La periodista Celeste Williner detalló en los micrófonos de Canal 13 el reciente acuerdo de asistencia, colaboración y cooperación recíproca sellado entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Minería y la empresa Minas Argentinas, operadora del proyecto aurífero Gualcamayo. Esta iniciativa busca consolidar un puente directo entre el contenido áulico y la práctica profesional en el terreno, permitiendo que tanto estudiantes como profesores de escuelas técnicas se involucren de primera mano en las operaciones de un yacimiento en actividad.

El propósito central de la medida es optimizar la preparación de la futura mano de obra local ante los inminentes desarrollos mineros que proyecta la provincia, garantizando que San Juan provea sus propios profesionales especializados. Paralelamente, existe una fuerte expectativa por el envío a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Desarrollo de Comunidades Mineras. El texto definitivo dejó atrás las denominaciones enfocadas estrictamente en proveedores para priorizar el impacto territorial en las zonas de influencia directa e indirecta.

La normativa en ciernes no fijará cupos rígidos sino objetivos de cumplimiento, entre los cuales sobresale la meta de alcanzar un 80% de empleo local y un 60% de compre sanjuanino. Como contrapartida y estímulo, el proyecto contempla un esquema de beneficios tributarios para las firmas que alcancen dichos indicadores. El marco legal también establecerá un Registro Provincial de Proveedores Mineros de carácter único y obligatorio, diseñado por el Ejecutivo para centralizar la información y aportar transparencia ante la falta de consenso entre las distintas cámaras empresariales del sector.

Pese a los avances, subsisten discrepancias técnicas en torno a la definición legal del término «localía», un factor que mantiene frenado el ingreso de la norma a la Legislatura debido a las fuertes presiones ejercidas por las comunidades del departamento Iglesia. Por otro lado, el escenario minero e industrial sigue de cerca la situación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tras conocerse la dimisión de su presidente y la asunción interina del vicepresidente Vicente Serra, a pocas horas de una trascendental audiencia pública.

Expectativa por el ingreso del proyecto de Ley de Desarrollo de Comunidades Mineras

Dicha convocatoria, prevista para el próximo miércoles 3 de junio, ventilará la controversia iniciada en febrero respecto a la capacidad de transporte de la Línea de 500 kV, una infraestructura clave ante el déficit energético que condiciona los proyectos productivos locales. La disputa se originó cuando la operadora Vicuña solicitó la reserva de potencia para abastecer sus proyectos José María y Filo del Sol, obteniendo por parte del ENRE la prioridad sobre el 90% del remanente energético disponible en el tendido.

Esta concesión oficial despertó el inmediato rechazo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), organismo que forzó la realización de la audiencia pública tras exigir que cualquier esquema de abastecimiento se acople formalmente al Plan Energético Provincial. Asimismo, las autoridades sanjuaninas pretenden que la firma Vicuña costee inversiones de compensación sobre el tramo existente entre la Estación Transformadora Nueva San Juan y Rodeo, una obra de gran envergadura civil que fue financiada históricamente mediante el aporte de los usuarios locales en las facturas del servicio eléctrico.

Al reclamo técnico del EPRE se acoplaron de manera orgánica los municipios con intereses mineros directos como Iglesia, Jáchal y Calingasta, junto a diversas compañías del sector privado. Entre los actores corporativos, la voz más firme la aportó el proyecto cuprífero Los Azules, cuyos directivos manifestaron su preocupación por el reparto del cupo eléctrico, entendiendo que la disponibilidad de potencia en la línea de alta tensión resultará indispensable para sostener los planes de avance de su futura infraestructura de explotación