Desde el inicio de las fiscalizaciones impulsadas por la gestión de Claudio Vidal, prácticamente la totalidad de los procedimientos difundidos mediáticamente estuvieron vinculados a yacimientos mineros, empresas contratistas y trabajadores ingresando a operaciones metalíferas de la provincia.
Los controles en accesos, rutas, aeropuertos y terminales tuvieron como principal destinatario al sector minero, donde además el propio gobernador expuso públicamente casos de presuntos domicilios falsos y denunció bajos niveles de contratación santacruceña.
Sin embargo, cuando se analiza la situación de otras actividades estratégicas alcanzadas por la misma normativa, el contraste es evidente.
En hidrocarburos, más allá de menciones generales dentro de algunos operativos realizados en el norte provincial, no hubo difusión sostenida de auditorías específicas sobre empresas petroleras ni reportes oficiales detallando resultados concretos, cantidad de trabajadores observados o posibles sanciones.
En pesca, la situación aparece todavía más marcada. Las referencias públicas son mínimas y quedaron prácticamente limitadas a operativos vinculados a controles de pesca ilegal, donde el cumplimiento laboral surgió apenas como un aspecto secundario dentro de procedimientos más amplios.
A pesar de que no existen estadísticas oficiales desagregadas por sector, distintas estimaciones construidas sobre la base de operativos informados, volumen de casos difundidos y declaraciones oficiales permiten inferir que entre el 60% y el 70% de los controles estuvieron dirigidos a minería, entre un 20% y 30% a hidrocarburos y apenas entre un 5% y 10% a pesca y otras actividades.
La ausencia de datos públicos precisos alimenta además un debate cada vez más visible dentro de distintos sectores productivos: si la Ley 90/10 fue creada para defender el empleo santacruceño en todas las actividades estratégicas, ¿por qué la presión estatal parece concentrarse casi exclusivamente sobre la minería?
El interrogante no es menor en una provincia donde históricamente tanto la pesca como el petróleo también fueron señalados por utilizar mano de obra proveniente de otras jurisdicciones.
En paralelo, algunos referentes empresariales y sindicales comienzan a advertir que la falta de controles homogéneos podría generar una sensación de desigualdad entre industrias que conviven bajo el mismo marco normativo.
Porque mientras la minería permanece bajo auditorías permanentes, exposición pública y fuertes cuestionamientos, otros sectores estratégicos parecen atravesar la aplicación de la Ley 90/10 con mucha menor intensidad estatal.
Sin datos oficiales, el debate seguirá abierto
Cabe aclarar que toda la información utilizada para la redacción de esta nota surge de partes de prensa oficiales, declaraciones públicas y operativos difundidos por el propio Gobierno de Santa Cruz. Hasta el momento no existen estadísticas oficiales desagregadas ni información objetiva verificable que permita conocer con precisión cuántos controles se realizaron sobre minería, hidrocarburos, pesca u otras actividades alcanzadas por la Ley 90/10.
En ese contexto, comienza a tomar fuerza un planteo lógico dentro de distintos sectores productivos y laborales: si el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) fue presentado por el propio gobierno como la herramienta central y “perfecta” para monitorear el cumplimiento de la ley, quizás este sea el momento indicado para transparentar públicamente esos datos.
La publicación de estadísticas reales, cantidad de trabajadores registrados por sector, auditorías efectuadas, irregularidades detectadas y porcentajes efectivos de cumplimiento permitiría terminar con las especulaciones y establecer con claridad si los controles se aplican de manera equitativa o si, como sostiene gran parte del sector, la presión estatal termina concentrándose casi exclusivamente sobre la minería.