La minería es uno de los principales motores económicos de Santa Cruz y, al mismo tiempo, una actividad cuya capacidad para generar desarrollo local depende en gran medida de la participación de las empresas santacruceñas en su cadena de abastecimiento. Bajo esa premisa, en 2018 la provincia sancionó la Ley N.º 3.616 de Compre Local, que dio origen al Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), una herramienta pensada para identificar y priorizar a los proveedores radicados en el territorio provincial.
La lógica detrás de la normativa es clara: cuanto mayor sea la participación de empresas locales en las contrataciones de las operadoras mineras, mayor será el impacto de la actividad sobre el empleo, las pymes y la economía de las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
La ley establece que las empresas alcanzadas deben destinar al menos el 50% del monto anual de sus contrataciones a proveedores santacruceños inscriptos en el RUPAE. Además, dispone que esos proveedores deben ser priorizados siempre que sus ofertas económicas no superen en más de un 15% la mejor cotización presentada por empresas de otras jurisdicciones.
Sin embargo, formar parte del registro implica mucho más que completar un trámite administrativo. Para ser considerado proveedor santacruceño, una empresa debe acreditar domicilio y actividad efectiva en la provincia, tributar en Santa Cruz, contar con personal radicado localmente y cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación para garantizar que el beneficio alcance a firmas que realmente generan empleo e inversión en el territorio.
Durante este año, el Gobierno de Santa Cruz dio un paso importante en materia de modernización administrativa con la puesta en marcha del Registro Único de Proveedores del Estado Provincial (RUPEP), una plataforma digital desarrollada para unificar y transparentar las contrataciones públicas. El sistema permite consultar el padrón de proveedores, emitir certificados digitales y agilizar distintos procedimientos vinculados a las compras del Estado.
Aunque ambos registros suelen confundirse, cumplen funciones diferentes. Mientras el RUPEP está destinado a las contrataciones de la administración pública provincial, el RUPAE continúa siendo la herramienta prevista por la Ley de Compre Local para acreditar la condición de proveedor santacruceño en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y otras actividades económicas.
La digitalización representa un avance en términos de transparencia y acceso a la información, pero no modifica uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema: verificar que las empresas efectivamente cumplan con los porcentajes de contratación establecidos por la legislación.
Actualmente, las compañías alcanzadas por la Ley 3.616 deben presentar declaraciones juradas con el detalle de sus proveedores y de los montos contratados durante cada período. Esa información permite a la autoridad de aplicación realizar un seguimiento formal del régimen, aunque no existe un sistema público de monitoreo permanente que permita conocer en tiempo real el nivel de cumplimiento de la norma.
Los últimos datos oficiales difundidos por el Gobierno Provincial corresponden a 2021, si se leyó bien: a 2021, y mostraban que la contratación de proveedores locales por parte del sector minero alcanzaba el 35,13%, una cifra significativamente inferior al piso del 50% establecido por la ley. Desde entonces no se publicaron nuevos indicadores oficiales, por lo que no existe información pública actualizada que permita determinar si ese porcentaje logró incrementarse en los últimos años.
La falta de estadísticas recientes y de mecanismos de trazabilidad más robustos mantiene abierto un debate que involucra tanto al sector público como al privado. Mientras algunos proveedores sostienen que todavía existen contrataciones realizadas con empresas no inscriptas en el RUPAE y reclaman mayor transparencia en los procesos licitatorios, desde otros sectores advierten que el desafío también pasa por fortalecer la competitividad de las propias pymes santacruceñas.
En esa línea, la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) ha señalado en distintas oportunidades que muchas pequeñas y medianas empresas aún trabajan para alcanzar los estándares técnicos, administrativos y financieros que exige una industria de alta complejidad como la minería. Por ese motivo, junto al Gobierno Provincial y distintos organismos, impulsa capacitaciones y espacios de articulación destinados a mejorar la inserción de los proveedores locales dentro de la cadena de valor.
El debate también llegó este año a la Legislatura provincial. En junio fue presentado un proyecto que propone reforzar el régimen de contratación local mediante nuevos mecanismos de trazabilidad, controles periódicos y un esquema de sanciones para los casos de incumplimiento. La iniciativa busca dotar al sistema de herramientas que permitan verificar con mayor precisión cuánto compran efectivamente las operadoras a empresas santacruceñas y mejorar la disponibilidad de información sobre esos procesos.
A ocho años de la sanción de la Ley de Compre Local, Santa Cruz cuenta con un marco normativo que busca garantizar una mayor participación de sus empresas en una de las actividades económicas más importantes de la provincia. La reciente modernización de los sistemas administrativos constituye un paso hacia una gestión más eficiente, pero el desafío de fondo continúa siendo el mismo: transformar las obligaciones previstas por la ley en resultados verificables que permitan medir cuánto de la riqueza generada por la minería permanece efectivamente en la provincia a través de sus proveedores.
Por: Extremo Minero