El Gobierno nacional oficializó la reforma del régimen de inversiones mineras mediante el Decreto 482/2026, buscando optimizar la competitividad del sector a través de la agilización de importaciones, la devolución acelerada del IVA y mayor estabilidad fiscal. La medida entra en vigencia a partir de este miércoles 24 de junio.
- Agilización de importaciones mineras
- Devolución acelerada del IVA en exploración
- Estabilidad fiscal y seguridad jurídica reforzada
- Ampliación de integración regional a 500 km
- Armonización de seguros ambientales
El Gobierno nacional ha oficializado una importante reforma al régimen de inversiones mineras a través del Decreto 482/2026, modificando el histórico Decreto 2686/93. El objetivo principal es adaptar la normativa a las «nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas», buscando así optimizar la competitividad del sector y atraer grandes inversiones. Una de las modificaciones más destacadas es la agilización del régimen de importaciones, sustituyendo el sistema de autorizaciones previas por una simple declaración jurada sobre el destino minero de los bienes, la cual se integrará automáticamente con el Sistema Informático Malvina (SIM) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).
En línea con la necesidad de liquidez para las empresas, se ha optimizado el procedimiento para la devolución acelerada del IVA en la etapa de exploración. Ahora, la documentación se limita a facturas y comprobantes de pago, eliminando la obligación de notificar trabajos exploratorios previos. Asimismo, se redefine el proceso para obtener el Certificado de Estabilidad Fiscal, estableciendo que la fecha de inicio será la de la presentación del estudio de factibilidad y habilitando al beneficiario a reclamar ante cualquier vulneración de este derecho. Sin embargo, se incrementa la exigencia de transparencia, requiriendo la actualización del estudio de factibilidad ante cambios sustantivos y la presentación de una declaración jurada anual con informe económico-financiero auditado.
La reforma también amplía el límite de integración regional a 500 kilómetros, buscando mayor flexibilidad para conectar yacimientos y plantas de beneficio, y fomentar la competitividad y el impacto económico en un territorio más amplio. En cuanto a los seguros ambientales, la nueva norma armoniza las exigencias de la Ley 24.196 con la Ley General del Ambiente, considerando el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) como un instrumento «más eficaz y verificable» para la previsión y remediación de alteraciones ambientales. Finalmente, se incorpora un régimen específico para prestadores de servicios mineros, quienes deberán acreditar un porcentaje mínimo de facturación en el sector para mantener sus beneficios.
Esta modificación en la ley de minería es de gran relevancia para inversores y empresas del sector, ya que busca crear un marco más ágil y seguro para atraer capitales. Los puntos clave a seguir son la efectividad de la agilización de importaciones y la agilidad en la devolución del IVA, que impactarán directamente en los flujos de caja de los proyectos. La estabilidad fiscal y la seguridad jurídica son fundamentales para decisiones de inversión a largo plazo, por lo que se deberá observar la implementación práctica de estas garantías