Un proyecto oficialista propone exigir contraprestaciones reales y transparentar el destino de los fondos cobrados mediante tributos locales que impactan directamente en el precio final de la nafta, gasoil y GNC.
La discusión sobre la Tasa Vial lleva casi dos décadas de debates, pero comenzó a tomar mayor volumen a medida que distintos sectores políticos y empresarios pusieron el foco en la utilización de esos recursos y en la falta de obras visibles vinculadas al mantenimiento urbano. En paralelo, los operadores del sector, confirman diariamente que las diferencias tributarias entre distritos terminaron generando asimetrías comerciales cada vez más marcadas, con consumidores que modifican sus hábitos de carga buscando precios más bajos en localidades cercanas.
En el ámbito estacionero sostienen que la expansión de gravámenes comunales generó fuertes desequilibrios comerciales, sobre todo en regiones donde las diferencias tributarias alteran el movimiento habitual de automovilistas, con lo cual, las distintas entidades empresarias reclamaron en numerosas oportunidades mayores límites frente a la superposición impositiva.
Dentro de ese marco, la diputada nacional Patricia Vásquez, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó el proyecto (ver al pie de la nota) denominado “Régimen de Validez Constitucional de las Tasas Municipales”, orientado a fijar parámetros concretos para la creación y percepción de tributos locales. La propuesta establece que ningún distrito podrá exigir una tasa sin acreditar previamente una prestación efectiva, verificable e individualizada sobre el contribuyente.
La iniciativa dispone que deberá existir una relación razonable entre el importe cobrado y el costo real del servicio brindado. Para las Estaciones de Servicio, el punto adquiere especial relevancia porque gran parte de los cuestionamientos históricos del rubro apuntan justamente a la ausencia de correspondencia entre los montos recaudados mediante tasa vial y el deterioro visible de calles, avenidas y accesos utilizados como justificación del tributo.
El texto incorpora otro aspecto sensible para las administraciones locales: la obligación de demostrar el destino específico de los fondos obtenidos y acreditar su razonabilidad. Incluso contempla la posibilidad de instrumentar cuentas determinadas para transparentar ingresos y erogaciones vinculadas a esas percepciones. Asimismo, habilita la eventual nulidad de ordenanzas incompatibles con esos principios y reconoce el derecho de los contribuyentes a reclamar reintegros por sumas percibidas de manera indebida.
En diálogo con Surtidores, Vázquez cuestionó duramente el funcionamiento de la tasa vial y sostuvo que numerosos municipios utilizan esa herramienta sin explicar el destino concreto de los recursos obtenidos. “Está comprobado que la tasa vial, la cobran los municipios supuestamente para reparar caminos, pero no lo hacen, no reparan nada o no justifican para nada el monto que cobran”, afirmó.
La legisladora mencionó particularmente el caso de Pilar, donde —según explicó— el adicional sobre los combustibles alcanza el 2,5 por ciento sobre cada carga. También citó situaciones similares en Quilmes, administrado por Mayra Mendoza, con un 2 por ciento; La Matanza, con 1,5; y Malvinas Argentinas, con una incidencia menor. “No importa el porcentaje, importa que no lo imputan a lo que tienen que gastarlo. Cobran tasas sin servicio, sin contraprestación”, remarcó.
Vásquez señaló además que remitió consultas a los 135 municipios bonaerenses con el objetivo de conocer cómo se estructuran esos cargos y cuál es el destino de lo recaudado. Según indicó, gran parte de las respuestas se limitaron a derivaciones hacia ordenanzas fiscales generales sin precisiones sobre aplicaciones concretas de los fondos. “Ningún intendente contestó debidamente. La mayoría me derivó a las ordenanzas respectivas y ahí uno ve que muchas terminan dentro de servicios generales, algo imposible de asociar a una prestación determinada”, sostuvo.
Como reflexión final, la diputada de La Libertad Avanza consideró que la iniciativa apunta a poner freno a mecanismos alejados de su finalidad original y advirtió que el esquema vigente termina afectando garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad. “Eso es a lo que se dedica este proyecto, porque es un robo que afecta el derecho de propiedad, que es de carácter federal”, concluyó.