Las industrias bonaerenses preparan una ofensiva legal contra las tasas municipales, calculadas sobre facturación y sin contraprestación real. Estos tributos se convirtieron en el nuevo frente de batalla judicial del sector privado, que busca un poco de oxígeno
Esteban Pérez Fernández
La industria bonaerense enfrenta una carga tributaria que supera el 45% de los ingresos formales. Las tasas municipales, calculadas sobre facturación y sin contraprestación real, se convirtieron en el nuevo frente de batalla judicial del sector privado.
El hartazgo ya tiene nombre y apellido judicial. Las industrias radicadas en la provincia de Buenos Aires preparan una ofensiva legal contra tasas municipales que consideran arbitrarias, desproporcionadas y, en muchos casos, directamente inconstitucionales. “Vamos a ir municipio por municipio”, advirtió un referente del cordón productivo bonaerense, en un contexto donde la política de ajuste nacional no hizo más que multiplicar la creatividad fiscal de los estados subnacionales.
El caso de Pilar resulta ilustrativo. En ese distrito, los empresarios contabilizan hasta siete tasas municipales activas. Una de ellas, la de seguridad e higiene, alcanza el 4,5% sobre la actividad, a la que se suma una tasa ambiental del 2%, lo que arroja una carga total del 6,5% solo por esos conceptos. El resultado fue concreto: empresas de la escala de Kimberly-Clark y Procter & Gamble ya abandonaron el parque industrial del municipio. La situación no es exclusiva de ese distrito: Quilmes aplica una tasa de seguridad e higiene del 3,74%, Hurlingham del 3,5%, y fuera de la provincia, San Fernando del Valle de Catamarca llega al 3,3%, Río Cuarto al 3,4% y Villa Carlos Paz al 4,8%, solo por citar algunos ejemplos del resto del país.
El abogado Diego Fraga, socio de Expansión Business Argentina, explicó con precisión el nudo jurídico del problema. Una tasa, por definición, requiere la prestación de un servicio estatal concreto, efectivo e individualizado. “Para calcular la tasa, lo lógico sería ver cuánto cuesta prestar ese servicio de manera directa, con algunos costos indirectos incluidos”, señala. El problema es que la Corte Suprema abrió una suerte de caja de Pandora al permitir que los municipios calculen esas tasas sobre los ingresos brutos del contribuyente. El resultado práctico es un “Ingresos Brutos dos”: cargas que no tienen ninguna relación con el servicio supuestamente prestado ni con su costo real.
En la Provincia de Buenos Aires, el inventario de abusos es variado. Tasas de seguridad e higiene calculadas sobre facturación total, cargos por inspecciones que nunca se realizan, ABL aplicado a barrios cerrados que no reciben alumbrado, barrido ni limpieza, y contribuciones generales rebautizadas con distintos nombres para disimular su naturaleza impositiva. A eso se suma la Tasa Vial, cuya recaudación debería destinarse exclusivamente a la reparación de caminos rurales pero termina financiando cualquier otro gasto, sin transparencia alguna.
DISTORSIÓN ESTRUCTURAL
El problema no se agota en las tasas municipales. Un trabajo reciente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entidad presidida por Alejandro Gentile -director en el Grupo Techint- pone números a una distorsión estructural: la alícuota legal de Ingresos Brutos sobre el sector industrial es del 1,5%, pero la presión tributaria efectiva sobre el valor agregado del sector asciende al 4,7%. Eso ubica a Buenos Aires un punto por encima de provincias comparables como Santa Fe y Córdoba