Ley 90/10 – Con el vencimiento de los plazos para la implementación plena de la Ley 3.141, Santa Cruz entra en una etapa decisiva donde el esquema 90/10 deja de ser una consigna para convertirse en una obligación concreta. A partir de ahora, el foco está puesto en el control, la transparencia y la capacidad real del sistema para sostener el empleo local en la industria minera.
El Gobierno provincial fue categórico. Desde el Ministerio de Trabajo se advirtió que “no habrá más excusas para el incumplimiento”, y se ratificó la obligatoriedad del sistema SIREL, donde las empresas deberán declarar bajo carácter de declaración jurada la residencia de todo su personal. La advertencia es directa: “cualquier falsedad en los domicilios consignados será punible”.
El objetivo oficial es claro: detectar y frenar situaciones donde trabajadores cumplen funciones en Santa Cruz, pero mantienen su residencia y consumo en otras provincias. En ese sentido, desde el Ejecutivo remarcan que la medida busca “garantizar que el recurso humano local sea priorizado, capacitado y jerarquizado”.
Coincidencias, pero con límites concretos
Desde el sector empresario, lejos de rechazar la medida, hay acompañamiento. Verónica Nohara, presidenta de CAMICRUZ y CEO de Minera Don Nicolás, valoró el espacio de diálogo abierto con el Gobierno: “Está bueno armar estas mesas de trabajo para, junto con el Gobierno, ver cómo canalizar este tema”.
La empresaria dejó en claro que existe un objetivo común: “Estamos todos de acuerdo en ir capacitando, en formar cada vez más gente para incrementar el empleo local, y estamos todos trabajando de la mano para que esto se cumpla”.
Sin embargo, también introdujo uno de los puntos más sensibles del debate: “El 90/10 se puede cumplir siempre y cuando se tengan en cuenta las excepciones”.
El planteo no es menor. Según explicó, el principal límite no es la voluntad empresarial, sino la disponibilidad de perfiles en la provincia: “En Santa Cruz hay muy pocos ingenieros en mina. Hoy muchos vienen de otras provincias, como San Juan”.
Y fue aún más precisa al describir el problema operativo: “Requerimos en todas las operaciones ingenieros en mina, y eso lleva tiempo formarlo”. En la misma línea, agregó: “Tenemos que trabajar con las universidades para ver de qué manera vamos generando más profesionales locales”.
El cuello de botella: perfiles técnicos y jerárquicos
El diagnóstico se repite en todas las voces: la falta de personal técnico calificado y de cuadros jerárquicos es el principal obstáculo para cumplir plenamente con el esquema.
Mientras que en los puestos operativos muchas empresas ya superan el 90% de empleo local, el desafío se traslada al staff, donde la especialización, la experiencia y los estándares de seguridad hacen más compleja la sustitución de perfiles.
En minería, este punto es crítico. No se trata solo de cubrir puestos, sino de garantizar operaciones seguras, eficientes y bajo normas estrictas. Por eso, la formación de estos perfiles aparece como una condición indispensable para sostener la política en el tiempo.
Aberastain: “no es una imposición, es un proceso”
Desde el ámbito político, el diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, respaldó la implementación de la ley y aportó una mirada que busca equilibrar control con viabilidad.
“Esto no es una decisión improvisada, es parte de un proceso que se viene construyendo”, sostuvo, marcando que la normativa tiene un recorrido previo de diálogo con el sector.
El legislador también puso el foco en el origen de la iniciativa: “El espíritu de esta ley nace desde el territorio, a partir de la necesidad de generar más empleo local y desarrollar proveedores santacruceños”.
En cuanto al vínculo con las empresas, dejó una definición central: “Tenemos que ser socios estratégicos en la defensa del trabajo local”.
Sobre la aplicación concreta del 90/10, fue claro en el criterio: “La idea es trabajar sobre la regla, no sobre la excepción”, aunque reconoció que la ley contempla márgenes de flexibilidad para no afectar la actividad.
Además, destacó la actitud del sector privado: “Las empresas empezaron a consultar cómo implementar los procesos, cómo registrar trabajadores y cómo aplicar las excepciones. Eso demuestra voluntad de avanzar”.
Más control, más exigencia y un desafío estructural
Con los plazos vencidos, el escenario cambia. Las empresas deberán adecuarse completamente al sistema SIREN/SIREL y estarán sujetas a inspecciones. El margen de tolerancia se reduce y el cumplimiento pasa a ser verificable.
Sin embargo, el proceso también deja en evidencia un dato clave: existe un consenso amplio entre todos los actores, pero también una limitación estructural que no puede resolverse en el corto plazo.
El empleo local en minería ya no es solo una meta política o empresarial. Es un objetivo compartido que ahora enfrenta su prueba más exigente: transformar el acuerdo en resultados concretos, en un contexto donde la formación de capital humano será determinante.
Por: Extremo Minero