Un turista alemán baja de un crucero en el muelle de Puerto Madryn o un visitante porteño llega para ver las ballenas e, instintivamente, abre la aplicación de Uber en su teléfono. Se encuentra con una contradicción: el servicio funciona y hay choferes disponibles, pero la normativa municipal del año 2016 lo declara ilegal. Esta brecha entre la tecnología y la legislación vigente es el eje de una discusión que volvió a tomar fuerza en el ámbito legislativo local, impulsada por la necesidad de reconocer actividades que el mercado ya incorporó de hecho.
El transporte es el punto de mayor fricción. En sectores donde el colectivo no ingresa o el asfalto es inexistente, hoy funcionan grupos de WhatsApp y aplicaciones que cubren una demanda que los 240 taxis y remises habilitados no logran satisfacer. Para el concejal Hernán Pereyra, autor de la iniciativa de regulación, el problema no es la falta de diálogo, sino la obsolescencia de una prohibición que tiene diez años. «La tecnología ha hecho de que esto avance; es como cuando pedías a un motoquero y un día llegó Pedido Ya», comparó el edil en diálogo con #LA17.
La resistencia del sector de los taxistas es lógica y se basa en la defensa de un capital invertido en licencias que hoy se siente amenazado. Sin embargo, la realidad muestra que incluso algunos titulares de licencias ya operan dentro de las plataformas para no quedar fuera de la demanda. El debate legislativo actual no busca prohibir, sino establecer reglas de juego claras. Según Pereyra, la política debe elegir a veces entre dos posiciones enfrentadas por un «bien mayor», priorizando la seguridad del usuario que hoy viaja en autos sin ningún tipo de control municipal.
En paralelo al transporte, el mapa laboral de la ciudad también exige nuevas categorías. Hoy existen vecinos que, desde su computadora frente al mar, traducen películas para Portugal o gestionan agendas médicas para clínicas en España. Estos «nómadas digitales» operan mayormente en la informalidad o bajo un monotributo que no refleja su actividad real. La propuesta busca crear una figura dentro de la tarifaria municipal que los exima de ingresos brutos y tasas, incentivando que ese capital que cobran en dólares o euros se vuelque al consumo local sin la presión de una doble tributación.
La iniciativa también contempla el fomento de los espacios de coworking. Se trata de edificios donde profesionales pueden alquilar un box por una hora o un día, evitando los costos fijos de un contrato de alquiler tradicional. El proyecto propone que estos lugares no paguen doble tasa municipal: que tribute el profesional por su actividad, pero que el dueño del edificio quede exento de ciertos gravámenes para potenciar el modelo. «Es una forma de que la gente deje de estar en negro y utilice los servicios de un edificio de Puerto Madryn», explicó el concejal.
El principal escollo para estas reformas es la implementación técnica y el control de los «aprovechadores». El desafío de la nueva ordenanza será definir con precisión qué es un servicio tecnológico para evitar que rubros tradicionales intenten esquivar impuestos bajo esta nueva categoría. Para avanzar, se están tomando como referencia modelos de ciudades como Rosario, donde la integración de estos trabajadores remotos ya genera beneficios económicos directos por el arraigo de personas con alto poder adquisitivo.
En el plano político, el camino hacia la aprobación requiere acuerdos finos. El bloque impulsor cuenta con cuatro votos propios y el apoyo de un quinto concejal, pero aún faltan una o dos voluntades para alcanzar la mayoría necesaria. Mientras tanto, las aplicaciones siguen ganando terreno; empresas como Didi ya promocionan activamente la búsqueda de choferes de autos y motos en la ciudad, ignorando la prohibición de 2016 que muchos consideran ya caduca frente al avance de la cultura digital.
La discusión sobre la legalidad también toca una fibra sensible: la seguridad familiar. Ante la existencia de un transporte «blue», muchos usuarios prefieren una regulación que garantice seguros y antecedentes de los conductores. «Como papá siempre voy a preferir que mi hijo vaya en algo legal y no en algo ilegal», sostuvo Pereyra, remarcando que el Estado no puede seguir ignorando los 200 autos que hoy transportan gente por fuera del sistema oficial debido a las deficiencias del transporte público
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