Sin embargo, el mensaje que como excusa articula el propio gobernador se le vuelve en contra por cuanto, si uno revisa detalladamente la cantidad de obras iniciadas por el IDUV y observa la metodología que ha usado en cada una de ellas, que es la de adelantar dinero bajo el compromiso de un determinado avance de la obra y la contrasta con el incumplimiento de esos contratos, se da cuenta inmediatamente que la matriz corrupta de la obra pública en la provincia nunca desapareció. Por otro lado, muchas de ellas se han organizado, planificado y pactado con fondos de las mineras como otros con fondos nacionales o de otros orígenes que están expresados en los distintos proyectos.
El método: Báez “ganaba” la licitación, cobraba el adelanto de obra, incumplía los términos del contrato, pasaban los meses y no se cumplían los porcentajes de obra, pero Austral Construcciones hacía “redeterminaciones” que originaban nuevos cheques desde el Ministerio de Julio De Vido que Báez cobraba en el Banco Nación pero las obras (sea infraestructura o rutas) nunca avanzaban, no se terminaban y/o nunca se hacían. Esa fue la matriz de la corrupción K. Ahora repasemos lo que ocurre actualmente en Santa Cruz.
Los polideportivos del IDUV
Entre otras de las obras impulsadas desde el IDUV se encuentran varios polideportivos entre ellos en Pico Truncado, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Gobernador Gregores.
El denominador común que une a todas estas obras, de acuerdo a la documentación que consta en el Instituto de la Vivienda de Santa Cruz, en los B.O. y las fuentes que nos han confiado detalles de las inspecciones realizadas, es que todas (sin excepción) están atrasadas en su ejecución e inclusive en el caso de Gobernador Gregores, la misma no comenzó.
Y he aquí la primera gran irregularidad: a pesar de no haber comenzado o como en el caso de las otras obras estar muy por debajo del porcentaje de construcción que debería mostrar, las empresas constructoras han cobrado los anticipos financieros hace varios meses atrás.
En el Polideportivo de Pico Truncado, claramente queda evidenciado el retraso de la obra que se inició hace cinco meses y visualmente solo puede constatarse el levantamiento del cerco perimetral y algunas fundaciones, pero sin duda el avance es mucho menos al planificado para casi un semestre de comenzadas las labores por parte de la empresa Montaje y Soldadura Don José S.R.L dedicada a servicios petroleros en zona norte y cuyo propietario tiene muy buena relación con el Intendente de Pico Truncado Pablo Anabalón.
El ejemplo más significativo es el polideportivo de Puerto Santa Cruz; tiene un avance del 26 %, la empresa cobró el anticipo en diciembre del 2025, lleva seis meses de construcción y el plan de obras tiene un atraso de 20 puntos porque a junio del 2026 debería estar arriba del 45 % de avance sobre un plazo de 12 meses para el final del contrato.
Talka SRL tiene a su cargo la construcción de los polideportivos de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Gobernador Gregores, con atrasos significativos en todos los casos y como dijimos, en Gregores ni siquiera se puso en marcha la obra y el denominador común de todas ellas es que tanto Montaje y Soldadura Don José S.R.L como Talka SRL, cobraron los respectivos anticipos pero han incumplido (hasta el momento) el correspondiente avance de obra.
Otro dato llamativo en esta suerte de carrera por la construcción de polideportivos en Santa Cruz es el valor del edificio en Caleta Olivia, con apertura de sobres de licitación en los primeros días de julio de este año. Allí se muestra un total de $ 4.440.000.000,00 por un edificio de 2.400 m2 o sea que básicamente el valor por metro cuadrado es de $ 1.850.000,00 comparativamente menor al valor que licita la provincia de Chubut para hacer una vivienda social, a muy pocos kilómetros de Caleta.
Llaman la atención las cotizaciones, las cuales sin duda pueden resultar como las que informamos del edificio universitario de Las Heras donde modificaron los precios por redeterminación de costos o que llegado el 50 o 60% y el IDUV termine rescindiendo el contrato. Todo muy poco transparente y sin control.
¿A qué empresas contrata el gobierno?
Repasamos solo algunos ejemplos de las empresas que contrata el gobierno provincial para las obras del interior.
Polideportivo Municipal en Pico Truncado
La ejecución del proyecto fue adjudicada a Montaje y Soldadura Don José S.R.L. en febrero de 2026, tras la firma de un convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). La inversión supera los 4.500 millones de pesos y fue financiado mediante fondos del programa provincial UNIRSE.
Montaje y Soldadura Don José S.R.L. es una empresa de la región y no una contratista foránea.
Tiene su sede principal y administración en la calle Santiago del Estero 48, en Pico Truncado. Cuentan además con bases operativas en Yacimiento Los Perales y en Añelo/Vista Alegre (Neuquén). Comenzaron como una empresa unipersonal en 1997 y se constituyeron como S.R.L. en 2007.
Su rubro principal histórico ha sido la prestación de servicios para la industria petrolera, gasífera y minera. Se especializan en la construcción, montaje y reparación de tanques de almacenamiento (Normas API 650/653), ductos, mantenimiento en plantas e instalaciones industriales.
Según la Disposición M.E.F.I./S.C.yC.P.-N° 0208/2025 publicada en el Boletín Oficial, la empresa renovó recientemente su habilitación en el Registro Único de Proveedores de la provincia (bajo el N° 2226) para rubros que incluyen soldaduras, servicios de apoyo a la extracción de petróleo/gas y servicios relacionados con la construcción, con vigencia hasta julio de 2026.
Polideportivos de Puerto Santa Cruz, Perito Moreno y Gobernador Gregores
La empresa que tiene a su cargo la construcción de estos polideportivos es Talka S.R.L. (aunque en algunos registros y expedientes del Boletín Oficial de Santa Cruz también ha figurado mencionada como “Talka Minera S.A.“).
A diferencia de otras grandes constructoras, es una firma local vinculada al sector extractivo que de acuerdo a los registros consultados, recientemente ha incursionado en la obra pública municipal.
Tienen su sede principal y administración en la localidad de Perito Moreno (Santa Cruz). Sus domicilios registrados operan en Almirante Brown 1108 y en la Parcela 9, Chacra 64 del Barrio Industrial de dicha localidad.
Históricamente, su núcleo de negocios no ha sido la obra pública civil, sino la prestación de servicios de apoyo a la actividad minera (tanto subterránea como de superficie).
En junio de 2026, la empresa tomó estado público al ser adjudicataria de una obra municipal en su localidad de origen. El intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, firmó un convenio de contratación directa con Talka S.R.L. para llevar a cabo la finalización y ampliación de la sede de la Dirección de Turismo (obra vinculada también a la infraestructura para Cueva de las Manos).
Los fondos para esta adjudicación no provienen directamente del tesoro municipal, sino del Fideicomiso Municipal, el cual se integra con los aportes de la empresa minera Newmont Cerro Negro.
Malos antecedentes
Más allá de su reciente contrato de obra, los registros públicos de la empresa en la provincia están vinculados principalmente a su flota de vehículos.
En el Boletín Oficial de Santa Cruz constan disposiciones (como las N° 0954/2021 y N° 0957/2021 emitidas por la Dirección Provincial de Transporte Automotor) donde la empresa fue sancionada económicamente por infracciones al Régimen de Contravenciones de la Ley de Tránsito relativas a los dominios de las camionetas y vehículos que utilizan para sus servicios en yacimientos.
De acuerdo con los expedientes de la Dirección Provincial de Transporte Automotor publicados en el Boletín Oficial de Santa Cruz (específicamente las Disposiciones N° 0954, 0957, 0958 y 0959 del año 2021), las infracciones cometidas por la flota de Talka S.R.L. (y su variante registral Talka Minera S.A.) no son simples contravenciones viales urbanas.
Se trata de infracciones graves a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, enfocadas en la falta de habilitación técnica y administrativa de los vehículos (camionetas y transporte de cargas livianas) que utilizan para brindar apoyo logístico en el sector minero.
Talka está sancionada por los siguientes ilícitos:
La empresa tenía circulando vehículos prestando servicios comerciales o logísticos hacia los yacimientos sin estar formalmente inscriptos o declarados como flota de transporte habilitada para tal fin.
De acuerdo a los registros es la infracción más repetida en los expedientes de Talka. Estos artículos obligan a todo propietario de vehículos de carga y servicios de transporte a inscribirse en el Registro Único de Transporte de Cargas (RUTA) y en el registro provincial correspondiente (RUPTA-(Art. 53 inc. k y Art. 56)
En la Disposición 0957/2021 se les imputa a la empresa Talka SRL la violación del Artículo 34, falta de Revisión Técnica.
Los vehículos comerciales prestando servicios operativos y de apoyo en zonas de yacimientos transitaban sin tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente, lo cual es una exigencia primordial para flotas ligadas a la industria extractiva por razones de seguridad.
3. Carencia de seguro o de licencias habilitantes (Art. 40 inc. a y c)
Los expedientes también marcan faltas a los requisitos básicos para circular dictados por el Artículo 40, lo cual significa que no tenían seguro ni licencias habilitantes al momento de realizarse los controles provinciales-
Los conductores de la empresa circulaban sin portar el comprobante de seguro en vigencia (inciso c) y, en algunos casos, sin portar la licencia de conducir habilitante para la categoría del vehículo que manejaban (inciso a).
La gravedad de las sanciones
Debido a que estas faltas no afectan a conductores particulares sino a una empresa operando comercialmente, las multas estipuladas por la autoridad de transporte fueron severas para la época.
A modo de ejemplo y de acuerdo a los registros consultados, solo en dos de los dominios infraccionados (una de las camionetas bajo el dominio AB-400-EN y otra AD-370-WI), se le aplicaron sanciones combinadas que ascendieron a 1.050 Unidades Fijas (U.F.) y 160.000 B.M., lo que derivó en intimaciones de pago bajo apercibimiento de dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar la ejecución fiscal contra la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)