La pelea política por una deuda donde el gobierno y los municipios son cómplices. Ahora pretenden transformar un delito en una excusa política y judicial
(Por: Rubén Lasagno) – Después del fallo del STJ Tribunal Superior de Justicia que dejó sin efecto la medida cautelar que impedía retenciones sobre los fondos coparticipables de los municipios, en Santa Cruz se abrieron los sellos y el municipio de Río Gallegos, más otras intendencias de la provincia de un lado y el gobierno provincial del otro aparecen como “víctimas y villanos” en esta paradoja patética de poderes donde no hay ningún inocente y solo se puede dar en esta provincia donde la corrupción y la injusticia no les llama la atención a la gente, a los sindicalistas ni a los políticos que pretenden ser el recambio.
El reciente fallo permite a la Provincia retener fondos de coparticipación antes de que exista una resolución definitiva sobre la deuda previsional de todos los municipios pero la bomba explotó con la Municipalidad de Río Gallegos donde se filtró la política partidaria.
Según entiende el intendente Pablo Grasso la Constitución Nacional y la de Santa Cruz garantizan la autonomía política, administrativa, económica y financiera de los municipios. Esa autonomía no puede ser limitada por ley ni por autoridad alguna, expresa el municipio.
El problema puntual que plantea el reclamo municipal no es la existencia de la deuda en sí, que no pueden desconocer, sino una cuestión de procedimiento legal y constitucional. En resumen: para el intendente, el hecho de que la municipalidad deba dinero (el “qué”) no justifica que la provincia pueda cobrárselo por la fuerza y sin un fallo firme de por medio (el “cómo”), ya que consideran que esto destruye el principio de autonomía municipal.
En síntesis, desde lo argumentativo, Grasso no discute que su municipios y otros de la provincia deban cumplir las obligaciones previsionales (es decir, depositar lo que retienen). La queja radica en que la Provincia se “auto-atribuya” el poder de determinar el monto adeudado y se lo cobre directamente recortando la coparticipación sin un proceso judicial previo y antes de que exista una resolución definitiva sobre la deuda.
El reclamo municipal argumenta que la Provincia, al retener estos fondos de manera unilateral y automática (basándose en la Ley 1782), viola la autonomía económica y financiera de la Municipalidad, la cual está garantizada por la Constitución Nacional y Provincial.
En un comunicado desde el municipio se plantea que permitir esta retención directa sienta un precedente peligroso. Sostienen que, si la provincia puede desfinanciar unilateralmente a un municipio por este motivo, pone en riesgo inmediato el pago de salarios de otros trabajadores municipales y la prestación de servicios básicos, vulnerando las instituciones más allá del partido político que esté gobernando.
Dos delitos en pugna
El núcleo de la controversia es que se está utilizando un argumento de defensa institucional para intentar escudar una práctica que, en su origen, constituye un ilícito como es la de retener indebidamente lo saberes del empleado municipal con la excusa de depositarlo en el sistema previsional y en vez de hacerlo, el intendente se los queda, cometiendo un delito muy grave.
Y aquí se produce un choque evidente entre dos dimensiones legales y políticas distintas: el origen ilícito de la municipalidad por descontar aportes del salario de los trabajadores y no girarlos a la Caja de Previsión Social trasciende la categoría de una simple “deuda”.
En términos legales, el Estado municipal actúa como agente de retención; ese dinero no le pertenece, sino que es del trabajador y del sistema previsional. Al no depositarlo, se configura el delito de retención indebida y potencial malversación de fondos públicos y el argumento central es que, independientemente del delito o la irregularidad que cometa el municipio, el Estado provincial no tiene la potestad constitucional de cobrarse esa deuda “por mano propia” recortando la coparticipación de manera automática, sin un proceso y una sentencia judicial firme que lo habilite.
Pablo Grasso emitió un documento donde el planteo realiza un recorte deliberado del escenario. Se refiere al problema simplemente como “obligaciones previsionales” o “la deuda“, con lo cual le quita todo el peso penal y la gravedad a la acción de retener fondos de los trabajadores.
La táctica de esta comunicación del municipio sin duda es desviar el eje del debate: busca que la discusión pública no se centre en el incumplimiento sistemático ni en el delito de retención indebida que comete el municipio, sino que la atención recaiga exclusivamente sobre el “avasallamiento institucional” de la provincia.
En definitiva, expone una situación donde la dinámica de la administración pública opera sobre irregularidades cruzadas por cuanto hay un municipio que exige el respeto irrestricto a sus garantías constitucionales y su autonomía, mientras incumple la ley al retener de forma indebida el dinero de sus propios empleados.
Esta dinámica muestra cómo el manejo de la información fiscal y las proyecciones presupuestarias a menudo ocultan las verdaderas negociaciones de poder.
La Provincia justifica su accionar en la defensa del sistema previsional, mientras el Municipio lo enmarca como un atropello institucional, pero en el fondo, ambos actores están disputando posiciones de fuerza, especialmente (y de parte del gobierno provincial) para forzar la aprobación del empréstito de 600 millones de dólares que pretende e insiste a cualquier costo el gobierno provincial.
Argumentos de presión
El argumento de la aplicación selectiva de la ley es fundamental en política institucional. Si el gobierno provincial ejecuta estas retenciones de manera implacable contra la Municipalidad de Río Gallegos (gobernada por un opositor) pero hace la “vista gorda” con municipios afines que mantienen niveles de deuda similares con la Caja de Previsión Social, la ley deja de ser una norma de ordenamiento administrativo para convertirse en un arma política. Desnuda la hipocresía institucional. El municipio admite tácitamente su falta (la retención indebida), pero acusa a la Provincia de no buscar sanear la Caja, sino de usarla como excusa para ahogar financieramente a un adversario.
Pero hay un punto donde el conflicto financiero se cruza de lleno con la agenda legislativa y el análisis del gasto público provincial: la toma de deuda. La necesidad de aprobar un endeudamiento por 600 millones de dólares requiere mayorías y consenso en la Cámara de Diputados.
Al recortar la coparticipación de la capital provincial, la Provincia amenaza directamente la gobernabilidad del municipio (pago de sueldos, servicios básicos) por lo tanto el mensaje no es solo para el intendente, sino para los diputados provinciales del PJ atados territorial o políticamente a Río Gallegos. La lógica es transaccional: “Si quieren que el municipio vuelva a recibir sus fondos y garantice la paz social, levanten la mano para aprobar el endeudamiento” es más o menos la elipsis del enunciado que hace Claudio Vidal.
Detalles de la paradoja
Si otra paradoja faltaba en toda esta historia es que el STJ emitió un fallo que lleva la firma de Sergio Acevedo, quien cuando era intendente de Pico Truncado, cometió el mismo delito que hoy comete el municipio de Río Gallegos y otros del interior donde le descuentan al trabajador y no depositan la plata en la cuenta de la Obra Social.
Pero hay algo más interesante que marca el nivel político que cruza a todo esto, donde ni un lado ni otro busca la justicia y el reordenamiento administrativo; es solo política partidaria e intereses sectoriales de dos partidos que van a disputar poder el año que viene.
Respecto de la municipalidad de Río Gallegos y ante la actitud reactiva del intendente Pablo Grasso, quien adelantó que si hacen los descuentos no podrá pagar salarios, quien se sumó a este reclamo fue el SOEM quien, a través de su Secretario General Pedro Mansilla manifestó adherir a eta posición contra la provincia y amenazó con salir a la calle si algo de esto ocurre.
Lo paradógico acá también es que el SOEM nunca le hizo una protesta al intendente por la retención indebida de fondos a sus afiliados, pero une sus fuerzas con el intendente para reclamarle al gobierno provincial en un conflicto donde todos sabemos que no hay ningún inocente, son todos culpables pero a la hora de levantar la mano limpia de los reclamos, esconden la mano sucia de los culpas concurrentes y compartidas que los tiene como protagonistas. (Agencia OPI Santa Cruz)