Para el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el plazo que dio el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para llegar a un acuerdo con Vicuña por el uso de la línea eléctrica finalizó el viernes pasado. En ese marco, la entidad provincial envió una dura nota al organismo nacional en la que confirmó que un convenio fue discutido entre las partes, pero que el mismo no llegó a buen puerto porque fue rechazado por la empresa minera. Así, fue tajante a la hora de reclamar al ENRE que se cumplan seis puntos, entre los cuales figuran: que se habilite a Vicuña a acceder a solo 260 MW de energía de la línea, y no al 90 % del excedente por 25 años, como se definió originalmente, y que se le imponga a la empresa un plazo no mayor de 12 meses para que inicie las obras. De no hacerlo, el EPRE amenazó con no dar su conformidad e, incluso, hacer “expresa reserva de accionar judicialmente ante el Fuero Federal para impedir el inicio material de las obras por VASA (Vicuña), que carecerían de legitimación ambiental y territorial”. Además, aclaró que la acción judicial será un “recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Sobre el tema, este lunes el EPRE emitió un comunicado en el que sostuvo que “reafirma el firme respaldo al crecimiento de la minería, requiriendo que se establezcan reglas claras para garantizar seguridad jurídica e igualdad de condiciones a todos los proyectos que soliciten acceso a la infraestructura eléctrica en extra alta tensión”. Además, sostiene que la posición presentada “no procura obstaculizar las inversiones” y que la propuesta “acelerará el desarrollo de los proyectos mineros, potenciándolos al hacer posible su desarrollo sólido y sostenible”. Pero el comunicado no dice nada de que no se ha arribado a “ningún acuerdo con Vicuña” y que existió un convenio que fuera remitido a la empresa minera, el que, según el EPRE, “fue desestimado por ésta”. Además, según el documento oficial al que pudo acceder 0264Noticias, tampoco indica que fue contundente con su postura sobre que el ENRE no debe darle la habilitación de acceso al sistema interconectado nacional con un uso casi exclusivo de la línea eléctrica y la energía excedente del sistema que une el Gran San Juan con Rodeo, ni tampoco que dejó en claro que hará las presentaciones judiciales que considere, incluso ante el máximo tribunal de Justicia del país.
La relación entre la entidad provincial y la empresa minera Vicuña, que tiene en manos los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia, se viene tensando desde que el ENRE le dio una habilitación para acceder al sistema eléctrico y el uso por 25 años del 90 % de la energía excedente que surja de energizar la línea San Juan-Rodeo de 132 kV a 500 kV. Sobre esa resolución, el EPRE se mostró en contra, al punto que solicitó que se realizara una audiencia pública, la que se hizo efectiva el pasado 3 de junio. En ese encuentro también mostraron su oposición empresas mineras como Los Azules, Casposo, Hualilán, los municipios de Jáchal e Iglesia y también La Rioja. En términos generales, todos apuntan a que, si el ENRE le da el OK a Vicuña en las condiciones iniciales, en el futuro deberán pedirle permiso a la empresa minera para conectarse a la línea eléctrica y, además, deberán comprarle la energía.
Tras esa audiencia y a pedido del EPRE, y con el consentimiento de Vicuña, el ENRE otorgó un plazo de 30 días para que las partes lleguen a un acuerdo, lo que finalmente no ocurrió. La entidad provincial entiende que debe existir un convenio en el que la empresa minera “asuma los costos de mitigación e inversión que su demanda genera sobre el sistema eléctrico”, entre los que se encuentran las inversiones históricas realizadas por la provincia y sus usuarios para desarrollar la infraestructura de base “que VASA pretende aprovechar”, como trazas, caminos, fundaciones y servidumbres, entre otros. Según se supo, dicho monto no está calculado, pero el EPRE sostiene que debe ser definido por el ENRE para ser integrado al Fondo PIEDE y así preservar la equidad tarifaria provincial.
Sobre el acuerdo “rechazado” entre EPRE y Vicuña, el mismo lleva el nombre de “Acta Convenio de Consistencia Interjurisdiccional, Coordinación de Capacidad de Transporte y Causalidad de Costos” y en él se fijaron diez puntos. En el tercero se establecía que las partes reconocían “el carácter de servicio público multiusuario de las instalaciones” y que VASA (Vicuña) debía financiar “íntegramente las obras civiles y electromecánicas de adecuación a 500 kV y línea privada en 220 kV para el abastecimiento del proyecto minero”, cuyo costo estimado ascendía a “365.403.930,62 dólares”. A su vez, en el punto 4 se indicaba que VASA le delegaba a el EPRE “la administración de los derechos por el excedente de capacidad de transporte que resulte de las obras de ampliación del corredor, por encima de los 260 MW reservados”.
En el punto 5 se definía que “todo nuevo ingresante que solicite acceso a la capacidad remanente del transporte deberá asumir los costos causados, fijándose un valor técnico de 481.906 dólares por cada MW de capacidad reservada”. El valor total de ese aporte irá a integrar el Fondo PIEDE. Incluso, ese cálculo también aplicaba si en el futuro Vicuña requiere más energía de los 260 MW iniciales. Cabe recordar que el proyecto minero completo apunta a necesitar unos 700 MW totales.
Por último, en los puntos finales se obligaba a la empresa minera a “acreditar el inicio efectivo de las obras en un plazo no mayor a 18 meses” desde recibido el permiso efectivo de Nación y se creaba una comisión de seguimiento “a los efectos de asegurar los compromisos asumidos, verificar la calidad técnica de las obras y colaborar para el cumplimiento de los cronogramas constructivos”.
De la postura presentada por el EPRE se desprende que ahora el ENRE debe emitir una resolución sobre el conflicto, aunque no tiene un plazo para hacerlo. Lo que sí quedó claro es que, si la definición no cumple con lo que solicita la entidad provincial, este podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que “no le conviene a nadie”, había expresado un especialista del sector minero