La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, entre tinieblas. Alfredo Sábat
La insistencia de múltiples sectores para lograr la reelección indefinida de los jefes comunales profundiza la enorme distancia entre sus intereses corporativos y las urgencias de la sociedad
En la provincia de Buenos Aires, la política vuelve a mirarse el ombligo. Mientras la inseguridad crece, la infraestructura se deteriora y los servicios básicos no alcanzan ni siquiera a ser básicos, una porción abrumadora de dirigentes -que atraviesa al peronismo, al radicalismo, a Pro, a libertarios y a fuerzas vecinales- insiste en discutir cómo modificar las reglas para habilitar la reelección indefinida de los intendentes. La estrategia no es nueva, pero acaban de remozarla. Ya no les alcanza con procurar los votos en la Legislatura, sino que amenazan con recurrir a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley en vigor.
La urgencia la explican los números. Unos 80 intendentes no podrán volver a presentarse para renovar sus cargos en los comicios del año próximo.
A vastos sectores de la política ya no les alcanza con procurar votos en la Legislatura para alcanzar sus objetivos, sino que buscan violentar leyes forzándolas judicialmente
La norma que hoy se busca modificar fue sancionada en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense. En la Legislatura, el bloque oficialista contó por entonces con el respaldo del massismo. La reforma introdujo un límite claro: los intendentes -entre otros funcionarios- pueden ser reelegidos una sola vez. Para volver a candidatearse tras ocho años ininterrumpidos de gestión, deben dejar pasar un mandato completo. Ese espíritu inicial tendiente a favorecer la alternancia en el poder quedó erosionado al poco tiempo.
Tal degradación llegó, en primer término, con la reglamentación de la ley al introducir un criterio claramente oportunista, ya que beneficiaba a muchos funcionarios que veían peligrar su deseo de eternizarse en el cargo. Se decidió computar como un mandato completo si el intendente había ejercido más de dos años. Esa letra chica habilitó un mecanismo de licencias estratégicas que permitió a muchos de ellos alejarse temporalmente del cargo para eludir la restricción.
Más tarde, la Legislatura volvió a intervenir con otra modificación que, lejos de ordenar el esquema, terminó de desnaturalizarlo. Introdujo modificaciones respecto de cuál período debía considerarse como primero. Además del que arrancaba en 2017 -como figuraba en la ley original-, se permitió que se tuviera en cuenta como primero el iniciado en 2019, con lo que algunos intendentes pasaron a desempeñarse por más de los ocho años permitidos de forma continua. Del tramposo artilugio salieron beneficiados candidatos de casi todos los partidos. Como ya hemos afirmado desde estas columnas, la violación del espíritu republicano ya no fue una excepción, sino una práctica aceptada.
Sin el menor prurito, hay quienes estarían dispuestos a un toma y daca dentro de un paquete en el que incluyen la reelección indefinida, la derogación de las PASO, la ley de ficha limpia, la instrumentación de la Boleta Única de Papel y el desdoblamiento de elecciones
El tan lamentable como peligroso resultado es el que hoy se percibe: el de una ley vaciada de su espíritu original. Un vacío que, por estas horas, buscan “perfeccionar” –si es que se puede perfeccionar la defección- quienes estarían dispuestos a negociar la reelección indefinida dentro de un paquete que incluya la derogación de las PASO, la ley de ficha limpia, la instrumentación de la Boleta Única de Papel y el desdoblamiento de elecciones. Un claro toma y daca entre dirigentes, de espaldas a una sociedad cuyas prioridades están muy lejos del ombliguismo político.
Ni qué hablar sobre mejorar la calidad institucional o fortalecer la democracia. Por el contrario, priman las conveniencias corporativas: votos a cambio de votos, reformas a cambio de beneficios, proyectos atados a otros proyectos.
Quienes alegan en favor de la reelección indefinida suelen basar su posición en un argumento que, en lugar de honrarlos, los pinta de cuerpo entero: “Es la gente la que elige”. Pues bien, es imposible elegir si la oferta es siempre la misma, si no hay competencia o cuando los que sistemáticamente se presentan a elecciones son los que gobiernan, controlando recursos, estructuras y disponiendo sus reglas. Si todo puede cambiarse cuando afecta a la dirigencia, entonces la ley deja de ser un marco estable para convertirse en una herramienta de ocasión. Tampoco hay equidad cuando el aparato estatal se convierte en plataforma electoral permanente.
La discusión de fondo no debería ser cuántas veces puede reelegirse un intendente, sino cómo mejorar la calidad de la gestión y rendir debida cuenta de los actos de gobierno. Sin alternancia, sin límites claros y sin reglas que acatar, la democracia se debilita. Y, cuando eso ocurre, perdemos todos