Todo está acordado para que este miércoles la Cámara de Diputados apruebe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de litio Don Luis, que involucra más de 234.000 hectáreas entre San Rafael y Malargüe. Ese paso es clave para que arranque la exploración que confirme cuánto y qué calidad de litio hay en el Sur.
Para aprobar esa DIA el Gobierno necesita sólo la mayoría simple de esa cámara que reúne 48 diputados, pero al parecer ya habría reunido incluso los dos tercios de los votos para avanzar con paso firme.
De hecho en la reunión de despacho de este martes, sólo el PJ se abstuvo de manifestar su votación, de lo que se desprende que probablemente ese bloque pueda rechazar esa declaración de impacto ambiental que ya viene con media sanción de la Cámara de Senadores.
El proyecto de litio de Don Luis y otros abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas entre San Rafael y Malargüe, en la zona que se conoce como las Salinas del Diamante. En esa zona la empresa local El Jarillar explota cloruro de sodio desde hace más de 100 años, pero ahora esa firma se asoció con la australiana Ampere Lithium.
Si se aprueba en Diputados como prevé el Gobierno, en esa zona comenzará la fase de exploración, que sirva para ratificar si hay litio, en qué cantidades, de qué calidad, y si en definitiva sirve para ser utilizado con fines comerciales e industriales.
Qué exigencias ambientales tiene la futura mina de litio
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Don Luis y otros incorpora numerosas exigencias que serán supervisadas por la Autoridad Ambiental Minera y otros organismos públicos.
Uno de los principales aspectos son los mecanismos de seguimiento y control permanente de las actividades de exploración.
Cuando expuso el proyecto ante los legisladores a mediados de mes, el director de Minería, Jerónimo Shantal aseguró que las empresas que exploren en Don Luis deberán implementar monitoreos participativos y puntos de control específicos que serán supervisados por el Estado.
Pero además el funcionario aclaró que no solamente controla el Gobierno desde la Autoridad Ambiental Minera, sino que también lo harán diferentes organismos sectoriales que son parte de este control cruzado que se realiza sobre este tipo de proyectos.
Por su lado el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, marcó que la empresa que explore buscando litio estará obligada a presentar actualizaciones periódicas de la información ambiental: «Todos estos proyectos mineros tienen que presentar una renovación de la Declaración de Impacto Ambiental cada dos años y también cuando exista una modificación o un hecho nuevo», precisó