La discusión sobre la actividad minera en Mendoza sigue atravesada por dudas, temores y debates públicos. En ese contexto, la responsable del Área de Control Minero de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, Rebeca Cultrera, aseguró durante una entrevista en el programa «Victoria de 8 a 11» por Radio Post que la provincia cuenta con una normativa ambiental sólida y con organismos de control que fueron fortalecidos en los últimos años para acompañar el desarrollo de la actividad.
La funcionaria explicó que las tareas de fiscalización son compartidas entre la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, ambas dependientes del Ministerio de Energía y Ambiente. Según detalló, una de las principales transformaciones de la actual gestión fue la incorporación de profesionales y técnicos especializados para reforzar las inspecciones y el seguimiento de los proyectos.
Actualmente, Mendoza se encuentra mayormente en etapas de exploración de proyectos metalíferos, mientras que continúan en actividad numerosas explotaciones de tercera categoría, como canteras, ripieras y emprendimientos vinculados a materiales para la construcción. En ese escenario, Cultrera destacó que existen equipos que realizan controles permanentes, atienden denuncias y supervisan el cumplimiento de los procesos ambientales exigidos por la legislación.
Respecto de la denominada licencia social, reconoció que todavía existen sectores que mantienen reparos frente al avance de la minería. Sin embargo, consideró que parte de esa resistencia está relacionada con la falta de información y sostuvo que el Estado trabaja en instancias de participación ciudadana, consultas públicas y programas educativos para acercar información a las comunidades involucradas.
La especialista remarcó que la minería sustentable implica una mirada integral que involucra aspectos ambientales, económicos, educativos y sociales. En ese sentido, señaló que toda actividad productiva genera impactos y pasivos ambientales, pero afirmó que la diferencia está en la calidad de los controles y en la capacidad del Estado para exigir el cumplimiento de las normas vigentes.
Uno de los proyectos más observados es Proyecto San Jorge (PSJ) Cobre Mendocino, anteriormente conocido como San Jorge. Sobre este emprendimiento, Cultrera indicó que será una referencia para evaluar la capacidad de fiscalización de la provincia. También destacó que la empresa mantiene vínculos con las comunidades cercanas y que existen mecanismos obligatorios de seguimiento social contemplados dentro del Código de Procedimiento Minero.
La funcionaria señaló además que la participación ciudadana continúa incluso después de las instancias formales de consulta y audiencia pública. Según explicó, los procesos sociales vinculados a la minería son dinámicos y requieren diálogo permanente con vecinos, organizaciones y comunidades cercanas a cada proyecto.
Como ejemplo de apertura y transparencia, mencionó los monitoreos participativos que comenzaron a implementarse en iniciativas del Malargüe Distrito Minero Occidental, donde los ciudadanos pueden inscribirse para observar procedimientos técnicos, como la toma de muestras de agua. El objetivo, explicó, es que la comunidad conozca de primera mano cómo se realizan los controles ambientales.
En relación con la llamada policía minera, Cultrera aseguró que se realizan inspecciones todos los días en distintos puntos de la provincia. Los controles incluyen verificaciones en explotaciones mineras, revisión de documentación de transporte, fiscalización de cargas y cumplimiento de medidas de seguridad para los vehículos que trasladan minerales.
La funcionaria también recordó que Mendoza posee una amplia variedad de recursos minerales. Además de materiales utilizados en la construcción, existen yacimientos de talco, grafito y uranio, entre otros. Aunque no todos se encuentran en explotación, destacó el potencial geológico de la provincia y las oportunidades que podrían generarse a futuro.
Otro de los desafíos identificados es la formación de recursos humanos. Según explicó, tanto organismos públicos como instituciones educativas avanzan en capacitaciones, tecnicaturas y propuestas académicas orientadas al sector minero. La intención es que los mendocinos puedan acceder a nuevas oportunidades laborales vinculadas a una actividad que busca expandirse en la provincia.
Finalmente, Cultrera pidió a la ciudadanía acercarse a los organismos oficiales ante cualquier duda. Aseguró que la información pública está disponible, que los canales de comunicación permanecen abiertos y que la construcción de confianza requiere mantener un diálogo constante entre el Estado, las empresas y la comunidad.