La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional que prioriza el uso de la ampliación de la línea de alta tensión de San Juan en favor de una corporación privada. El conflicto estalló luego de que la administración central, por intermedio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), convalidara la reserva del 90% de la capacidad de transporte eléctrico para abastecer al proyecto minero Vicuña.
La obra, que demandará una inversión estimada en 800 millones de dólares, había sido objetada previamente por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), organismo sanjuanino cuyos planteos fueron finalmente desestimados por el organismo nacional.
Inversión privada sin costo fiscal ni impacto en la tarifa
Desde la ASIJEMIN remarcaron que el gremio no se opone a la ejecución de la obra de alta tensión, por considerarla una infraestructura imprescindible para viabilizar los emprendimientos mineros de gran escala. Sin embargo, la organización cuestionó el esquema de financiamiento y la distribución del recurso.
Para el sindicato, la inversión de US$ 800 millones debe ser asumida en su totalidad como parte de los costos de capital que corresponden al consorcio titular del proyecto Vicuña. ASIJEMIN ratificó de forma categórica que el desarrollo energético no debe ser solventado mediante el compromiso de regalías mineras futuras, ni a través de subsidios del Estado provincial o cargos tarifarios adicionales en las facturas de los usuarios residenciales y comerciales del sistema eléctrico.
Alerta por el federalismo y llamado a la licencia social
El gremio cuestionó que la resolución de la Secretaría de Energía conceda el uso prioritario del tendido por un plazo de 25 años a favor de actores privados. Para la entidad sindical, este tipo de determinaciones unilaterales posterga el rol de la provincia de San Juan en la planificación del sistema eléctrico y atenta contra el federalismo y el control de los recursos naturales.
Asimismo, el sindicato insistió en que una obra de esta envergadura debe nutrir la licencia social mediante reglas claras de participación:
- Contratación de proveedores y mano de obra local: Impedir que la construcción quede bajo el dominio excluyente de actores externos, garantizando el trabajo para las empresas, pymes y técnicos de la zona.
- Valor agregado e industria nacional: Incorporar la producción de insumos locales en el armado de la infraestructura.
- Impacto en la región: Asegurar que la ampliación eléctrica beneficie también a las poblaciones cercanas y no funcione de manera aislada para el enclave minero.
ASIJEMIN pidió una mesa de diálogo
Ante este escenario, la organización sindical propuso la creación urgente de una mesa de trabajo multidisciplinaria integrada por autoridades del Estado, las compañías operadoras, las representaciones gremiales, los proveedores locales y los referentes de las comunidades involucradas. La meta de este espacio será evaluar el impacto a largo plazo del tendido y reorientar el modelo de desarrollo para que la infraestructura genere beneficios permanentes en la provincia.
Al argumentar la postura del sindicato, el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, subrayó que, “la infraestructura energética vinculada al crecimiento minero debe dejar un impacto positivo en las comunidades, con más oportunidades laborales, mejores servicios y condiciones que acompañen el desarrollo de la población”, apuntó el gremialista