La relación entre la Municipalidad de Bariloche y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, luego de que el Ejecutivo municipal avanzara con un pedido formal para que la entidad rinda cuentas sobre la recaudación vinculada al alumbrado público.
Detrás de la discusión técnica y administrativa aparece una disputa mucho más profunda: el control político y económico de uno de los servicios más sensibles de la ciudad y de un flujo mensual de fondos que rondaría los 160 millones de pesos.
El conflicto se desató luego de que el secretario de Hacienda municipal, Gonzalo Lerra, emitiera la disposición 40, mediante la cual exigió a la CEB información detallada sobre la facturación y recaudación correspondiente al alumbrado público.
La medida obliga a la cooperativa a presentar mensualmente declaraciones juradas con datos sobre montos cobrados, percepción efectiva e identificación de contribuyentes.
Además, el Ejecutivo pretende que cualquier gasto realizado por la cooperativa vinculado al servicio sea previamente informado y sometido a mecanismos de control municipales, bajo el argumento de que se trata de fondos públicos.
La reacción de la CEB fue inmediata y extremadamente dura.
El presidente de la entidad, Alejandro Pozas, rechazó formalmente la disposición y presentó un recurso de reconsideración donde acusa al secretario de Hacienda de actuar sin competencia legal para exigir ese nivel de control sobre la cooperativa.
La respuesta dejó al descubierto no solo diferencias jurídicas, sino también un fuerte trasfondo político.
La tensión entre Walter Cortés y Alejandro Pozas tiene historia. Durante años compartieron espacios internos dentro de la cooperativa y construyeron alianzas políticas comunes alrededor de la tradicional Lista Roja de la CEB.
Sin embargo, esa sociedad terminó fracturándose y hoy ambos sectores protagonizan una disputa abierta por poder institucional y territorial dentro de Bariloche.
La pelea por el alumbrado público aparece entonces como un nuevo capítulo de una confrontación que excede ampliamente una cuestión administrativa.
El Ejecutivo municipal sostiene que la cooperativa funciona como agente de recaudación de una tasa municipal y que, por lo tanto, debe rendir cuentas sobre el manejo de esos recursos.
La CEB responde exactamente lo contrario: asegura que no recauda una tasa, sino que cobra una contraprestación por un servicio público que presta directamente.
Esa diferencia conceptual es central porque define quién tiene capacidad de control sobre esos fondos.
Si se considera una tasa municipal, el municipio podría exigir auditorías, controles y eventualmente intervenir sobre el destino de los recursos.
Si se interpreta como prestación de servicio cooperativo, la autonomía de la CEB quedaría mucho más protegida frente al poder político municipal.
En el fondo, la discusión revela además un fenómeno cada vez más frecuente en distintas ciudades argentinas: la tensión entre gobiernos municipales y cooperativas históricas que manejan servicios esenciales y administran estructuras económicas de enorme peso territorial.
En Bariloche, la CEB no es solo una prestadora eléctrica.
La cooperativa funciona como un actor económico, político y social de enorme influencia, con fuerte capacidad de incidencia en la vida cotidiana de la ciudad.
Por eso, cualquier intento de control o revisión sobre sus recursos inevitablemente adquiere dimensión política.
La disputa también abre interrogantes sobre la transparencia y trazabilidad de fondos vinculados a servicios públicos esenciales.
El municipio insiste en que los importes vinculados al alumbrado deben ser considerados “fondos de terceros” pertenecientes al Estado local y sujetos a mecanismos de auditabilidad.
La cooperativa, en cambio, rechaza esa interpretación y advierte que el Ejecutivo intenta modificar unilateralmente acuerdos históricos que se sostienen desde 1988.
El conflicto promete escalar.
La CEB sostiene además que cualquier modificación del esquema vigente debería pasar por el Concejo Deliberante y no surgir de una disposición administrativa firmada por Hacienda.
Mientras tanto, detrás de los tecnicismos legales y las interpretaciones sobre convenios históricos, Bariloche asiste a una nueva disputa de poder donde se mezclan fondos millonarios, control institucional y viejas fracturas políticas que vuelven a emerger con fuerza