La Municipalidad de San Patricio del Chañar pagó 268 millones de pesos a dos empresas privadas por un servicio de radares, fotomultas y control de infracciones de tránsito que no tenía contrato vigente. Los vínculos legales con Neuraltech SA y Fluxa SA habían sido rescindidos en noviembre de 2023, pero el intendente Gonzalo Nuñez siguió girando cheques durante todo 2024.
El Tribunal de Cuentas de la provincia auditó las cuentas municipales y encontró la irregularidad. Ahora le exige al municipio que explique en concepto de qué se pagaron esos 268 millones, porque no hay contrato aprobado por el Concejo Deliberante ni documentación que justifique ni un solo peso de ese gasto.
El sistema de control de infracciones de tránsito funciona bajo un esquema tripartito: el municipio aporta el marco legal y el territorio, las empresas proveen la tecnología y la plataforma de cobro electrónico, y el Juzgado de Faltas Municipal sustancia las causas y aplica las multas.
Es un esquema que mueve decenas de millones de pesos por mes. El problema es que, según el Tribunal de Cuentas de la provincia, durante todo el año 2024 ese sistema siguió funcionando y el municipio siguió pagando, pero sin ningún contrato vigente que lo respaldara.
Radares: el informe del Tribunal de Cuentas pidiendo las rendiciones
En su Informe 8120, del pasado 14 de noviembre de 2025 y firmado por la auditora, el organismo señala que los contratos con Neuraltech SA y Fluxa SA habían sido rescindidos mediante carta documento el 30 de noviembre de 2023, durante la gestión municipal anterior. A partir de esa fecha, la relación contractual quedó formalmente extinguida.
Sin embargo, la nueva gestión encabezada por el intendente Núñez, quien asumió en diciembre de 2023, continuó abonando mensualmente los servicios de ambas empresas a lo largo de todo 2024 sin que conste en el expediente de auditoría ningún nuevo contrato aprobado conforme a derecho.
La Ley provincial 2.141, que regula la administración financiera de los municipios neuquinos, establece en sus artículos 16, 28 y 48 que todo gasto público debe estar respaldado por documentación que acredite el proceso de contratación correspondiente, ya sea licitación pública, concurso de precios u otro mecanismo habilitado, con intervención y aprobación del Concejo Deliberante.
Pero nada de eso ocurrió, al menos según la documentación disponible. El Tribunal de Cuentas ahora le exige al municipio que explique en concepto de qué se realizaron esos pagos y que aporte la documentación que justifique el gasto.
Los montos que se pagaron durante 2024
Los montos son importantes. Solo por el servicio de cámaras de seguridad a cargo de Neuraltech SA, el municipio desembolsó durante 2024 un total de 253.069.883 pesos en diez pagos mensuales, el primero en febrero y el último en diciembre.
A eso se suman casi 15,1 millones de pesos adicionales observados en otros pagos con documentación insuficiente, que incluyen servicios publicitarios de Irradia SRL, servicios de limpieza urbana, compras de insumos y productos químicos para mantenimiento de infraestructura. El presunto perjuicio fiscal total identificado por la Auditoría asciende a 268.167.547 pesos.
Las fuentes consultadas por LM Neuquén explicaron que la situación se agrava porque el municipio tampoco habría formalizado posteriormente ningún acuerdo de continuidad que saneara la irregularidad.
Para que un nuevo convenio con las mismas empresas tuviera validez legal, debería haber sido sometido a consideración del Concejo Deliberante, que es el órgano habilitado para aprobar contratos de esta naturaleza. Un arreglo celebrado directamente entre el Ejecutivo municipal y las empresas, al margen del cuerpo legislativo, no tendría valor jurídico.
Más aún si ese acuerdo implicara modificar las condiciones originales del contrato en beneficio de los prestadores, por ejemplo aumentando el porcentaje de las multas recaudadas que les corresponde a las firmas, lo que redundaría en un perjuicio adicional para las arcas municipales.
El rol de cada parte en este problema es fundamental para entender la magnitud del esquema. Neuraltech SA, con domicilio legal en la provincia de Entre Ríos, provee el sistema de cámaras de seguridad y de detección de infracciones. Fluxa SA opera la plataforma de pagos electrónicos E-Pagos a través de la cual los infractores abonan las multas.
El municipio, por su parte, es quien otorga la concesión del servicio, percibe una parte de lo recaudado y paga a las empresas por el mantenimiento y operación del sistema.
El Juzgado de Faltas Municipal es el órgano que da sustento legal al proceso: recibe las actas de infracción, sustancia los expedientes y dicta las resoluciones que habilitan el cobro.
Empresas piden información sobre el funcionamiento del Juzgado de Faltas
El asunto tomó una nueva dimensión en los últimos días. El 28 de mayo de 2026, ambas empresas presentaron simultáneamente sendas notas ante la intendencia reclamando que se convoque a las comisiones B y C del Concejo Deliberante para que fiscalicen el funcionamiento del Juzgado de Faltas Municipal.
Las firmas denuncian grave retraso en la resolución de causas, ausencia total de transparencia sobre el estado de los expedientes en trámite, falta de información sobre las multas percibidas y sus destinos, e incertidumbre sobre si el juzgado utiliza efectivamente la plataforma E-Pagos o cobra por otros medios.
El intendente Núñez recibió los reclamos y los elevó al Concejo Deliberante del 29 de mayo pasado, dirigidas a la vicepresidenta del cuerpo, Verónica González.
Pero el reclamo de las empresas tiene una contradicción y es que las propias firmas parecen no querer ver. Si el contrato que las habilita a operar el sistema de control de tránsito en el Chañar no tiene vigencia legal acreditada, la jueza de Faltas no está en condiciones de sustanciar causas apoyándose en ese soporte tecnológico.
La magistrada estaría, en rigor, actuando sobre la base de un servicio que legalmente no debería estar en funcionamiento. Reclamar mayor eficiencia y transparencia a un juzgado que opera en ese limbo jurídico resulta, cuando menos, contradictorio.
El Tribunal de Cuentas aguarda respuesta del municipio. El Concejo Deliberante tiene ahora en sus manos los expedientes que las empresas quieren que tramite. Por ahora nadie ha respondido en concepto de qué se pagaron 268 millones de pesos