La normativa incorpora nuevas herramientas de participación ciudadana, transparencia y gestión sostenible para los proyectos mineros de la provincia.
El instrumento legal
La Ley Nº 3751 constituye uno de los pilares de la política minera provincial, ya que establece un marco específico para abordar el cierre de minas desde una perspectiva integral y planificada.
Sobre esa base, la nueva normativa profundiza el modelo promovido por Santa Cruz e incorpora instrumentos destinados a fortalecer el seguimiento ambiental, mejorar la calidad y la trazabilidad de la información y ampliar la participación de las comunidades en la gestión de la actividad minera.
En este contexto, la Disposición Nº 153/2026 establece lineamientos obligatorios para la implementación de monitoreos ambientales participativos, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la medición y gestión de las huellas ambientales, la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la aplicación de estándares globales para la gestión de relaves y el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación pública y acceso a la información.
Los monitoreos
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la incorporación del monitoreo ambiental participativo como una herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana.
Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual y garantizar la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la Autoridad Minera.
Los controles deberán incluir, como mínimo, variables relacionadas con los recursos hídricos superficiales y subterráneos. También podrán ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y los riesgos de cada proyecto.
Los resultados deberán estar disponibles para la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos por la Autoridad de Aplicación.
La disposición también incorpora indicadores vinculados con la huella hídrica, la huella de carbono, la economía circular, la gestión de residuos, el género, los derechos humanos y la gobernanza corporativa, además de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, lo que permitirá fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones basada en información verificable y comparable.
Una nueva etapa
De esta manera, la Provincia avanza hacia una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe planificarse y gestionarse durante todo el ciclo de vida del proyecto.
La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros desde una perspectiva de largo plazo.
Desde la Secretaría de Estado de Minería destacaron que la medida representa una nueva etapa en la implementación de la Ley Nº 3751 y consolida un modelo provincial que vincula el cierre de minas con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia, además de fortalecer el rol del Estado en la planificación y el control de la actividad.
La iniciativa forma parte de la decisión del Gobierno provincial de continuar modernizando la gestión minera y promover un desarrollo productivo sostenible, con reglas claras, controles eficientes, información transparente y una participación cada vez más activa de las comunidades.
Con la Ley Nº 3751 como marco y la Disposición Nº 153/2026 como una nueva herramienta para su aplicación, Santa Cruz profundiza una política minera que busca anticiparse a los desafíos del cierre, incorporar estándares de sostenibilidad desde las etapas activas de los proyectos y construir una minería responsable, con la mirada puesta en el futuro de sus territorios y comunidades.
Fuente: Portal EditorialRN