La falta de recursos nacionales, el desplome de tasas y el encarecimiento de los servicios ponen bajo presión a las gestiones locales antes del cierre de junio.
Amenos de tres semanas del pago del medio aguinaldo, la situación financiera de varios municipios bonaerenses volvió a encender luces rojas. La caída de la coparticipación, el desplome de la recaudación local y la ausencia de fondos nacionales dejaron a numerosas gestiones comunales en un escenario de fuerte tensión, con cuentas cada vez más ajustadas y demandas sociales en aumento.
El impacto del ajuste nacional ya no aparece como una discusión lejana entre Nación y Provincia. La motosierra de Javier Milei también llegó a los municipios, donde los intendentes deben sostener salarios, servicios básicos, asistencia social, proveedores y funcionamiento cotidiano con recursos cada vez más escasos.
El cierre de junio se transformó en una prueba de fuego. El pago del Salario Anual Complementario obliga a las administraciones locales a hacer cuentas finas para evitar que el rojo financiero se profundice. En algunos distritos, la preocupación es abierta; en otros, los jefes comunales aseguran que podrán cumplir, aunque reconocen que lo harán con mucho esfuerzo.
Municipios con cuentas al límite
La crisis golpea con especial fuerza en el interior bonaerense, donde la base de recaudación suele ser más reducida que en el conurbano y la caída de la actividad económica impacta rápidamente sobre la cobrabilidad de tasas.
Distritos como Azul, Coronel Rosales, General Pueyrredon, Guaminí, Saavedra y Tapalqué ya avanzaron con distintas medidas para ordenar sus cuentas. Entre las herramientas aparecen emergencias económicas, congelamiento de sueldos, recortes internos, suspensión de beneficios y ajustes administrativos para intentar llegar a fin de mes sin mayores sobresaltos.
El cuadro no distingue demasiado entre signos políticos. La falta de fondos nacionales y el enfriamiento de la economía afectan a intendentes oficialistas y opositores, aunque el margen de maniobra varía según la espalda financiera de cada municipio.
En Tandil, el intendente Miguel Lunghi sintetizó el clima que atraviesan muchas comunas al advertir que los gobiernos locales están “al borde del colapso”. Si bien aclaró que su administración podrá afrontar el aguinaldo, su frase expuso una preocupación extendida entre los jefes comunales del interior provincial.
Aguinaldos, tasas caídas y pedidos a Provincia
En varios municipios, el debate ya gira en torno a la posibilidad de solicitar adelantos de coparticipación a la Provincia de Buenos Aires. La herramienta puede aliviar el pago de junio, pero también genera preocupación hacia fin de año, cuando llegue el segundo aguinaldo y las cuentas vuelvan a tensarse.
Algunos intendentes lograron anticiparse. En Bragado, Sergio Barenghi anunció que el aguinaldo se pagará de manera anticipada el 11 de junio. En Colón, Waldemar Giordano aseguró que el municipio cumplirá, aunque “con mucho esfuerzo”.
En Carlos Casares, Daniel Stadnik explicó que la comuna logró reunir los fondos con anticipación. “Acá ya tenemos la plata para pagar el aguinaldo, incluso no sabemos si lo vamos a pagar a fin de mes o a mitad de mes. Desde febrero nos pusimos a juntar la plata para el aguinaldo, hoy ya la tenemos y ni bien paguemos, la próxima misión es juntar la plata para pagar el aguinaldo de diciembre”, sostuvo.
Una situación similar describió el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, quien señaló que su gestión tomó previsiones desde fines del año pasado. “Teníamos previsto que la situación se venía poniendo cada vez más compleja, y a fin del año pasado hicimos reformas que nos permiten seguir avanzando. Por suerte venimos trabajando bien y tenemos ya los aguinaldos de nuestro personal garantizados”, afirmó.
De todos modos, Poletti advirtió que el margen no es ilimitado. “Hasta el momento venimos bien, pero si esto se sigue profundizando, evidentemente vamos a estar complicados”, planteó.
El FEFIM, otra pelea abierta
La discusión municipal también volvió a poner en el centro de la escena al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado junto con la Ley de Endeudamiento bonaerense. Actualmente, el esquema distribuye el 70% de los recursos con libre disponibilidad y mantiene el 30% atado a programas de infraestructura, transporte y cultura.
Los intendentes que reclaman cambios piden que la totalidad del fondo pueda utilizarse de acuerdo con las prioridades de cada distrito. Es decir: salarios, aguinaldos, asistencia social, servicios esenciales u obras, según la necesidad concreta de cada comuna.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya expresó que la salida más simple sería habilitar el 100% del fondo como recursos de libre disponibilidad y distribuirlo por Coeficiente Único de Distribución. Sin embargo, el debate sigue trabado en la Legislatura provincial y cruzado por diferencias políticas.
El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, defendió la necesidad de eliminar condicionamientos. “Con la plata no vas a hacer cualquier cosa, no es que le estás regalando plata a alguien para que haga lo que se le cante. La idea es poder destinarlo a pagar sueldo, aguinaldo, temas sociales, temas institucionales o hacer una obra”, sostuvo.
En la misma línea, Ramón Capra, intendente de General Alvear, advirtió que muchos municipios atraviesan un momento delicado. “Muchos intendentes no la están pasando bien; acompañamos a ese grupo de intendentes, ya que ahora, dentro de poco tiempo, tenemos que pagar medio aguinaldo, y me comentaban que no iban a poder hacerlo si no tenían ese fondo disponible”, señaló.
Servicios más caros y recaudación en baja
La crisis no se limita al pago de salarios. También impacta sobre servicios cotidianos que dependen de las arcas municipales. En San Pedro, trabajadores de la empresa Ashira realizaron una medida de fuerza por falta de pago de haberes, mientras la firma apuntó contra la deuda municipal por la prestación del servicio de recolección.
Desde el municipio, en tanto, advirtieron que el problema central es el derrumbe de los ingresos locales. El secretario de Economía sampedrino, Roberto Borgo, precisó que la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza cayó al 47% de cobrabilidad y que en junio el distrito recibirá un 8% menos de fondos coparticipables que en mayo, lo que representa unos $226 millones menos.
Además, señaló que por esa tasa se recaudan cerca de $170 millones, mientras que el servicio de recolección supera los $360 millones y la deuda con Ashira ya supera los $1.900 millones.
“Hay que empezar a discutir seriamente qué servicio estamos dispuestos a sostener y cómo lo vamos a financiar”, resumió Borgo, en una frase que expone el dilema que empieza a atravesar a buena parte de las administraciones locales.
El ajuste baja al territorio
La postal bonaerense muestra una tensión que crece mes a mes. Mientras la Casa Rosada exhibe el ajuste fiscal como una bandera política, los municipios deben administrar sus consecuencias más concretas: menos recursos, más demanda social, servicios más caros y trabajadores que esperan cobrar en tiempo y forma.
El problema ya no es sólo financiero. También es político. Los intendentes quedan en primera línea frente a vecinos, empleados municipales, proveedores y sectores vulnerables, mientras las herramientas para responder son cada vez más escasas. Con junio encima y el aguinaldo como primer gran test del semestre, los municipios bonaerenses enfrentan una pregunta urgente: cuánto tiempo más podrán sostener el funcionamiento cotidiano si el ajuste nacional sigue cayendo sobre las cajas locales