El Fondo UNIRSE fue creado en 2016 mediante un fideicomiso que concentró recursos provenientes de las mineras radicadas en Santa Cruz, con el objetivo de financiar infraestructura y obra pública. Sin embargo, desde su creación y hasta el final del mandato de Alicia Kirchner, en diciembre de 2023, los fondos fueron administrados directamente por el Ejecutivo Provincial, en medio de reiteradas críticas por el manejo arbitrario y falta de rendiciones.
Los intendentes que no estaban alineados con el Ejecutivo Provincial, no eran tenidos en cuenta a la hora de la distribución del dinero.
Discrecionalidad y falta de rendición
De acuerdo a un informe del Tribunal de Cuentas, hasta 2019 el Gobierno provincial sólo había rendido cerca del 30 por ciento de más de mil millones de pesos asignados a través del fondo, lo que generó fuertes críticas por la escasa transparencia en el manejo del dinero.
El Fondo Fiduciario «Unirse» se creó por decreto Nro 1188 del 21 de Junio de 2016 por iniciativa del gobierno de Alicia Kirchner, quien apeló al aporte de las mineras para financiar la caja provincial, la que halló «quebrada» según dijo el día que asumió responsabilizando a su antecesor Daniel Peralta por el desbarajuste de la economía.
El dinero tenía como objeto, el financiamiento de programas y proyectos en inversión social y de salud, obras, adquisición de bienes, proyectos productivos y de inversión tecnológica «que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia».
En esos primeros años, el fondo UniRSE se constituyó con el aporte de las empresas mineras Cerro Vanguardia, GoldCorp, Yamana Gold y Minera Santa Cruz, y la administración estaba a cargo del Banco Santa Cruz.
Rechazo gremial
La propuesta de los intendentes sin embargo, ya generó rechazo por parte de la UOCRA, que advirtió sobre el impacto que podría tener en la continuidad de obras actualmente financiadas con recursos del UNIRSE.
El referente del gremio, Rubén Crespo, cuestionó especialmente el rol del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien desde el IDUV durante la gobernación de Alicia Kirchner, fue parte de la política discrecional con que se manejó el dinero aportado por las mineras: “desfinanciar UNIRSE significa poner en riesgo de manera directa cientos de puestos de trabajo en toda la provincia”, señaló el dirigente.
Según la organización sindical, más de 500 trabajadores de la construcción podrían verse afectados si prospera la iniciativa legislativa, ya que actualmente existen numerosas obras provinciales en ejecución financiadas con esos recursos.
Desde la UOCRA remarcaron que la obra pública se convirtió en uno de los principales motores económicos de distintas localidades santacruceñas, particularmente en el contexto de paralización de inversiones nacionales.
El gremio señaló además que se encuentran en marcha proyectos estratégicos como el gimnasio de Comandante Luis Piedra Buena, las 120 viviendas en Río Gallegos y otras obras distribuidas en la provincia, y advirtieron que hacia la primavera podrían alcanzar cerca de mil operarios trabajando de manera directa.
“Por eso no podemos acompañar ni apoyar ningún proyecto político que implique frenar obras, destruir empleo y paralizar el crecimiento de nuestras localidades”, expresó Crespo
Winfo