Este Informe USERS repasa qué condiciones impuso el regulador, qué antecedentes tomó como referencia y por qué la decisión generó lecturas tan distintas entre el Gobierno, la empresa y sus críticos.
Qué exige la resolución del TDC
La resolución se apoya en el artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia y ordena condiciones estructurales, es decir, la cesión permanente de activos y no solo reglas de conducta.
Telecom deberá transferir 6 millones de clientes móviles activos, 4 millones en el AMBA y 2 millones en el resto del país. Con esa cesión, su participación proyectada bajaría de casi 60% a cerca de 50%.
También deberá devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico (las frecuencias que el Estado licencia para transmitir señal), de los cuales 60 vuelven de inmediato al mercado. Se suma la cesión de más de 200.000 clientes de internet fija en 28 localidades.
Durante al menos tres años, Telecom deberá compartir infraestructura con el nuevo operador mediante roaming nacional y RAN sharing (uso compartido de antenas y red de acceso). El proceso completo tiene un plazo de dieciocho meses, con un agente de monitoreo independiente y el Enacom a cargo del diseño técnico del traspaso.
Donde una segunda red propia no resulta viable, el TDC impuso obligaciones de conducta: la empresa fusionada no podrá forzar el cuádruple play (el paquete combinado de telefonía, internet y televisión) como condición de acceso, ni aplicar precios distintos según la zona.
El Tribunal de Defensa de la Competencia autorizó la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, pero la condicionó a una de las desinversiones más grandes que haya enfrentado una empresa de telecomunicaciones en el país. Mientras el debate político convirtió la noticia en una disputa de relatos cruzados, analizamos qué resolvió el regulador, qué lógica sigue cada parte involucrada y qué preguntas quedan abiertas.
Cómo se llegó a esta decisión
Telecom anunció la compra de Telefónica Argentina en febrero de 2025 y, según distintos medios, pagó la operación antes de contar con autorización, casi como un hecho consumado.
Un mes después, la Secretaría de Industria y Comercio suspendió la operación de forma preventiva. El expediente quedó en un limbo administrativo durante más de un año, mientras Telecom migraba comercialmente a los usuarios de Movistar hacia planes de Personal.
El destrabe llegó en mayo de este año, cuando la Secretaría de Concentraciones Económicas recomendó aprobar la fusión con condiciones. El TDC sumó informes del Enacom sobre espectro y redes, y emitió la resolución final.
El antecedente local es la fusión Telecom-Cablevisión de 2018, cuando se cedieron 143.464 contratos de Arnet a Universo Net, un operador regional. Esta vez la escala es mucho mayor.
Afuera, Estados Unidos aplicó una lógica parecida en 2020 al obligar a T-Mobile y Sprint a ceder activos a Dish Network para crear un cuarto operador. En España, Orange y MásMóvil cedieron acceso a Digi en 2024.
Los resultados fueron distintos: Dish avanzó más lento de lo previsto y dependió años del roaming, mientras Digi creció rápido y se consolidó como una alternativa de precio agresiva.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia usó una lógica parecida para autorizar la fusión entre T-Mobile y Sprint en 2020, obligándolas a ceder activos a Dish Network para que naciera un cuarto operador nacional. En España, la fusión entre Orange y MásMóvil se aprobó en 2024 con condiciones destinadas a fortalecer a Digi, que obtuvo acceso a la red combinada durante un período de transición y terminó consolidándose como un actor de presión competitiva.
Relatos cruzados y preguntas sin cerrar
Telecom calificó las condiciones como excesivas y sostuvo que sus competidores reales ya no son solo Claro, sino actores globales como Starlink, que según la empresa superó el millón de usuarios en el país.
La compañía también menciona a plataformas de streaming y la futura llegada de Amazon Kuiper como presión adicional, y argumenta que necesita escala para sostener una inversión que estimó en 1.300 millones de dólares para este año.
Especialistas en políticas de comunicación responden que las condiciones son suaves: aun con la desinversión, la empresa fusionada podría seguir controlando entre 50% y 58% del mercado móvil, con picos más altos en el AMBA.
También ubican la operación en un marco más amplio: el Grupo Clarín, controlante de Telecom, obtiene hoy cerca del 95% de sus ingresos de la conectividad y no de los medios.
Claro, el tercer operador, se presentó en el expediente para objetar la fusión, a la que calificó como una fusión de hecho, y advirtió que en 186 municipios los usuarios podrían quedar sin una alternativa real de banda ancha fija.
El propio presidente Javier Milei había cuestionado la compra meses atrás, mientras el Gobierno terminó autorizándola. Esa convivencia incómoda produjo lecturas opuestas sobre si la resolución frena una concentración o la aprueba con maquillaje regulatorio.
Toda la arquitectura de la resolución depende, además, de un dato que todavía no existe: qué comprador tendrá la capacidad financiera para hacerse cargo de millones de clientes y desarrollar una red propia en dieciocho meses.
Los especialistas ubican además la operación en un marco más amplio que el de la competencia entre operadores de telefonía. El Grupo Clarín, controlante de Telecom, nació en 1945 como un diario y hoy obtiene cerca del 95% de sus ingresos de la conectividad y los servicios de telecomunicaciones, no de la producción de contenidos periodísticos. La distinción importa: dominar la infraestructura no equivale a dominar el mensaje, pero sí puede condicionar quién puede ofrecerlo y bajo qué condiciones comerciales.
Auto: Claudio Bottini