Pablo Ferrer
La idea había sido planteada semanas atrás en Salta por el exsubsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello, durante el ciclo «Hablemos de lo que viene» organizado por El Tribuno, y ahora adquiere nueva vigencia ante la espera de que se concreten los desarrollos mineros que ingresaron al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) original.
En una reciente entrevista con Radio Salta, Capello retomó el concepto y lo vinculó directamente con la necesidad de mejorar competitividad para atraer capitales. En paralelo, introdujo otro tema sensible que hoy genera discusión en varias provincias mineras: las restricciones y exigencias para priorizar proveedores locales.
Para el exfuncionario, ambos debates están conectados por un mismo objetivo: generar condiciones de confianza para las inversiones de largo plazo.
La idea
Capello plantea la posibilidad de que las provincias diseñen mecanismos complementarios al RIGI nacional. «El desafío es que lleguen las inversiones porque son las inversiones las que van a lograr todo esto que estamos soñando», sostuvo en la entrevista radial. Según explicó, la competitividad y la confianza son las dos variables centrales que observan los capitales internacionales.
En ese marco, consideró que las provincias pueden aportar herramientas adicionales al esquema nacional, particularmente mediante cambios tributarios a futuro. Apuntó específicamente contra el impuesto a los Ingresos Brutos, al que definió como «el más regresivo» para la actividad. Según explicó, al aplicarse en cascada sobre bienes y servicios, termina impactando sobre el costo final de exportación de los proyectos mineros.
La propuesta consiste en avanzar progresivamente hacia una reducción o eliminación de Ingresos Brutos para la minería y para los proveedores vinculados a la actividad, especialmente en provincias que esperan grandes desarrollos cupríferos.
Taca Taca
El especialista puso como ejemplo el proyecto Taca Taca, uno de los desarrollos de cobre más importantes del país. El emprendimiento requerirá más de USD 5.000 millones para su puesta en marcha y demandará más de mil proveedores de bienes y servicios en Salta. Para el exsubsecretario, ese movimiento económico tendría un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión privada y la economía provincial.
«Con ese poder de compra de los trabajadores y con las inversiones que seguramente los proveedores salteños van a reinvertir en Salta, ¿por qué no pensar que ese florecimiento permita en un futuro sacar Ingresos Brutos a toda la actividad económica?», planteó.
Cuestionó, además, las iniciativas que buscan limitar la participación de empresas de otras jurisdicciones y advirtió que ese tipo de medidas puede afectar la competitividad del sector.
El planteo por los proveedores locales
«Querer alambrar el territorio, generar aduanas internas o decir que únicamente pueden trabajar proveedores provinciales es violar la Constitución», afirmó Mario Capello sobre las restricciones a proveedores.
El planteo surge en un contexto donde distintas provincias mineras avanzan con normativas para priorizar mano de obra y proveedores locales. En Salta ya existe una ley vinculada a proveedores mineros, mientras que en San Juan también se discuten iniciativas similares.
Capello diferenció entre la necesidad de fortalecer capacidades locales y la imposición de restricciones. Según sostuvo, el rol de los gobiernos debería enfocarse en capacitación, financiamiento y preparación tecnológica para que las empresas locales puedan competir en igualdad de condiciones.
En ese sentido, remarcó que la minería moderna exigirá procesos cada vez más vinculados con automatización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a transporte, logística y servicios