La minería sanjuanina atraviesa un momento clave. Mientras proyectos de cobre como Vicuña, Los Azules, Filo del Sol y Altar avanzan en distintas etapas de desarrollo y prometen inversiones multimillonarias para los próximos años, el Gobierno provincial puso sobre la mesa una discusión que viene desde hace tiempo: cómo lograr que una mayor parte de esa riqueza se traduzca en empleo, negocios y oportunidades para los sanjuaninos.

Con ese objetivo y tal como había anticipado Diario 13, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca establecer reglas claras para que tanto trabajadores como proveedores de la provincia tengan una participación más importante en la cadena de valor de la actividad.

La propuesta parte de una premisa simple: que el crecimiento de la minería tenga un impacto concreto en la economía local y no quede limitado únicamente a las inversiones de las empresas. El proyecto se trataría en comisión para luego ser votado en la Cámara de Diputados.

Para eso, el proyecto fija objetivos de contratación de mano de obra sanjuanina y de compras a proveedores radicados en la provincia. Entre sus metas más ambiciosas aparece la posibilidad de alcanzar progresivamente un 80% de empleo local y un 60% de contratación de proveedores locales dentro de la actividad.

En ese escenario, los primeros beneficiados serían los trabajadores sanjuaninos. Las empresas mineras y buena parte de sus contratistas deberán presentar planes específicos para incrementar la participación de personal local en cada una de las etapas de los proyectos.

La intención es que el auge que podría generar el cobre no se traduzca solamente en puestos de trabajo temporales o especializados traídos desde otras provincias, sino también en oportunidades de empleo para quienes viven en San Juan.

El otro gran eje del proyecto está puesto en las empresas locales. La iniciativa crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), una herramienta que funcionará como padrón oficial para determinar qué firmas podrán ser consideradas proveedores locales.

Sin embargo, el proyecto aclara que no alcanzará con abrir una oficina o fijar un domicilio comercial en la provincia.

Las empresas deberán acreditar actividad real, arraigo, empleo local y presencia efectiva en San Juan para acceder a los beneficios previstos por la ley.

Además, la iniciativa establece un esquema de prioridades para las contrataciones. En primer lugar aparecen los proveedores y trabajadores de las comunidades cercanas a cada proyecto minero; luego los del resto de la provincia; posteriormente los del resto del país y, finalmente, los proveedores extranjeros.

Se trata de uno de los aspectos más novedosos de la propuesta porque busca que los departamentos vinculados directamente a la actividad minera tengan mayores posibilidades de aprovechar el movimiento económico generado por los emprendimientos.

La ley intenta que localidades cercanas a los proyectos no sean únicamente zonas de paso para la minería, sino también protagonistas del desarrollo económico asociado a la actividad.

Al mismo tiempo, la iniciativa impone nuevas obligaciones a las compañías mineras. Las empresas deberán presentar planes de empleo y de desarrollo de proveedores, informar periódicamente sus avances y justificar ante la autoridad de aplicación aquellos casos en los que no logren alcanzar las metas comprometidas.

También se contemplan sanciones para quienes incumplan las disposiciones previstas, aunque el proyecto prevé mecanismos de adecuación y regularización antes de aplicar multas o penalidades más severas.

Por otro lado, las compañías que logren cumplir simultáneamente los objetivos de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a incentivos fiscales otorgados por la Provincia.

En definitiva, la discusión que comenzará en la Legislatura excede los aspectos técnicos del proyecto y apunta a una cuestión de fondo: cómo aprovechar la ventana de oportunidad que abre el desarrollo del cobre para fortalecer la economía sanjuanina.

Con inversiones proyectadas por miles de millones de dólares y varios emprendimientos acercándose a etapas decisivas, el Gobierno busca establecer ahora las reglas que definirán cuánto de ese movimiento económico quedará efectivamente en manos de trabajadores y empresas de la provincia