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A cinco meses de la intervención nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos, el conflicto suma nuevos cuestionamientos. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) denunciaron que no existe información pública sobre el destino de los fondos generados por la actividad del puerto de Ushuaia y advirtieron sobre la falta de mecanismos de control respecto de los recursos administrados por las autoridades nacionales.
La secretaria general de SUTAP Tierra del Fuego, Daniela Almada, manifestó su preocupación luego de que la intervención destacara públicamente el superávit alcanzado durante los primeros meses de gestión y anunciara nuevas inversiones para la terminal marítima.
Según sostuvo la dirigente sindical, los trabajadores desconocen cuánto dinero fue recaudado, cuál es el destino de esos recursos y qué mecanismos existen para controlar su administración: “No sabemos cuáles son los mecanismos de control. No tenemos constancia de cuánto han facturado, de qué lo han gastado o si van a reinvertir el cien por ciento de esos recursos”, afirmó.
Almada también cuestionó que desde la intervención se destaque como un ahorro la reducción de gastos vinculados al personal, al advertir que actualmente los salarios dependen de recursos que originalmente tenían otro destino dentro de la estructura financiera del puerto.
Otro de los puntos planteados por el sindicato es la ausencia de instancias de diálogo con los trabajadores desde el inicio de la intervención. En ese sentido, la dirigente señaló que el gremio no se hubiera opuesto a un plan de eficiencia acordado entre Nación y Provincia, pero consideró que las decisiones adoptadas carecen de explicaciones claras y de participación de los empleados portuarios.
Ante la falta de respuestas, SUTAP confirmó que decidió avanzar por la vía judicial. Según indicó Almada, los intentos de diálogo no tuvieron resultados y actualmente esperan definiciones de la Justicia respecto de los recursos presentados.
El sindicato también expresó reparos sobre algunas contrataciones impulsadas por la intervención, especialmente aquellas vinculadas a la adquisición de sistemas de videovigilancia.
Desde el gremio sostienen que el puerto ya cuenta con equipamiento recientemente actualizado y certificado por la Prefectura Naval Argentina, por lo que consideran necesario explicar los fundamentos técnicos que justifican nuevas inversiones en esa materia.
Asimismo, cuestionaron que varias licitaciones se impulsen sin consultas a las áreas técnicas de la Dirección Provincial de Puertos y advirtieron que algunas decisiones excederían las facultades originalmente previstas para la intervención nacional.
Finalmente, desde SUTAP remarcaron que las obras e inversiones en el ámbito portuario requieren estudios ambientales, evaluaciones técnicas y controles específicos debido a las características del entorno marítimo.
Por ello, reclamaron que las futuras decisiones contemplen la participación del personal especializado de la Dirección Provincial de Puertos y exigieron mayor transparencia respecto del manejo de los recursos generados por una de las principales terminales marítimas de la provincia.