionar en Puerto Madryn y Uber no sé si lleva un año”, dando cuenta de la penetración de las plataformas en la comunidad a pesar de la falta de un marco regulatorio.
La negativa a discutir las regulaciones operativas en las mesas de comisión bloquea las propuestas que buscan fijar exigencias mínimas a los vehículos y a los choferes de las apps. La iniciativa presentada por la oposición buscaba consensuar pautas de seguridad, seguros específicos y registro de conductores sin clausurar la competencia. En la entrevista con #LA17, Hernán Pereira denunció la estrategia del bloque mayoritario al sostener que “no la quieren hacer fácil, la realidad es que no sale”, apuntando al freno constante del expediente.
La espera de la definición en los tribunales actúa como una excusa parlamentaria para trasladar al Poder Judicial una responsabilidad que le corresponde al cuerpo deliberativo local. La derogación de una prohibición municipal exige la votación de los concejales en sesión pública, sin la necesidad de un mandato judicial previo para corregir una norma obsoleta. La falta de quórum para encarar el debate expone las prevenciones políticas de la gestión municipal ante los sectores de taxistas.
La suspensión indefinida del tratamiento legislativo prolonga la precariedad laboral de quienes conducen vehículos a través de aplicaciones y mantiene la incertidumbre en los pasajeros. La proximidad del calendario electoral amenaza con estirar los plazos de resolución sin ofrecer certezas sobre el futuro del transporte de pasajeros. La falta de un marco legal claro seguirá tensionando las inspecciones en la vía pública mientras el uso de la tecnología continúa expandiéndose