La iniciativa propone implementar el Sistema Integral de Gestión Administrativa Digital en la provincia. El expediente electrónico, la Ventanilla Única Digital y el seguimiento en tiempo real de los trámites forman parte de los principales ejes del proyecto presentado en la Cámara de Diputados.
Los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez presentaron en la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz un proyecto de ley para crear el Sistema Integral de Gestión Administrativa Digital, denominado SIGAD, con el objetivo de establecer un régimen obligatorio para la tramitación electrónica de las actuaciones administrativas en el ámbito provincial. La iniciativa fue girada a comisiones para su análisis legislativo.
El proyecto plantea que el sistema se regirá por principios de eficiencia administrativa, celeridad, transparencia, trazabilidad, interoperabilidad, accesibilidad digital, protección de datos personales e inclusión digital. Según el texto presentado, el nuevo régimen alcanzaría a la Administración Pública Central, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas con participación estatal mayoritaria.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación del expediente electrónico como medio obligatorio, exclusivo y válido para toda actuación administrativa. En ese marco, las notificaciones cursadas por la Administración a través del sistema, al igual que las presentaciones, escritos y documentación aportada por particulares por vía electrónica, tendrían plena validez dentro del procedimiento administrativo.
La iniciativa también establece que, al iniciarse un expediente administrativo digital, la Administración deberá intimar al administrado para que se vincule al sistema mediante su CUIL o CUIT. Para ello, se fija un plazo de diez días hábiles durante el cual se suspenderán los términos del expediente. En caso de que la persona no cumpla con la vinculación, el trámite retomará su curso y las notificaciones se practicarán mediante edictos publicados en el Boletín Oficial digital de la provincia.
El proyecto dispone que, desde la entrada en vigencia de la ley, todos los expedientes administrativos deberán tramitarse exclusivamente por vía digital. Los expedientes iniciados en soporte papel conservarán las actuaciones ya incorporadas en ese formato, aunque todas las presentaciones, actos y actuaciones posteriores deberán realizarse de manera digital.
Otro aspecto incluido en la iniciativa refiere a la participación de letrados patrocinantes y apoderados. El texto prevé que podrán vincularse al expediente digital mediante su propio CUIL o CUIT, siempre con autorización expresa del administrado. Además, cuando el domicilio electrónico del administrado se unifique con el de su representante, las notificaciones practicadas allí serán consideradas válidas y eficaces.
La propuesta legislativa otorga plena validez legal y probatoria a los documentos electrónicos, registros digitales y firmas digitales. También establece que las presentaciones realizadas por particulares a través del sistema tendrán carácter de declaración jurada sobre la autenticidad e integridad de la documentación incorporada.
El proyecto crea además la Ventanilla Única Digital Provincial, pensada como un portal de acceso unificado a trámites y servicios administrativos. Según los fundamentos, esta herramienta permitiría que vecinos de cualquier localidad santacruceña accedan a gestiones estatales sin necesidad de trasladarse físicamente a dependencias públicas.
La iniciativa también contempla que todo expediente cuente con seguimiento digital completo en tiempo real, accesible para el interesado en cualquier etapa del trámite. Este punto es presentado como una herramienta de transparencia, ya que permitiría conocer el estado de cada expediente, los organismos intervinientes, las actuaciones producidas y las instancias pendientes.
En materia de implementación, el proyecto prevé un esquema progresivo. La primera etapa alcanzaría a la Administración Central durante los primeros doce meses desde la promulgación; la segunda comprendería a los organismos descentralizados entre los doce y veinticuatro meses; y la tercera incluiría a los municipios adheridos, con un plazo de hasta doce meses desde la firma del convenio correspondiente.
El texto también incorpora una cláusula de acceso asistido para ciudadanos que no cuenten con conectividad, equipamiento o habilidades digitales suficientes. Para esos casos, se prevé la habilitación de puntos de atención presencial en dependencias públicas provinciales y, mediante convenio, en municipios adheridos, donde agentes capacitados podrán asistir en la realización de trámites digitales.
Entre los fundamentos, los autores señalaron que la digitalización busca reducir costos de impresión, archivo físico, custodia documental y traslado de expedientes entre organismos. Además, remarcaron que la transformación digital del Estado debe mejorar la calidad de los servicios públicos, facilitar el acceso a la administración y fortalecer la transparencia institucional en la provincia