Funcionarios riojanos volvieron a cuestionar los límites interprovinciales y sostienen que parte de los recursos del proyecto Vicuña pertenecen a su territorio.
El reciente hallazgo de altas concentraciones de oro en el proyecto Lunahuasi reactivó el conflicto entre San Juan y La Rioja por la delimitación territorial en la zona cordillerana donde avanza el Distrito Vicuña. Luego de que la minera NGEx Minerals difundiera resultados de exploración considerados excepcionales por el mercado, funcionarios riojanos volvieron a reclamar participación sobre los recursos y cuestionaron los límites vigentes entre ambas provincias.
La controversia tomó nuevo impulso tras declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Páez, quien aseguró que parte del yacimiento se ubica bajo el glaciar El Potro y, por lo tanto, dentro de jurisdicción riojana. El funcionario sostuvo además que tanto los minerales extraídos como los posibles impactos ambientales corresponden a esa provincia y reclamó que San Juan reconozca esa situación.
El anuncio de la empresa canadiense generó fuerte repercusión en el sector minero debido a los valores detectados durante la campaña de exploración. Según los datos difundidos, algunos sectores del yacimiento registraron leyes de hasta 1.740 gramos de oro por tonelada de roca, cifras ampliamente superiores a los parámetros habituales de explotación en proyectos argentinos. En minas como Veladero, por ejemplo, los niveles históricos rondan cerca de un gramo por tonelada.
La discusión entre ambas provincias no es nueva y ya había escalado en abril, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela cuestionó públicamente la delimitación territorial establecida desde fines de la década del sesenta. En paralelo, la Justicia de La Rioja ordenó suspender temporalmente el tránsito de maquinaria e insumos destinados al proyecto Vicuña a través del camino de Guandacol, hasta tanto se presentaran estudios ambientales ante organismos riojanos.
Desde el Ejecutivo de La Rioja argumentan que las operaciones mineras tienen impacto directo sobre su territorio y sobre recursos hídricos compartidos, además de utilizar infraestructura vial que atraviesa esa provincia. Bajo esa postura, consideran que deben intervenir en las evaluaciones ambientales y participar de los beneficios económicos y laborales derivados de la actividad.
Aunque las restricciones logísticas fueron levantadas el pasado 8 de mayo, el tema dista de estar cerrado. Días después, Quintela mantuvo una reunión con representantes de Vicuña Corp para abrir una instancia de cooperación institucional, pero al mismo tiempo el Gobierno riojano avanzó con nuevos estudios técnicos sobre la zona en disputa.
En ese marco, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, trabaja en un informe que sería presentado ante el gobernador provincial y que buscará reforzar el reclamo sobre los recursos mineros e hídricos del área. Además, trascendió que la provincia solicitará formalmente acceso a los estudios de impacto ambiental vinculados a los proyectos en exploración.
Detrás del conflicto territorial también asoma una lectura política. En sectores vinculados al oficialismo sanjuanino consideran que la ofensiva riojana tiene un trasfondo de posicionamiento nacional por parte de Quintela, quien en los últimos meses endureció su perfil opositor frente al Gobierno nacional y buscó instalarse como una de las voces más críticas del oficialismo libertario.