La instalación de la feria de indumentaria durante este fin de semana generó un fuerte rechazo entre los comerciantes locales, que advierten sobre una caída en las ventas y cuestionan la decisión del municipio de autorizar el evento
La llegada de la feria La Saladita a la ciudad de Allen desató una fuerte controversia entre los comerciantes locales, que cuestionaron la autorización otorgada por el municipio para el desarrollo del evento y advirtieron sobre el impacto que podría tener en la actividad económica de la ciudad.
La feria de indumentaria tiene previsto instalarse durante este viernes, sábado y domingo, una decisión que generó preocupación en el sector comercial. Desde distintos negocios señalaron que la presencia de vendedores externos podría afectar de manera directa las ventas de los comercios establecidos, en un contexto económico que ya consideran complejo.
Las críticas estuvieron dirigidas especialmente hacia el intendente Marcelo Román, a quien responsabilizan por haber habilitado la realización de la feria dentro del ejido urbano. Según plantean los comerciantes, la medida favorece una competencia que consideran desigual frente a quienes mantienen locales abiertos durante todo el año y afrontan costos fijos, impuestos, tasas municipales, alquileres y cargas laborales.
Desde la Cámara de Comercio local manifestaron su preocupación por lo que consideran una afectación directa al sector formal de la economía de Allen. La entidad sostuvo que los comercios de la ciudad realizan inversiones permanentes y cumplen con las normativas vigentes, por lo que reclamaron que se protejan las condiciones de competencia para quienes desarrollan su actividad de manera estable.
La discusión también comenzó a trasladarse a otros ámbitos de la comunidad. Mientras algunos vecinos ven con buenos ojos la posibilidad de acceder a productos a precios más bajos, otros coinciden con la preocupación expresada por los comerciantes y alertan sobre las consecuencias que este tipo de ferias puede tener sobre los negocios locales.
Por el momento, la polémica continúa abierta y se espera una respuesta oficial por parte del municipio respecto de los cuestionamientos planteados por el sector comercial. El debate instaló además una discusión más amplia sobre el equilibrio entre el acceso a ofertas económicas para los consumidores y la protección de la actividad comercial formal en la ciudad