La crisis de Lácteos Verónica mantiene en vilo a trabajadores, productores y comunidades santafesinas, mientras crece la preocupación por el futuro de sus plantas y el impacto regional. (Foto: Cronista Las Colonias).
La crisis de Lácteos Verónica atraviesa su momento más delicado y expone con crudeza el costo social, económico y productivo que puede generar el derrumbe de una firma histórica en una de las principales cuencas lecheras del país.
Con sus plantas de Suardi, Lehmann y Totoras paralizadas, salarios comprometidos, productores sin cobrar y transportistas arrastrados por una deuda millonaria, el conflicto dejó de ser exclusivamente empresarial para transformarse en un problema estructural para buena parte del interior santafesino.
En Suardi, donde la planta representa una pieza central para el movimiento económico local, el impacto se siente en cada comercio, cada proveedor y cada familia vinculada directa o indirectamente a la actividad.
La preocupación ya no pasa solo por la continuidad de una industria, sino por la supervivencia de un entramado social profundamente ligado a la lechería.
El impacto de un conflicto que se arrastra
En declaraciones a LT9, el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, fue contundente al remarcar que el escenario no apareció de forma sorpresiva: “Ya antes de asumir sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esta problemática. Es un conflicto que se viene hablando desde hace dos años”. Con dureza, incluso deslizó una interpretación más profunda sobre el proceso empresarial: “Con el diario del lunes, creo que fue una empresa que estuvo programando esto para salir lo más ileso posible, pero jodiendo a mucha gente en el camino”.
Sus palabras reflejan la sensación de frustración que atraviesa a gran parte de la comunidad. Según detalló, solo en Suardi dejaron de circular alrededor de $220 millones mensuales, recursos que antes alimentaban el consumo diario y sostenían negocios de cercanía.
“Han dejado de circular $220 millones mensuales que antes iban a la panadería, la carnicería y el supermercado”, explicó. El freno no solo golpea balances comerciales; también erosiona perspectivas personales. “El drama social es enorme porque un empleado de 55 años difícilmente pueda rehacer su vida laboral hoy”, advirtió.
La situación se vuelve aún más compleja ante las revelaciones sobre posibles alternativas frustradas. Gastaldi aseguró que existieron oferentes dispuestos a adquirir activos de la compañía, pero que esas posibilidades fueron rechazadas. “Hubo oferentes interesados, como la firma Bresialat, que ofrecían el dinero real por el que estaban tasadas las plantas, pero a todos se les dijo que no”, sostuvo.
Con un pasivo estimado en US$75 millones que involucra a trabajadores, tamberos y transportistas, la presión judicial comenzó a modificar el tablero. Según explicó el jefe comunal, la acumulación de reclamos llevó a que la familia propietaria retomara contactos en medio de un contexto cada vez más adverso. “Si no vendieron antes sin conflicto, ¿por qué lo harían ahora?”, planteó, aunque también dejó abierta una alternativa más drástica: “La vía es exigir la venta o avanzar hacia una expropiación por el término de dos años bajo una forma de alquiler”.
La paradoja de fondo es que esta crisis explota en un contexto productivo favorable para la actividad primaria. “Vamos a tener una primavera como no se veía hace 30 años”, afirmó Gastaldi, subrayando que el negocio lechero presenta condiciones positivas tanto para productores como para la industria. Por eso, para muchos actores regionales, resulta aún más difícil comprender cómo instalaciones estratégicas pueden quedar fuera de funcionamiento en un momento de alta oportunidad.
El temor principal pasa por la pérdida de valor agregado santafesino. Si las plantas no se reactivan, buena parte de esa leche podría terminar procesándose en otras provincias. “Estamos todos unificando fuerzas”, señaló el intendente, decidido a convertir el caso en un antecedente sobre responsabilidades empresarias. En esa línea, dejó una definición política de fondo: “Un empresario tiene derecho a invertir donde quiera, pero no puede incumplir sus deberes y obligaciones dejando a tanta gente en la calle”.
Mientras el gobierno provincial, con Maximiliano Pullaro y Gustavo Puccini, sostiene asistencia económica, módulos alimentarios y gestiones para evitar cortes de energía, la región espera una solución de fondo. Porque en el corazón lechero santafesino, la caída de Verónica ya no representa solo la crisis de una empresa: simboliza una amenaza directa sobre trabajo, arraigo y futuro productiv