El diputado por el pueblo de Puerto Deseado y presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, se refirió a la realidad minera en la provincia y defendió la implementación de la ley 90/10, que exige una mayor contratación de mano de obra santacruceña.

De todas formas, consideró que la principal deuda de la actividad en los últimos años sigue siendo la falta de impacto real en las comunidades. “Si vos me preguntás cómo era Puerto Deseado antes de Cerro Moro, cómo es hoy y cómo creo que va a ser el día que no esté… sinceramente, mucha diferencia no hay”, expresó en declaraciones a Radio Vanguardia.

El legislador sostuvo que “es cierto que hay puestos laborales ocupados por deseadenses, eso es verdad”, aunque aclaró: “A la hora de hablar de desarrollo de proveedores, de fortalecimiento institucional, del cambio cultural que implica ser una comunidad minera… se ha hecho poco o casi nada”.

En esa línea, remarcó: “Esto hay que plantearlo en un lugar donde estemos todos los que tenemos toma de decisiones, con un orden del día, con temas concretos. Eso no se ha hecho”. Además, Aberastain fue categórico al considerar que “cuando las instituciones son débiles, el negocio es para unos pocos. Y ese es el resumen de la minería hoy”.

El diputado relacionó esa fragilidad institucional con la escasa repercusión económica en las localidades, incluso en un escenario favorable para el sector. “Estamos en un momento en el que a la actividad le está yendo muy bien por la cotización del oro y la plata, pero eso no se ve en las localidades”, señaló.

En ese contexto, definió a la ley 90/10 como una herramienta fundamental para revertir esa situación. “No solamente se pueden generar más puestos de trabajo, sino que los que existen hoy tienen que ser en mayor proporción para los santacruceños”, argumentó. A la vez, reconoció que su aplicación no resulta sencilla y que las empresas manifestaron resistencias.

Según detalló, las operadoras ya deben declarar bajo juramento la composición de su personal y el Ministerio de Trabajo controla ese cumplimiento, aunque admitió que existen excepciones cuando no se consigue mano de obra local con el perfil requerido.

Aberastain planteó: “Nuestra obligación es pasar de ser una provincia con minería a ser una provincia minera. Y eso implica un cambio cultural, no solo legislativo”, y también habló sobre la creación de una “mesa minera” para concentrar decisiones y ordenar la actividad, con participación del Estado y las empresas