El secretario de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, reconoció públicamente la existencia de múltiples irregularidades vinculadas al cumplimiento de la ley laboral conocida como “90/10”, impulsada por el gobernador Claudio Vidal para priorizar el empleo santacruceño en la industria minera. Sin embargo, el funcionario confirmó que el Gobierno provincial no aplica multas a las empresas que incumplen la normativa.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista difundida por el medio Santa Cruz Noticias, donde Aravena sostuvo que desde la Secretaría de Trabajo “no existe un espíritu sancionatorio”, sino la intención de “corregir inmediatamente” las irregularidades detectadas.
Las palabras del funcionario generaron repercusión dentro del sector minero y sindical, especialmente porque el propio Aravena describió maniobras y situaciones que pondrían en evidencia inconsistencias en los registros de trabajadores declarados como residentes santacruceños.
“En la ciudad de Perito Moreno, 50 personas tienen un domicilio que es San Martín sin número”, explicó el secretario. Y agregó: “Existe la calle San Martín, sí, pero esa numeración no existe”.
Según detalló, las inconsistencias fueron detectadas a partir del sistema SIREL y formarían parte de una serie de “asimetrías” que el Gobierno busca corregir de manera urgente.
Aravena también mencionó casos de trabajadores registrados en localidades santacruceñas, pero que en la práctica residirían en otras provincias. “Hay 80 personas que han ingresado a la minería con domicilio en Caleta Olivia y vienen viajando desde otras provincias”, señaló.
Consultado sobre posibles sanciones a empresas o trabajadores, el funcionario aclaró que “la responsabilidad es de las empresas”, aunque reiteró que la postura oficial no apunta a castigar económicamente a las compañías.
Las declaraciones cobran especial relevancia en un contexto donde el cumplimiento del 90/10 se transformó en uno de los ejes políticos y sociales más sensibles de la actividad minera santacruceña. El régimen busca garantizar una mayor participación de trabajadores locales en los proyectos extractivos que operan en la provincia.
El tema también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los controles efectivos, la transparencia en las contrataciones y el rol del Estado frente a posibles maniobras de simulación de residencia para acceder a puestos laborales en minería.
Tres ministros, dos escándalos y una crisis persistente en el área laboral
A la par de las irregularidades reconocidas ahora por el propio secretario de Trabajo, también queda expuesta la inestabilidad política y administrativa que atravesó el área laboral durante la gestión de Claudio Vidal.
Desde diciembre de 2023, la cartera ya tuvo tres ministros: Julio Gutiérrez, desplazado tras un escándalo policial y posteriormente procesado por la Justicia Federal; Ezequiel Verbes, quien permaneció poco más de un año antes de ser trasladado a Economía; y Juan Mata, eyectado del cargo luego de que trascendiera que cobraba simultáneamente salarios del Estado, de la UOCRA y de una empresa privada.
En ese contexto, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de transparentar el empleo minero y corregir “asimetrías”, también crecen los cuestionamientos sobre la solidez institucional del organismo encargado de controlar una de las áreas más sensibles de la actividad en Santa Cruz.
Desde distintos sectores vinculados a la actividad vienen reclamando reglas claras, controles reales y mecanismos consensuados que permitan fortalecer el empleo genuino santacruceño sin afectar la seguridad jurídica ni la continuidad operativa de la industria.
Mientras tanto, las propias declaraciones del titular de Trabajo dejaron una señal contundente: el Gobierno reconoce irregularidades en el sistema, pero por ahora prioriza la corrección administrativa antes que la aplicación de sanciones.
Por: Extremo Minero