La iniciativa fue impulsada por los diputados José Luis Quiroga, Claudia Barrientos y Fabiola Loreiro. Propone capacitar a personas desempleadas, crear un registro de beneficiarios, un banco de oficios y vincular la formación con sectores productivos estratégicos de Santa Cruz.
Los diputados provinciales José Luis Quiroga, Claudia Barrientos y Fabiola Loreiro presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Inclusión Laboral y Capacitación para el Desarrollo Productivo Santacruceño. La iniciativa fue presentada y girada a comisiones el pasado jueves en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
El proyecto tiene como objetivo promover la capacitación, formación laboral, entrenamiento práctico e inclusión sociolaboral de personas desempleadas residentes en la provincia. Según el texto, podrán incorporarse al programa las personas mayores de 18 años que acrediten una residencia efectiva, consecutiva e inmediata no inferior a tres años en Santa Cruz y que se encuentren en situación de desempleo, conforme lo determine la reglamentación.
Entre los objetivos de la propuesta se encuentran promover la cultura del trabajo, fortalecer las capacidades de empleabilidad, brindar formación en oficios, actividades productivas y nuevas tecnologías, favorecer la adquisición de experiencia práctica y facilitar la futura inserción laboral de los beneficiarios.
La iniciativa también contempla la creación del Registro Provincial Único de Beneficiarios y del Banco Provincial de Oficios y Competencias Laborales, destinado al relevamiento, certificación y registro de habilidades, conocimientos y capacidades laborales de las personas incorporadas al programa.
De acuerdo al articulado, los beneficiarios podrán percibir una ayuda económica mensual de inclusión sociolaboral o capacitación, de carácter no remunerativo. El monto, los criterios de actualización, los requisitos de percepción y las modalidades de liquidación serán establecidos por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Provincial.
El proyecto establece que quienes formen parte del programa deberán participar en actividades de capacitación, formación profesional, entrenamiento laboral, certificación de competencias o servicios comunitarios definidos por la autoridad de aplicación. Las actividades no podrán exceder las cuatro horas diarias ni las veinte horas semanales.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la orientación de la capacitación hacia sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico provincial. En ese sentido, el proyecto menciona energía, minería, hidrocarburos, pesca, turismo, construcción, industria, economía del conocimiento, innovación tecnológica, ambiente y otras actividades productivas.
Además, se propone crear el Registro Provincial de Empresas Adheridas, en el que podrán inscribirse de manera voluntaria empresas, cooperativas, cámaras empresariales, emprendimientos productivos y entidades privadas interesadas en participar de las acciones previstas por la ley.
La autoridad de aplicación deberá promover la vinculación entre los beneficiarios del programa y las empresas adheridas, priorizando la inserción laboral de mano de obra local capacitada en actividades estratégicas para Santa Cruz.
El texto también habilita al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar convenios con municipios, comisiones de fomento, organismos públicos, instituciones educativas, universidades, cooperativas, sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones civiles y entidades privadas para implementar el programa.
Asimismo, la iniciativa invita a municipios y comisiones de fomento a adherir a la ley y suscribir los convenios correspondientes. También contempla la posibilidad de promover programas de incentivos destinados a favorecer la contratación de beneficiarios que hayan completado satisfactoriamente los trayectos de capacitación.
La permanencia en el programa será temporal y estará sujeta a las condiciones, evaluaciones y plazos que establezca la reglamentación. Los gastos que demande su implementación serán atendidos con las partidas que determine anualmente la Ley de Presupuesto General de la Provincia, con la posibilidad de complementarse con recursos de programas nacionales, convenios interjurisdiccionales u otras fuentes de financiamiento legalmente autorizadas.
Finalmente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días de su promulgación.