En medio del revés judicial, el gobierno pampeano sostiene que la modificación de la Ley de Glaciares pone en riesgo reservas estratégicas y aviva un antiguo conflicto interprovincial por el agua
El Juzgado Federal de Santa Rosa rechazó ayer el pedido de medida cautelar impulsado por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto (PJ), que había presentado un recurso de amparo solicitando a la Justicia Federal la declaración de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. Tras el fallo, funcionarios del gobierno de La Pampa confirmaron a LA NACION que apelarán la decisión del juez. Mientras, el amparo sigue su curso judicial.
El río Atuel, en La Pampa
“Mientras se discute una causa ambiental, tiene que dictarse una medida cautelar, mucho más cuando se trata de un bien cuya afectación es irreversible y pertenece a toda la sociedad”, criticó el abogado Andrés Gil Domínguez, apoderado del gobierno provincial en esta causa. “Lo que estamos discutiendo acá es la afectación sustancial del derecho al ambiente para estas generaciones y las futuras”, sostuvo, y agregó: “El fallo desconoce totalmente la protección ambiental y la normativa aplicable, que se basa en los principios de prevención y precaución, según los cuales, ante el mínimo indicio de afectación, debe actuarse”.
En paralelo, tras conocerse la resolución judicial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expresó su apoyo y volvió a defender la modificación de la Ley de Glaciares: “Esta reforma les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos y deja bajo su responsabilidad identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”, afirmó desde Casa Rosada, en medio de su conferencia de prensa.
El gobierno de La Pampa y el gobierno nacional encarnan dos posturas antagónicas frente a la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril. Según declaraciones de la propia administración libertaria, la medida favorecerá el desarrollo minero en algunas provincias. Para sus críticos, en cambio, pondrá en riesgo un recurso estratégico vital para los argentinos: el agua.
“En este caso, el daño a un glaciar es irreversible. Una vez que ocurre, ya está”, señaló Gil Domínguez. Afirmó además que La Pampa es especialmente vulnerable por la “escasez hídrica” que atraviesa: “El único río que hoy tiene es el Colorado. De ese río sale un acueducto que abastece a toda la provincia y ese río viene de los glaciares. Imagínate que ahora o te secan el río o te lo contaminan”.
Una disputa histórica entre dos provincias
La medida judicial vuelve a poner el foco sobre un conflicto histórico: la disputa por el agua entre La Pampa y Mendoza. El conflicto se remonta a 1978 y derivó en dos causas ante la Corte Suprema, ambas con fallos favorables para La Pampa. La controversia gira en torno al Río Atuel tras la construcción de la represa Los Nihuiles y la expansión de la industria vitivinícola mendocina. El caudal que llegaba a La Pampa se redujo drásticamente e “infartó” el oeste provincial, sostuvo el gobierno pampeano. La Corte fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial y ordenó a Mendoza, La Pampa y al Estado nacional realizar obras, monitoreo ambiental y una gestión conjunta del río a través de la CIRA.
“Hace menos de un año denunciamos al gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte Suprema no ha hecho cumplir su propia sentencia. Ni el Gobierno nacional ni Mendoza han cumplido”, aseguró Gil Domínguez, quien sostuvo que tanto este conflicto como la reforma a la Ley de Glaciares representan “una presión enorme para la provincia”.
¿Qué modificó la nueva ley?
La reforma de la Ley de Glaciares sustituye los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, e incorpora un artículo 3° bis.
Entre los principales cambios, establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciares, “con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas”. La versión original asignaba esa función al gobierno nacional en coordinación con las provincias y dejaba en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la delimitación de las zonas protegidas.
La reforma también introduce el criterio de que los glaciares o ambientes periglaciares serán protegidos “hasta tanto” la provincia verifique que no cumplen funciones de reserva estratégica. Con esta modificación, pasa a ser potestad de cada jurisdicción definir qué áreas son relevantes en términos hídricos. Las provincias deben comunicarlo al Ianigla para retirar esos sitios del inventario de sectores protegidos. De no hacerlo, podría autorizar actividades en esas zonas sobre la base de estudios propios. Aunque el proyecto no lo explicita, tanto defensores como críticos, entre ellos el gobierno de La Pampa, coinciden en que la modificación apunta a flexibilizar partes de la zona periglacial.
Es en medio de esta disputa que Ziliotto, junto con la Universidad Nacional de La Pampa, presentó la semana pasada una acción colectiva en la que solicitó a la Justicia Federal la declaración de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares, además de la medida cautelar, la cual le fue negada.
La Pampa es una de las provincias que dice verse afectada negativamente por la modificación de la ley. “Esta provincia recibe agua de cuencas que nacen en San Juan y Mendoza, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciales para desarrollar su actividad”, explicaron a LA NACION representantes de grupos ambientalistas.