Desde que asumió el gobierno libertario, las provincias reciben menos recursos federales y sus recaudaciones propias también menguaron, al mismo tiempo que se vieron obligadas a asumir responsabilidades que antes corrían por cuenta de Nación. Muchas de ellas apelaron al endeudamiento externo, principalmente para obras de infraestructura. Misiones no es ajena a este contexto y también busca financiamiento para disimular la caída de la inversión nacional, pero además plantea una solución de fondo: cambiar las reglas del reparto e ir a un sistema parecido al que se aplica en Suiza, que se caracteriza por una concepción verdaderamente federalista.
El asunto volvió a ocupar un lugar central en la agenda misionera tras el anuncio del principal referente de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, respecto a la posibilidad de que Misiones emita un “bono de reactivación económica” que estaría destinado a financiar infraestructura, energía, conectividad y obra pública. De hecho la provincia ya está ejecutando una obra importante con financiamiento externo, la línea de alta tensión San Isidro – Alem – Oberá que se está construyendo con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El de Misiones no es un caso aislado. Ante la parálisis de la obra pública nacional dispuesta por la gestión de Javier Milei, los gobiernos provinciales salieron activamente a la caza de fondos internacionales para reactivar proyectos en clave de logística, energía, conectividad y servicios básicos. Este giro coincide con las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que prevé desembolsos récord para la Argentina en 2026 por una cifra que podría superar los 7.200 millones de dólares, combinando el respaldo a reformas estructurales con inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.
Dos años del ajuste más grande del mundo resultaron útiles para conseguir el tan celebrado superávit fiscal, pero el apagón de la obra pública está llevando a la infraestructura al borde del colapso y frente al desinterés nacional por evitar ese destino, a las provincias no les queda otra alternativa que salir a buscar fondos para sostener lo que se pueda.
Neuquén solicitó financiamiento por 300 millones de dólares para obras viales; Santa Fe, 150 millones para mejorar su entramado portuario; Entre Rios, 280 millones para mantener su infraestructura vial; Chubut, 150 millones para obras de acceso a agua potable y Santa Cruz aparece como la más comprometida, pretende obtener 600 millones de dólares, parte de los cuales los usaría para financiar pasivos.
Menos para las provincias
El gobierno de Javier Milei se las ingenió para cambiar la forma en que se distribuye la recaudación nacional sin necesidad de modificar ninguna ley.
Argentina se caracteriza por aplicar un sistema fiscal centralista disfrazado de federal en el que la Nación recauda la mayor parte de los impuestos y luego reparte una porción de esos ingresos entre las provincias, sobre las cuales recaen las principales responsabilidades del Estado, como los servicios de salud, educación y seguridad.
Los recursos que recauda la Nación se distribuyen básicamente a través de tres vías: coparticipación federal, reparto discrecional e inversión directa en territorio a través del financiamiento de obras y programas.
El gobierno libertario cerró dos de esos tres grifos y dejó abierto solamente el de la coparticipación, que también viene cayendo de la mano de la merma en la recaudación.
En la comparación interanual del período enero-mayo, la coparticipación registró una caída de 3% medida en términos reales, a pesar de que mayo llegó con una recaudación récord de Ganancias porque operó el vencimiento de ese impuesto para sociedades.
Las crónicas económicas de los últimos días destacan un crecimiento de la coparticipación en mayo, pero se trata de un dato distorsionado por el calendario de vencimientos de Ganancias. Los demás impuestos siguen en tendencia negativa, como el IVA que se desplomó 9% real interanual.
El impacto en las finanzas de las provincias es significativo. Para Misiones, por ejemplo, la caída de la coparticipación registrada en el primer trimestre hizo que la provincia dejara de percibir alrededor de 5.000 millones de pesos por mes, lo que representa más de 4.000 pesos por habitante.
La revolución de la motosierra dejó a las provincias dentro de una encerrona: por un lado perdieron ingresos y por otro están obligadas a asumir más gastos por el retiro de la inversión nacional en obra pública y en programas como los relacionados con la salud y la discapacidad.
La situación actual muestra que las jurisdicciones más ordenadas consiguen cubrir sus costos corrientes sin necesidad de endeudarse, como es el caso de Misiones, pero deben recurrir al crédito para realizar obras.
El mediano plazo abre interrogantes serios. ¿Hasta cuándo podrán las provincias sostenerse si la tendencia no cambia?
Si la economía nacional no logra encaminarse hacia un proceso de reactivación más amplio que no se circunscriba solamente a la energía, la minería, las finanzas y el agro de la zona núcleo, la situación, no solo de las finanzas provinciales sino también la de la gran mayoría de los argentinos, continuará deteriorándose.
Cantón verde
Desde hace varios años el principal referente político del oficialismo provincial, Carlos Rovira, viene señalando Suiza como modelo superador al cuestionado esquema de distribución federal de recursos que impera en Argentina.
Si bien se mira, el federalismo antes que una doctrina política o un color partidario es una respuesta a preguntas bastante más terrenales: quién recauda, cómo se distribuye y quién gasta.
Mientras el sistema argentino padece un centralismo fiscal crónico disfrazado de federalismo, el modelo suizo de cantones demuestra que la descentralización y la competencia fiscal pueden convivir con la noción de solidaridad.
El sistema de Coparticipación Federal de Impuestos funciona bajo una lógica de recaudación centralizada y distribución condicionada. El Estado Nacional recauda la gran mayoría de los impuestos (IVA, Ganancias, Cheque). Luego, esa torta se parte en dos, un pedazo queda para la administración nacional y el otro se reparte entre las provincias de acuerdo a coeficientes establecidos de forma arbitraria.
No hay correspondencia fiscal, es decir que las provincias no reciben en proporción a la recaudación que se genera en sus territorios, reciben lo que marca una planilla que alguien escribió hace cuatro décadas.
En la Confederación Helvética, la lógica es inversa: se rige bajo el principio de subsidiaridad y descentralización de abajo hacia arriba. El poder original reside en los 26 cantones (y sus municipios), y solo las competencias que estos no pueden asumir se delegan al gobierno federal.
Cada cantón tiene su propia ley fiscal y determina sus tasas de impuestos sobre los ingresos, el patrimonio y las empresas. Cada cantón vive de lo que recauda y se aplica un mecanismo de nivelación para evitar que la brecha entre ricos y los pobres sea excesivamente amplia.
A sabiendas de que generar un cambio de escala nacional demanda un nivel de consenso que resultaría muy difícil de alcanzar, por el simple hecho de que las provincias que hoy ganan con la coparticipación difícilmente se presten a acordar un cambio abrupto de esquema, Rovira apunta a que Misiones tenga un esquema fiscal diferenciado, que se convierta en un “cantón verde”.
En ese sentido apuntaron las insistentes gestiones frente a anteriores gobiernos nacionales por instalar una zona aduanera diferenciada en todo el territorio provincial y las más recientes para establecer un régimen fiscal diferencial en Misiones.
Articulando tensiones
La previa a la sesión legislativa de los jueves viene ocupando un lugar central en la agenda política misionera. Es el espacio en el que se formulan los anuncios más importantes, se articulan definiciones políticas y se convoca a las nuevas caras que dan forma a Encuentro Misionero.
Allí confluyen dirigentes, empresarios, emprendedores, jóvenes, profesionales, productores, representantes de distintos sectores de la sociedad provenientes de diferentes puntos de la provincia. Las reuniones inician con un discurso de Rovira seguido por numerosas intervenciones de los demás presentes, la mayoría de los cuales realizan su primera experiencia en política partidaria.
Comerciantes, productores y profesionales comparten su visión de la actualidad, con testimonios que dan cuenta de las dificultades que atraviesa en sector privado en tiempos en de crisis económica que afecta a todo el país.
Para ellos es una oportunidad para plantear sus problemas, para el Gobierno provincial es una herramienta de diagnóstico valiosa en la búsqueda de herramientas para sostener la actividad, empleo y consumo en un escenario donde buena parte de las variables económicas dependen de decisiones tomadas lejos de Misiones.
Desde el espacio “encuentrista”, uno de los polos en tensión dentro del oficialismo provincial, remarcan que esa vocación de búsqueda de soluciones concretas a los problemas de los misioneros marca una diferencia respecto al otro polo en tensión, el que ganó visibilidad la semana pasada en la reunión de intendentes de Ruíz de Montoya, cuando los jefes comunales exigieron mayor participación en la toma de decisiones políticas dentro del oficialismo y particularmente en el armado de las listas.
Desde las filas encuentristas no cuestionan las aspiraciones de esos intendentes por ganar mayor representación política o por tener mayor incidencia en la definición de candidaturas, pero argumentan que “no es momento” de plantear esas discusiones alejadas de la “agenda de la gente”, que por estos días está mucho más preocupada por la economía diaria que por las elecciones de 2027.
Del otro lado de la vereda recuerdan que los primeros en salir a hablar de candidaturas y en encender la maquinaria electoral fueron los representantes de Encuentro Misionero cuando designaron cuatro “jefes de campaña” a los que mandaron a recorrer la provincia e incluso definieron precandidatos para competir por la intendencia de Posadas.
Está prevista otra reunión de intendentes, se haría en julio en Montecarlo, territorio considerado amigable por ambos polos. Hasta habrá tiempo para limar asperezas.
Por su parte, el gobernador Hugo Passalacqua llevó adelante una semana intensa de gestión en territorio. El martes se reunió con el gobernador de la vecina Itapúa, el miércoles estuvo en Bernardo de Irigoyen donde inauguró perforaciones de agua potable y un puente urbano y el viernes encabezó la inauguración de la nueva sede municipal en Colonia Alberdi.
La mirada libertaria
Dentro del espacio libertario misionero la crisis no se debate, se la niega. De acuerdo a testimonios del presidente del INYM, Martín Correa, y del titular de la delegación provincial de LLA, Adrián Núñez, el sector yerbatero no está atravesando ninguna crisis, muy por el contrario, se encontraría en pleno auge gracias a las bondades de la desregulación que permitieron un aumento en las exportaciones.
En tanto que para el diputado nacional Diego Hartfield, el sector comercial misionero “no está mal” y prueba de ello es que en la última semana se abrió un Café Martínez en Oberá y un McDonald’s en Posadas. Argumentó que lo que ocurre es un proceso de cambio que está perjudicando a quienes no consiguen adaptarse.
Negó que haya una caída generalizada de consumo, sino que “hay consumos distintos. No va a venir ese consumo que era para sacarse los pesos de encima. Va a haber un consumo diferente, donde vamos a tener que ser todos mucho más prolijos”, indicó.
Hablando de Corpus
La previa de los jueves también fue escenario para que Rovira se refiriera a un debate que este año volvió a cobrar fuerza: la construcción de la represa de Corpus. El diputado encuentrista recordó que en Misiones rige una ley de su autoría que, entre otras cosas, determina que cualquier hidroeléctrica que se instale sobre territorio provincial debe dejar en la Tierra Colorada el 30% de la energía que genere.
Destacó la abundancia del recurso hídrico misionero, justo después de lamentar que “ya no se hacen represas en el mundo”, lo cual no es estrictamente cierto, pero tampoco relevante para el desarrollo argumental que tejió el exgobernador para sentar postura en la discusión en torno a la posibilidad de construir la central de Corpus en Pindoí.
Enfatizó que los misioneros conservan “decisión soberana” sobre cualquier obra hidroeléctrica planeada sobre sus ríos y propiedad del 30 % sobre la energía generada, cualquiera fuera su potencia. Esto hubiera valido para Corpus, con beneficio “para todos los municipios, no para los intendentes”.
Y que cualquier obra hidroeléctrica dependerá de un plebiscito “obligatorio, vinculante e irrenunciable”, como ocurrió con el plebiscito de 1996.
El diputado y líder de Encuentro Misionero dejó esta definición al abordar la cuestión hidroeléctrica y su generación. “Intervenciones de gran magnitud, como puede ser una represa, requieren de la decisión del pueblo”.
Si bien Rovira no planteó una postura contraria a la construcción de Corpus, puso de relieve dos factores que operan como limitantes a la hora de buscar potenciales inversores para el proyecto. El primero y más obvio radica en la necesidad de supeditar todo a una consulta popular de resultado incierto y el segundo siembra dudas respecto a la rentabilidad operativa que tendría esa central, ya que el 30% de la energía correspondiente a Argentina debería quedar para Misiones