El ministro de Producción defendió la nueva Ley de Desarrollo Local Minero, aseguró que no habrá cupos obligatorios y planteó que las empresas deberán demostrar su compromiso con el empleo y los proveedores sanjuaninos.
¿La nueva ley impone cupos obligatorios para contratar sanjuaninos?
No. Es importante aclararlo porque ha generado confusión. Esta no es una ley de cupos ni de imposiciones. Es una ley de objetivos. Lo que establece es que las compañías mineras deberán presentar planes concretos de desarrollo local, explicando cómo van a generar empleo en la provincia y cómo incorporarán proveedores sanjuaninos a su cadena de valor. Queremos promover oportunidades sin volver a prácticas del pasado donde el Estado intervenía directamente en las contrataciones.
¿Cómo funcionará el sistema para priorizar a trabajadores y empresas locales?
La clave será la previsibilidad y la transparencia. Las empresas deberán informar con anticipación qué recursos humanos y servicios necesitarán. Además, se establece un orden de preferencia. Primero se priorizará a la comunidad donde está emplazado el proyecto, luego a los municipios cercanos, después al resto de San Juan y finalmente a proveedores o trabajadores del resto del país. La idea es que todos conozcan las oportunidades con tiempo suficiente para prepararse y competir.
¿Qué beneficios tendrán las empresas que cumplan esos objetivos?
La ley contempla incentivos. Aquellas compañías que alcancen las metas previstas tanto en empleo local como en contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a beneficios económicos mediante bonos de crédito fiscal. Queremos reconocer a quienes hagan un esfuerzo genuino por integrarse al desarrollo provincial.
La contratación de una empresa foránea por parte del proyecto Vicuña generó una fuerte polémica. ¿Cómo lo evalúa el Gobierno?
No fue una buena noticia y claramente no cayó bien. La empresa actuó dentro de la legalidad, pero esperábamos otro nivel de compromiso con la provincia. Tomar decisiones únicamente sobre la base de un cálculo económico puede ser rentable en el corto plazo, pero no necesariamente en el largo plazo. San Juan construyó durante más de veinte años una sólida licencia social para la minería y eso debe cuidarse.
¿La ley alcanzará también a las grandes contratistas y subcontratistas?
Sí. Las obligaciones serán exactamente las mismas para las empresas mineras y para los grandes contratistas que ingresen a prestar servicios. Si una firma de alimentación trabaja para un proyecto minero, también deberá presentar planes de desarrollo local y demostrar cómo incorporará producción y proveedores sanjuaninos a su actividad.
¿Se obligará a contratar proveedores locales aunque sus precios sean más altos?
De ninguna manera. La ley genera oportunidades, pero no garantiza negocios automáticos. Si una empresa local presenta costos muy por encima de los valores de mercado, perderá competitividad. También hay responsabilidades del sector privado sanjuanino. Necesitamos empresas que se asocien, formen UTE y desarrollen capacidades para responder a las exigencias de una actividad de escala internacional como la minería.
¿Por qué el Estado tiene facultades para exigir estas condiciones al sector minero?
Porque estamos hablando de recursos naturales que pertenecen a la provincia y que además son no renovables. La minería funciona bajo concesiones otorgadas por el Estado y eso otorga fundamentos jurídicos y políticos suficientes para establecer reglas que aseguren que la actividad genere beneficios concretos para las comunidades donde se desarrolla. El objetivo final es que la riqueza mineral se traduzca en más empleo, más empresas locales y más desarrollo para San Juan.