El SIPGER anunció medidas de fuerza en las áreas operadas por Patagonia Resources. Argumentó que las medidas de fuerza buscan defender los puestos de trabajo. “No existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos”, afirmaron
El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) anunció un paro general en todas las áreas operadas por Patagonia Resources luego de denunciar despidos realizados por la empresa AESA en medio de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial.
En un comunicado, el Sindicato que conduce Rafael Güenchenen sostuvo que “la medida constituye un quiebre absoluto de la paz social y un incumplimiento manifiesto del marco legal que rige la conciliación obligatoria, instancia que obliga a las partes a retrotraer la situación al estado previo al conflicto, preservando los puestos de trabajo, las condiciones laborales y la continuidad operativa”.
“Mientras esta organización sindical actuó con responsabilidad institucional y respeto por la legalidad, las empresas decidieron avanzar unilateralmente contra los trabajadores, desconociendo la autoridad laboral y los compromisos asumidos en el proceso de cesión y reactivación de las áreas”, agregaron.
Frente a esta situación, el SIPGER anunció el inicio de un paro general y medidas de acción directa en todas las áreas operadas por Patagonia Resources, en defensa de los puestos de trabajo, de las familias petroleras y del futuro productivo de Santa Cruz.
Además, exigieron la inmediata retrotracción de todos los despidos realizados, el cumplimiento efectivo de la conciliación obligatoria vigente y el restablecimiento de las condiciones previas al conflicto, conforme lo establece el marco legal correspondiente.
“No existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos en medio de una conciliación obligatoria”, remarcaron, y agregaron que “la responsabilidad sobre la profundización del conflicto recae exclusivamente sobre quienes incumplen la ley, desconocen los acuerdos firmados y ponen en riesgo la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.