Pablo Ferrer
Un reciente anuncio en el proyecto de cobre Vicuña, en San Juan, encendió las alarmas en el sector proveedor de la minería salteña: desde el emprendimiento cuyano se dio a conocer que se importará prácticamente un campamento minero completo desde China. La noticia llegó justo en la semana en que Salta recibió el BritDay 2026, el evento organizado por la embajada británica donde en uno de los paneles se habló de bajar los costos de los proveedores y de que las empresas locales se asocien con compañías de mayor escala. Para Federico Russo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), el caso Vicuña es exactamente el modelo que la provincia no puede permitirse replicar: «Si va a venir un campamento totalmente fabricado en China, ¿qué queda para proveer desde Salta?», sostuvo en diálogo con El Tribuno.
Para el dirigente empresarial, lo más significativo del BritDay fue la definición que dio el gobernador Gustavo Sáenz al abrir el evento. «El concepto más importante que dio fue que la minería no es un fin, sino que es un medio que tiene que generar mejoras en la calidad de vida, en la infraestructura, en las comunidades, en el empleo», señaló el presidente de Capemisa. Esa frase se convirtió en el eje de toda la intervención del sector: si la minería es un medio, entonces el destino de esos recursos tiene que ser Salta.
El gobernador también mencionó explícitamente a los proveedores locales, lo que Russo interpretó como un reconocimiento de su rol dentro de la cadena de valor. «En definitiva, tiene que generar desarrollo para la provincia», resumió.
Los costos
Russo se detuvo, en particular, sobre la presentación de Ignacio Costa, el gerente general de Rio Tinto Lithium en Argentina, que introdujo una tensión. El directivo de la minera transmitió un mensaje desde la parte de finanzas de su directorio: los costos de construcción en Argentina son demasiado altos y hay que bajarlos. Para Russo, esa exigencia es legítima hasta cierto punto.
«Los proveedores entendemos que tenemos que ser competitivos, y eso sí lo entendemos, lo sabemos, estamos trabajando en esa vía», reconoció. Pero inmediatamente encendió una luz amarilla: la presión sobre los costos no puede convertirse en un argumento para desplazar a los proveedores salteños en favor de empresas de otras provincias o, peor aún, de bienes importados directamente desde el exterior.
El lobby
En paralelo al evento, Russo advirtió sobre una tendencia que viene a nivel nacional. Cámaras empresariales, con base en Buenos Aires, impulsan una modificación del esquema de compre local vigente en varias provincias, incluida Salta, para ampliar el concepto hacia un compre nacional que incorpore a la industria del centro del país, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza.
Salta cuenta con una ley de promoción minera que establece la obligación de contratar entre el 40% y el 70% de trabajadores salteños o residentes en la provincia, y el mismo porcentaje para la adquisición de servicios, obras, bienes e insumos locales. Ese marco normativo es el que los proveedores quieren preservar.
«Estamos de acuerdo (con la apertura nacional) en la medida que se respeten los anillos y que se trabaje la asociatividad», dijo Russo.
En el esquema que defiende Capemisa la prioridad arranca en las localidades colindantes a los proyectos mineros, luego el resto de la provincia, después la región, sigue el resto del país y, en última instancia, el exterior.
«En la medida que trabajemos así, estamos de acuerdo, pero no en la medida que se queden sin trabajo los salteños y vengan de afuera», advirtió.
Humildad
El propio Costa también deslizó durante su disertación que los proveedores locales deben tener la «humildad» de asociarse con empresas de mayor escala para ir adquiriendo capacidad y know-how.
Russo no rechazó esa idea, de hecho, la reivindicó como una práctica que ya existe. Señaló que en el proyecto Rincón, por ejemplo, la mayoría de las obras se ejecutan con empresas locales en Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a compañías del resto del país.
«Esa humildad sí la tenemos, de saber qué capacidad tenemos y que estamos dispuestos a asociarnos y a tener una cuota de participación», aseguró.
Lo que no acepta el sector es que esa apertura se use como pretexto para reducir progresivamente su participación. «Cada vez son más las cosas que vienen de afuera por la apertura de la importación», señaló el titular de Capemisa. Las plantas procesadoras, los camiones mineros, los equipos tecnológicos ya llegan desde el exterior, como es lógico porque todavía no existe esos productos en el país, pero ahora la tendencia avanza sobre equipamiento periférico que antes se contrataba o alquilaba localmente.
«Hay empresas mineras que ya quieren traer sus propias máquinas y que las empresas locales solamente las operen», apuntó.
El caso Vicuña
Un punto sensible es el anuncio del proyecto Vicuña, el emprendimiento cuprífero de San Juan, que anunció, bajo el paraguas del RIGI, la importación de un campamento completo desde China.
Para Russo, ese caso es el espejo en el que Salta no quiere mirarse, y lo vinculó directamente con lo que está en juego en la provincia: años de trabajo para lograr la aceptación comunitaria, para construir la licencia social que la provincia tiene como uno de los valores principales para las inversiones mineras.
«Con las palabras del gobernador diciendo en Salta no hay lugar para que suceda algo así en los proyectos que se vienen», dijo Russo. Y fue más lejos: calificó la decisión de Vicuña como una negligencia que pone en riesgo la licencia social del propio proyecto.
«Ese tipo de negligencia lo está poniendo todo el tiempo en riesgo», advirtió, y confió en que las empresas que operan en Salta comprenden que ese camino no es viable en la provincia