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El gobierno de Río Negro modificó el decreto de creación del “Fondo Fiduciario Río Negro – Servidumbres” para incorporar un mecanismo de cobertura ante eventuales ceses de actividad de las concesionarias de áreas mineras, hidrocarburíferas y eléctricas. La nueva normativa establece de manera explícita que el Estado provincial asumirá provisoriamente el pago de las servidumbres correspondientes a las instalaciones hasta que el área vuelva a ser adjudicada mediante una nueva licitación.
La modificación cobra relevancia a partir de antecedentes recientes, como los casos de President Petroleum, Madalena Energy Argentina S.R.L. y Medanito S.A., empresas a las que se les declaró la caducidad de sus permisos. En dos de esos casos, la finalización de los contratos estuvo vinculada a procesos de quiebra.
Qué dice la nueva normativa
El Decreto Nº 705/26, publicado este lunes, modificó modificó un decreto del 2006, que creó el Fondo Fiduciario Río Negro – Servidumbres. La normativa original contemplaba la administración de los recursos provenientes de las servidumbres hidrocarburíferas y el tratamiento de los fondos derivados de las servidumbres de electroducto. Este fideicomiso fue concebido para financiar políticas de desarrollo, impulsar proyectos productivos en áreas rurales deprimidas, y recuperar la capacidad productiva de los suelos.
Sin embargo, la Secretaría de Energía consideró necesario actualizar la normativa para incorporar también las servidumbres vinculadas a la actividad minera. Según fundamenta el decreto, la modificación busca adecuar la legislación a la realidad actual de la provincia y brindar mayor previsibilidad jurídica a las inversiones.
«Resulta oportuno adecuar la norma a la realidad actual y territorial, ya que la Provincia de Río Negro se encuentra generando herramientas que permitan dotar de previsibilidad y seguridad jurídica a los proyectos de desarrollo energético y productivo que se ejecuten en el territorio provincial», señala el texto oficial.
Uno de los principales cambios apunta a resolver qué ocurre cuando una empresa deja de operar un área concesionada. En la práctica, las compañías mineras, hidrocarburíferas o eléctricas abonan servidumbres para indemnizar a los propietarios de los terrenos por el uso, la ocupación y las restricciones que generan las instalaciones necesarias para la explotación o transporte de los recursos.
Con la modificación, el decreto establece de manera expresa que, cuando un área quede sin concesionario, pero las instalaciones permanezcan, será el Estado provincial el que asumirá de forma transitoria el pago de la servidumbre, siempre que así lo disponga la autoridad concedente. Esa cobertura se mantendrá hasta que un nuevo operador se haga cargo del área, con el objetivo facilitar una futura licitación del yacimiento.
Según el decreto, la medida busca brindar seguridad a los propietarios de las tierras, «con la finalidad de que puedan sacarle el mayor beneficio a sus tierras, y que las mismas puedan convivir junto al desarrollo de los diferentes proyectos, fomentando así su utilización». Además, amplía el objeto y destino del Fondo Fiduciario para resguardar la infraestructura existente y garantizar las condiciones necesarias para impulsar nuevas iniciativas en las áreas vacantes.
Los antecedentes
La modificación adquiere especial relevancia en el actual proceso de reconfiguración del mapa hidrocarburífero de Río Negro, marcado por la recuperación de áreas cuyos contratos finalizaron o quedaron afectados por procesos de quiebra de las empresas operadoras.
Uno de los casos más representativos es el de President Petroleum. En septiembre de 2025, el Gobierno provincial declaró la caducidad de las concesiones de explotación de las áreas Puesto Flores–Estancia Vieja, Puesto Prado y Las Bases, además de la concesión de transporte del gasoducto Las Bases. Tras esa decisión, la Provincia instruyó a la empresa estatal EDHIPSA para asumir de manera transitoria la operación de los yacimientos.
En ese contexto, el Decreto Nº 701/26, también publicado este lunes, dispuso la unificación de las áreas Puesto Flores y Puesto Prado en un único bloque para su licitación internacional. El proceso prevé una inversión obligatoria de 12 millones de dólares durante los primeros cinco años y otorga a EDHIPSA un derecho de preferencia, dado que presentó el plan de inversión privada tras la salida de la anterior concesionaria.
Otro antecedente reciente es el de las áreas Medianera y Rinconada–Puesto Morales, que hasta comienzos de este año estaban bajo la administración de Madalena Energy Argentina. En mayo, el Gobierno provincial adjudicó ambas concesiones a Geopetrol. Se trató de la primera licitación pública realizada sobre áreas de explotación cuyos contratos no fueron prorrogados durante 2024 y 2025.
La Provincia justificó ese procedimiento en la necesidad de evitar la paralización de la producción y asegurar el ingreso de nuevos operadores con capacidad técnica y financiera para continuar con el desarrollo de los yacimientos