En términos sencillos, significa que la provincia le dice a la operadora: “Yo asumo todo el riesgo a futuro; si alguien te demanda o te cobra una multa por esto, yo pongo el dinero y te libero de cualquier responsabilidad”. Eso es precisamente lo que el Gobierno de la provincia firmó con YPF: impunidad absoluta.
En el contexto del documento analizado (Memorando de Entendimiento YPF – PROVINCIA DE SANTA CRUZ – FOMICRUZ), esta figura jurídica “de indemnidad” es la clave de bóveda de la salida de YPF. Cuando FOMICRUZ le otorga a YPF una “indemnidad plena“, está asumiendo compromisos gravísimos con el patrimonio provincial.
Si en el futuro un trabajador petrolero despedido por una subcontratista demanda a YPF por indemnizaciones impagas (pasivo laboral) , o si un estanciero o municipio demanda a la operadora por un derrame histórico no saneado, YPF presentará este documento ante el juez. Automáticamente, FOMICRUZ deberá ocupar el lugar de YPF, pagar los honorarios de los abogados y de haber condena, desembolsar el dinero del resarcimiento. En pocas palabras los santacruceños tendrán que afrontar las deudas de YPF.
La indemnidad abarca expresamente cualquier situación, evento o causa relativa a los activos que “no hubieran sido identificados o incluidos en el Plan de Saneamiento Ambiental”. Esto significa que YPF queda blindada ante cualquier desastre ambiental subyacente que la auditoría inicial no haya detectado.
FOMICRUZ se compromete a exigirle a las nuevas operadoras privadas que asuman este mismo compromiso de indemnidad hacia YPF. Si las nuevas empresas quiebran o no tienen el respaldo financiero para afrontar un desastre ambiental, la responsabilidad subsidiaria recaerá siempre sobre el garante original de la indemnidad: FOMICRUZ (el Estado Provincial).
En definitiva, “la indemnidad plena” es el escudo legal definitivo. Es la cláusula que le garantiza a la empresa saliente que, una vez firmado el traspaso y pagado el bono resarcitorio de 60 millones de dólares, su balance contable y sus activos corporativos quedan totalmente a salvo de la jurisdicción santacruceña.
YPF hace lo que quiere
Si tenemos en cuenta el plazo de 180 días que tiene YPF para realizar el inventario del pasivo ambiental, el cual vence en algunos días y la poca o nula actividad que se observa en zona norte, todo resulta en la práctica un verdadero fiasco, una mentira, un engaño en el cual participa activamente la provincia y el Sindicato de Petroleros, las autoridades ambientales y los organismos de control, dado que las leyes exigen un relevamiento de campo que no se está haciendo; es más, este trabajo, YPF lo debiera haber realizado cuando entró y lo hace cuando se va.
La ley es muy específica al respecto y señala que cuando una operadora le vende a otra, la nueva debe hacerse cargo de los activos y pasivos. En este caso YPF no vende, sino que se las cede al estado provincial pero las nuevas operadoras no se van a hacer cargo, como intentó hacer el gobierno y fue rechazado de plano por las petroleras que ingresaron a las áreas abandonadas por la estatal. Por lo tanto, si YPF se desvincula, el pasivo ambiental queda definitivamente para Fomicruz, es decir, el estado provincial o sea, todos nosotros. De ahí la importancia de establecer claramente cuál es el pasivo ambiental existente y sanearlo, la gran pregunta es ¿Quién lo va a hacer?.
Nadie se interesa, nadie denuncia y el tiempo se termina
Cuando YPF se desvincule totalmente y debido al Acuerdo que firmó Claudio Vidal con Marín, ante una denuncia de alguien que encuentre un sitio contaminado, será Santa Cruz la que se hará cargo del mismo porque el Convenio dice expresamente que una vez aprobado el programa de saneamiento (que aún no comenzó) YPF queda libre de toda responsabilidad.
Y esto ya se aplicó en el caso de CGC, como señalamos en nuestra investigación anterior sobre la empresa de Eurnekián. Alli, Pablo Gordillo, Alexis Quintana y Eurnekián firmaron y aceptaron bajar el pasivo ambiental de Sinopec a CGC de 600 millones de dólares a solo 110 millones. Y eso fue aprobado por los diputados.
Nadie se ocupó de corroborar cuál era el verdadero valor de un pasivo ambiental inmenso que dejó SINOPEC, solo le perdonaron a Eurnekián una deuda que se trasladó el erario público bajo la premisa de que las ganancias son empresarias y las pérdidas se socializan.
Mariano Bertinat (ex Secretario de Ambiente) y Sebastián Georgión permitieron todo esto durante el gobierno de Alicia Kirchner. Hoy Georgión es Ministro de Desarrollo Social del gobierno de Claudio Vidal y hasta antes del 2026 ocupó la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz; es decir, son responsables directos de esto que aquí señalamos. El acuerdo con CGC fue una verdadera vergüenza, como lo corroboramos en ese momento; esto con YPF es igual o peor.
Gastón Farías, actual Secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental de Santa Cruz (creada bajo la Ley 3885), lidera las auditorías en los sectores minero y petrolero para asegurar el equilibrio ecológico, según la propia definición de su cargo.
Una vez que el actual programa de saneamiento ambiental esté terminado, YPF abonará 60 millones de dólares y se desvinculará de toda responsabilidad. Esa aprobación (el Ok al programa) lo deberá firmar Gastón Farías y si lo hace, será penalmente responsable por todo lo que no se haya hecho o lo hayan hecho mal.
Por su parte, el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y el senador José Carambia, quienes conocen a la perfección este documento que estamos analizando en nuestros últimos informes, se aprestan a presentarse como candidatos a la gobernación en el 2027. Si no denuncian esta maniobra, nacerán como candidatos cómplices de este fraude en contra del estado provincial.
Ninguno de ellos han hecho referencia, ni mucho menos han denunciado este acuerdo absolutamente contrario a los intereses de Santa Cruz, una provincia empobrecida por operadores petroleros y mineros que han hecho un by pass a la honestidad a la hora de convenir privilegios con el Estado provincial, como es el caso de CGC e YPF.
Recién ayer 23 de abril 2026 (a muy poco de expirar el plazo) ingresó a la Cámara el Proyecto de Resolución N°607/24 solicitando al Poder Ejecutivo provincial que, a través de las áreas pertinentes, proceda a convocar a la Comisión de Fiscalización de la Concesión Hidrocarburífera acordada entre la provincia y la empresa YPF, creada a través de la ley 3.334 y fue sancionada por unanimidad (Agencia OPI Santa Cruz)