Córdoba. Daniel Pastore: La precarización laboral nos permitió hacer funcionar la Municipalidad

El ministro de Comunicación asegura que el Gobierno provincial está dando las respuestas institucionales adecuadas ante el femicidio de Agostina Vega. Entrevistado en Voz y Voto, critica a la oposición por el uso político del tema y apoya los cambios de Passerini en el tema del ingreso laboral a la Municipalidad.

–¿Consideran que, de parte del Gobierno de Córdoba, se hizo todo bien o han hecho autocrítica?

–Todas las experiencias deben ser analizadas y todas generan la posibilidad de correcciones permanentes. Esta situación ha puesto a prueba el sistema institucional de Córdoba, que tiene algunas fortalezas relevantes. En el caso de la investigación penal, el sistema de Córdoba es el acusatorio e implica que la cabeza de todo es el fiscal, y la Policía y todos los instrumentos del Gobierno son sus auxiliares. En este caso específico, el propio fiscal ha señalado que la Policía trabajó correctamente. Ya hay tres detenidos y se logró encontrar el cuerpo de Agostina, lo que, desde el punto de vista de la investigación, es una resolución. Así, tanto el fiscal como la Policía están dándole respuestas a la demanda de la sociedad de hacer justicia.

–En el terreno de la autocrítica, y como integrante del peronismo y persona del Gobierno provincial, ¿qué opina sobre que Barrelier haya estado al cobijo de Ricardo Moreno, un dirigente del PJ en la ciudad de Córdoba desde hace años?

–Lo primero es que la condición de becario municipal no lo vincula al crimen. Es decir, si concluyéramos que Barrelier es un criminal porque es becario tendríamos que decir que todos son asesinos. Es un absurdo. Hay que separarlo. Pero además, hay un uso político de un crimen aberrante, que ameritaría un debate profundo sobre las razones que hacen que la Argentina genere un Barrelier, y sobre las razones que hacen que el tejido social argentino y cordobés esté roto. Habría que abordar la cuestión de los valores y una cantidad de temas que nos ayudarían a explicar las causas por las cuales se llega hasta acá. Para nosotros, hay un uso político y comunicacional de un tema muy grave, con la intencionalidad de provocar un daño político al gobierno. Lo hacen vinculando un hecho gravísimo con la cuestión del acceso al empleo público y de Barrelier como becario. Separando eso, se puede debatir sobre cómo se incorporan a la actividad pública los becarios, o la precarización laboral que hay en el Estado, que es similar a la que ocurre en el sector privado. Y respecto de las responsabilidades de Moreno, en cuanto a su actividad profesional y política las respuestas las tiene que dar él, y las consecuencias políticas están a la vista. Para poner en contexto: en los años ’60 y ’70 había gran inestabilidad política. Eso generaba que cada año que había un cambio en los municipios, en las provincias y en el Estado nacional, el que llegaba echaba a todos. Son conocidas historias familiares en la que echaron a alguien porque no quiso ponerse el luto por Evita. La respuesta que le dio la sociedad a eso fue una ley de estabilidad laboral, que resolvió algunos problemas y generó otros. En el municipio de Córdoba fortaleció al extremo al sindicato, a punto que durante muchos años se dijo, y con razón, que el que gobernaba era el Suoem. Eso generó una cristalización de la cantidad de empleados. Pero además, hubo intendentes extremadamente irresponsables, como Luis Juez, que pasó a planta permanente a 5.000 trabajadores, y provocó la ingobernabilidad de la Municipalidad. Cuando llegó Llaryora, para poder tomar el control, la primer decisión que tomó fue que no íbamos a pasar más a nadie a planta permanente, por más que hubiera concursos… Concursos que, en muchos casos, habían sido amañados anteriormente. ¿Por qué lo decidimos? Porque la planta permanente se transforma en inmanejable ya que el empleado que tiene estabilidad garantizada, en muchos casos, puede ponerse reticente a trabajar. O incluso boicotear gestiones que no son del partido político al que pertenece. Lo cierto es que desde ese momento no hubo un empleado más pasado a planta permanente, ni con Llaryora ni con Passerini. ¿Cómo resolvimos el funcionamiento de la Municipalidad? Precarizando el trabajo. ¿Con qué? Con monotributos y becarios. Eso le permitió a Córdoba volver a ser una ciudad importante y tener soluciones de obras y de servicios. Y sí, eso generó problemas porque fue precarización laboral. Por eso, hay que abrir un debate serio sobre el futuro de este tipo de trabajos.

–Es una modalidad opaca porque reveló que dentro tiene gente como Barrelier que, después de haber estado 21 días en Bouwer, siguió trabajando en la Municipalidad. Uno presupone que tuvo un sostén político dentro del peronismo.

—Lo que falló ahí lo explicó el intendente Passerini: los controles sobre si iba o no a trabajar un becario. Becarios que cobran 570.000 pesos y tienen un horario reducido. Fallaron los controles y hay que mejorarlo. Siempre señalando que el trabajo precario en la Municipalidad no tiene nada que ver con la muerte de Agostina. A nosotros, en estos se años, la precarización laboral nos permitió hacer funcionar la Municipalidad con niveles muy aceptables en la prestación de servicios, y en la ejecución de obras. Esa es una cuestión objetiva. Y si hubo problemas en la selección de esas personas, hay que revisarlo. La idoneidad tiene que ser el criterio principal y tiene que estar garantizado. Hacia eso hay que ir y hay que generar una legislación que permita movilidad. Porque el sistema de becarios no es lo ideal, pero al intendente le permite tener movilidad laboral; y si necesita prescindir de alguien, porque se entera de que no cumple o tiene antecedentes penales, lo puede liberar sin un juicio laboral

–¿No hay temor de que existan otros Barrelier dentro del Estado? Por supuesto que ser becario no los transforma en asesinos, ¿pero cómo saber si no hay más personas con esas características?

–Para para eso Passerini envió una nueva legislación al Concejo. Porque en la legislación vigente se pedía el certificado de antecedentes cada cuatro años. De todas maneras, Barrelier nunca iba a ser un 08 (contratado). Estaba en una lista que cumplían con los requisitos de los 5 años, pero iba a tener que presentar el certificado de buena conducta, y eso no le iba a permitir llegar. Lo de que iba a ser planta es una mentira muy repetida, especialmente por algunos periodistas.

–Ni siquiera en esa lista tendría que haber estado.

– El 08 es un contrato, pero es previo a la planta. Tenés mejor cobertura y más estabilidad, pero la de un contrato. Y una vez que se cumple, se termina. A lo que accedés es a la obra social y a los aportes jubilatorios. Pero repito: hubiera tenido que presentar certificado de buena conducta, y tenía antecedentes…

–Bueno, venía de estar preso 20 días y nadie vio nada.

–La respuesta institucional que le estamos dando, y que está dando Passerini, es pedir antecedentes cada seis meses.

—¿Por qué los concursos no? Passerini dijo que no los repondrán.

–Hay que encontrar la manera… Yo no soy laboralista, pero hay que tratar de no afectar derechos adquiridos. Hay que mejorar la selección por idoneidad, sin transformar eso en antecedentes que le puedan permitir al empleado solicitar la estabilidad laboral en la Municipalidad, que ha sido muy gravosa para todos los cordobeses. Hay que transitar ese camino, y convocar a los sindicatos y laboralistas.

–¿Cuánto lo afecta políticamente el Gobierno de Llaryora esta crisis? Digo «crisis» porque usted lo reconoció. ¿Esto puede impactar a futuro?

–Esta crisis pone en valor lo importante que es tener un gobernador como Llaryora, un hombre experimentado, con templanza, que da certezas y que ha garantizado el funcionamiento institucional de Córdoba. Eso va a ser puesto en valor. Hace unos días, le pedían echar al ministro y al fiscal… Bueno, se dice cualquier cosa en los medios porque el gobernador no puede echar a un fiscal. Como sea, un gobernador con la templanza de Martín puede sostener estos momentos difíciles y tomar decisiones en función a realidades.Y la realidad es que el ministro de Seguridad trabajó bien, dicho por quien dirige la investigación, que es el fiscal. Es decir, Quinteros puso al servicio del fiscal todo lo que se necesitaba para llevar adelante la investigación. ¿Por qué generar la inestabilidad de pedirle la renuncia a alguien que ha cumplido con su misión, a pesar de las presiones de la oposición?

–Tuvo cuestionamientos de la familia en primer momento.

–Eso va a ser puesto en valor por la gente. La misión del gobernador es garantizar la institucionalidad, y lo estamos haciendo. Lo mismo pasa con los Jury ontra los fiscales, algo que está dentro de la Constitución. El tema es por qué impulsar un Jury en el medio de una investigación, la del fiscal Garzón, cuando el sentido común dice que no es lo apropiado porque está llevando adelante a la instrucción, se están esclareciendo los hechos y hay tres personas detenidas. Hay que permitir que termine y luego la Justicia tiene los mecanismos para revisar la actuación, tanto de Garzón como del otro fiscal (por Iván Rodríguez).

–¿El peronismo, en la Legislatura, podría apoyar el Jury contra Iván Rodríguez, que es el fiscal interviniente en 2025, y no el de Garzón?

–Hay una serie de instancias previas dentro de la institución judicial que se deben cumplir para llegar a un juri. Estas etapas se deben cumplir. El sentido común nos dice que a Garzón hay que dejarlo que termine la investigación para después escrutar lo del fiscal Rodríguez. Porque si no, podemos llegar a absurdos. Hay que revisar la actuación de Rodríguez en la causa de 2025, pero sin el diario del lunes, sin el desenlace. El análisis no puede ser extemporáneo. El tema es que, si Rodríguez hubiera sabido el desenlace y sabido que Barraelier iba a asesinar a Agostina, no lo liberaba. Con el mismo criterio y llevado al absurdo, la mamá de Barrilier, si hubiera sabido que su hijo iba a ser un asesino, no se hubiera embarazado. Por eso, es muy importante analizar lo sucedido en el momento de la decisión, porque si no en todos los casos en los que una persona cumplió su condena y luego fue reincidente, van a terminar con el fiscal anterior investigado. Es de sentido común. La pregunta es: ¿hizo todo lo que se tenía que hacer, o no?

–Ustedes, a través de sus legisladores, tendrán la responsabilidad política cuando se vote el juri. Esa decisión es institucional.

–Claro, pero ahí también hay instancias judiciales previas.

–Cuando hablen los legisladores, hablará el gobernador.

–El Jury en Córdoba funcionan. Y además, hay dos legisladores opositores (en la comisión de juicio). No hay mayoría oficialista. Igual, en la causa de Agostina, hay que ir a fondo en todo en todos los temas. Lo que nos llama la atención en este momento es que algunos opositores intentan introducir el tema de la trata de personas y del narcotráfico.

–¿Consideran que no hay ningún elemento que relacione la trata y el narcotráfico con el crimen?

–Lo que consideramos es que hay que ir a fondo. Y le decimos a los legisladores libertarios y a los opositores que la trata de personas y el narcotráfico son dos delitos federales. ¿Dónde está el reclamo al Gobierno nacional para actuar sobre este tipo de delitos? ¿Dónde está el reclamo para que vengan más policías federales que, prácticamente, no tenemos en Córdoba? ¿Dónde está el reclamo para reforzar la Justicia Federal? Ese reclamo que intentan hacer caer sobre la Provincia es un accionar político rapaz e inconducente. El gobierno de Córdoba no se lava las manos y trabaja contra el narcotráfico. No hay ninguna provincia que invierta como nosotros en la lucha contra el narcotráfico, con la FPA y con la creación de nuevos tribunales contra el narco… Tribunales que votaron en contra, dicho sea de paso. Por eso, si hay un problema de narcotráfico o de trata, sentémonos con el Gobierno nacional y exijámosle que haga lo que tiene que hacer para combatirlos. Va a contar, como está contando, con todo el apoyo de Córdoba.

–¿Le cree a Manuel Adorni?

–Nosotros tenemos un criterio sobre estas cuestiones: cuando entra la Justicia, la política se aparta.Y este es un tema que está en la Justicia y en el periodismo. Nosotros, como gobierno de Córdoba, no opinamos sobre este tema. Adorni dio sus explicaciones, y la gente es la que debe decir si le cree o no. Yo me voy a reservar, para mi intimidad, si le creo o no. .

–Se sumaron dos dirigentes, un empresario y un dirigente político al bancor, Hernán Lacunza y Ercole Felippa, de pasado PRO. ¿Qué se tiene que leer a partir de esa incorporación?

–La primera lectura es que un uno (Lacunza) es un financista de primer nivel, y el otro (Felippa), un productivista de primer nivel. La idea es fortalecer el accionar de Bancor con cabezas preparadas, y con experiencia para fortalecer la entidad. Y hay especulaciones políticas y todas son válidas. La realidad es que Lacunza tiene una buena relación con Paulaso y Ercole tiene una muy buena relación con Llaryora. No hay un objetivo político detrás de esto. Y darle un mensaje a la sociedad de que el rumbo de la economía es el orden fiscal, respeto por el supeávit, y los principios fundamentales de la economía. Ese es el mensaje que pretendemos darle a los cordobeses con con esto.

Programa Voz y Voto. (Nicolás Bravo / La Voz) (Nicolás Bravo / La Voz)