Casi dos años después de su aprobación a nivel nacional, el presidente del Concejo Deliberante, Franco Buffagni, presentó un proyecto de ordenanza en el que piden la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El impedimento es que, reuniendo sus cuatro votos, aún necesitan uno más para aprobarlo.
El Concejo Deliberante de Caucete intentará lograr la adhesión municipal al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una discusión que ya había generado tensión política en 2024 y que ahora reaparece con un escenario ajustado: la oposición necesita un voto más para alcanzar la mayoría especial que exige este tipo de ordenanzas.
El proyecto ingresó formalmente para ser tratado en la sesión ordinaria del próximo 21 de mayo y propone que el municipio adhiera a la Ley Provincial 2671-I, mediante la cual San Juan se incorporó al régimen nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa fue presentada con las firmas de Franco Buffagni, presidente del Concejo Deliberante; Pedro Gómez, vicepresidente del cuerpo; y los concejales de Cambia San Juan, Ramiro Fernández y Erik Castro.
El dato político no pasa desapercibido. Buffagni llegó al Concejo de la mano de la dirigente peronista Sonia Carina Recabarren y logró quedarse con la presidencia gracias al frente que compartía con la intendenta Romina Rosas. Sin embargo, durante toda su gestión legislativa mantuvo una postura crítica hacia el oficialismo municipal y en los últimos meses quedó alineado políticamente con el Gobierno provincial.
El texto plantea que la adhesión local al RIGI permitiría “otorgar previsibilidad y seguridad jurídica” para atraer inversiones de largo plazo y sostiene que podría generar empleo, mejorar infraestructura y fortalecer las economías regionales.
Además, remarca que los municipios adheridos sólo podrán percibir tasas vinculadas a servicios efectivamente prestados, uno de los puntos que más debate generó en distintas provincias desde la aprobación del régimen nacional.
En su articulado, el proyecto establece de manera directa: “Adhiérase la Municipalidad de Caucete a la Ley Provincial Nº 2671-I”.
Pero el principal obstáculo aparece en la matemática legislativa. Para aprobar una adhesión de estas características se requiere mayoría calificada, es decir, cinco de los siete votos del cuerpo deliberativo.
Hoy, quienes impulsan la iniciativa reúnen cuatro voluntades: Buffagni, Gómez, Fernández y Castro. Por eso, todas las miradas apuntan al bloque “Vamos Caucete”, identificado con la intendenta Rosas e integrado por José Luis Giménez, Marina Poblete y Luis Roca.
Según deslizaron desde sectores opositores, existen dudas sobre que el proyecto finalmente consiga los votos necesarios para prosperar.
No es la primera vez que el RIGI desembarca en el Concejo caucetero. En 2024, Cambia San Juan ya había impulsado una iniciativa similar, aunque en aquella oportunidad no logró reunir la mayoría necesaria y el proyecto quedó truncado