La actividad minera parece haberse convertido en la respuesta automática para cualquier problema que enfrenta la provincia.
Sin embargo, detrás de esa lógica existe una contradicción cada vez más evidente: se le exige a la minería que sostenga una estructura económica y estatal que fue construida por otros, mientras se la somete permanentemente a nuevos costos, mayores cargas, incertidumbre regulatoria y crecientes presiones políticas.
En las últimas horas, el dirigente del Partido Obrero, Omar Latini, propuso aplicar un impuesto extraordinario a las empresas mineras aprovechando el alto precio internacional del oro. El argumento es sencillo: si las compañías tienen ganancias extraordinarias, deberían financiar parte de las necesidades urgentes de Santa Cruz.
La propuesta puede sonar atractiva en tiempos de dificultades económicas. Pero también abre una discusión más profunda: ¿hasta dónde puede exigirse a una actividad productiva que compense los problemas estructurales de toda una provincia?
Porque mientras algunos observan el precio récord del oro, otros olvidan que la minería santacruceña enfrenta una realidad mucho más compleja. Los yacimientos envejecen, las leyes minerales disminuyen, los costos operativos aumentan y la exploración necesita inversiones cada vez mayores para encontrar nuevos recursos.
Santa Cruz conoce mejor que nadie esa realidad. Durante décadas la minería generó empleo, aportó exportaciones, sostuvo proveedores locales, movilizó comunidades enteras y se convirtió en una de las pocas actividades económicas capaces de atraer inversiones genuinas a la provincia.
Paradójicamente, cuanto más se debilitan otras actividades productivas, más crece la presión sobre la minería.
Se le pide que financie al Estado. Se le pide que genere empleo para todos. Se le pide que sostenga comercios, municipios y programas sociales. Se le pide que resuelva problemas que exceden por completo su función económica.
Ninguna actividad productiva puede soportar indefinidamente semejante carga.
La discusión de fondo debería ser otra. ¿Por qué una provincia rica en recursos naturales depende cada vez más de una sola industria? ¿Qué hicieron los distintos gobiernos durante los años de mayores ingresos? ¿Dónde están las inversiones estratégicas que debían diversificar la matriz productiva? ¿Por qué, después de décadas de actividad minera, seguimos esperando que la próxima inversión resuelva problemas que nunca fueron abordados de manera estructural?
La minería no es la solución mágica para Santa Cruz. Es una actividad económica que genera riqueza, empleo e inversiones. Una actividad que debe ser controlada, regulada y fiscalizada como cualquier otra. Pero también una actividad que necesita condiciones para seguir existiendo.
Porque existe un riesgo que pocos parecen advertir.
Si cada crisis se resuelve cargando nuevas responsabilidades sobre la minería, llegará un momento en que ya no habrá más minería para cargar.
Y entonces la provincia descubrirá que el verdadero problema nunca fue cuánto aportaba la actividad, sino cuánto dependía de ella.
Santa Cruz necesita más producción, más inversiones y más sectores económicos funcionando. Necesita una minería fuerte, pero también necesita dejar de verla como el cajero automático al que se recurre cada vez que fracasa la política.
La historia demuestra que ninguna sociedad prospera cuando destruye una de las pocas actividades que todavía generan riqueza. Mucho menos cuando pretende que esa actividad cargue sobre sus espaldas el peso de todos los problemas acumulados durante décadas.
Nuestra actividad continúa siendo uno de los principales motores económicos de Santa Cruz y una fuente fundamental de empleo, inversiones y desarrollo para numerosas comunidades. Conocer a las empresas, proveedores y actores que forman parte de esta cadena productiva resulta clave para comprender el presente y proyectar el futuro del sector. La minería puede ser parte de la solución. Lo que no puede ser es la única solución.
Por Extremo Minero