A contramano del relato oficial, una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) en La Rioja desnudó el verso del gobernador peronista Ricardo Quintela: la sociedad rechaza el conflicto limítrofe con San Juan por considerarlo una pantalla política y le exige al Ejecutivo abrir la provincia al desarrollo minero. El sondeo expone una profunda contradicción en el territorio, donde la jugada de agitar la bandera territorial frente a San Juan fracasa ante el desinterés general y la desconfianza de los comprovincianos. El 61 por ciento de los riojanos afirma que la disputa es solo una estrategia, desglosado en un 31 por ciento que cree que Quintela busca mejorar su imagen de gobierno y un 30 por ciento que sospecha que el fin real es manotear beneficios e inversiones de los proyectos de cobre y oro de San Juan. Solo un escaso 39 por ciento compra el argumento de que se trata de una obligación soberana o una disputa judicial legítima. La ironía es total porque, mientras el gobernador intenta encender un reclamo territorial, el 49 por ciento de los encuestados confiesa abiertamente que no sabe absolutamente nada del tema, lo que demuestra que el supuesto fervor limítrofe parece no cotizar en el día a día de los ciudadanos.
El verdadero dolor de cabeza para el relato riojano surge cuando se indaga sobre el desarrollo de la minería a gran escala. A contramano de la histórica resistencia discursiva de la gestión provincial, el humor social viró drásticamente hacia el pragmatismo que imponen los tiempos del RIGI. El 60 por ciento de los consultados apoya activamente la explotación minera intensa en La Rioja, el 47 por ciento está convencido de que la actividad creará nuevas fuentes de trabajo genuinas y un sólido 48 por ciento proyecta que el sector traerá obras de infraestructura clave para las zonas postergadas. La sociedad riojana parece ver en las rocas el progreso general y la diversificación económica que la administración provincial no logra asegurar con fondos propios.
El dato más político de la encuesta del IOPPS no es una indirecta, sino un golpe de nocaut para el relato del feudo riojano. Mientras Ricardo Quintela gasta tinta y saliva erigiéndose como el bastión de la resistencia contra el ajuste de la Casa Rosada, los números locales dicen otra cosa. Su gestión en la provincia está literalmente en el subsuelo, acumulando un rotundo 63 por ciento de imagen negativa, repartida entre un 30 por ciento “Mal” y un 33 por ciento “Muy Mal”, lo que deja al caudillo norteño con el respaldo de un magro 32 por ciento. La verdadera acidez de la foto llega al mirar la vereda de enfrente, donde Javier Milei, el enemigo público número uno de la gobernación vecina y el hombre que personifica la motosierra sobre los recursos discrecionales, le saca varios cuerpos de ventaja en su propio territorio. El presidente planta bandera (corta, aunque efectiva al fin) en La Rioja con un 37 por ciento de aprobación general, compuesto por un 9 por ciento “Muy Bien” y un 28 por ciento “Bien”. Es decir que, en la provincia de las cuasimonedas y el discurso anti-RIGI, Milei goza de mejor salud política que el dueño de casa. A pesar de ser destinatario del 60 por ciento de rechazo, el libertario sigue estando tres puntos arriba de un Quintela al que la sociedad riojana parece estar cobrándole la asfixia económica.
Con la minería validada por la comunidad y el truco del conflicto limítrofe perdiendo eficacia, el gobierno riojano se encamina a un dilema complejo, ya que seguir combatiendo los megaproyectos regionales implica, ahora mismo, darle la espalda a la billetera que sus propios votantes están pidiendo abrir. Para garantizar la rigurosidad científica de la lectura, este estudio denominado “Situación actual del conflicto limítrofe y de la minería en La Rioja” fue ejecutado de manera presencial «cara a cara» por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales. El relevamiento tomó una muestra efectiva de quinientos casos en todo el territorio riojano a finales de junio de 2026, blindando estadísticamente un escenario que la política tradicional ya no puede tapar con discursos de barricada