Concejales denuncian que Nación adeuda más de $3.700M de coparticipación a Salta Capital

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó este miércoles una resolución mediante la cual solicita a los legisladores nacionales por la provincia que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional mecanismos de compensación y refuerzo de los recursos coparticipables. De acuerdo a los ediles oficialistas, el pedido se da en un contexto en el que la capital salteña ya acumula una caída superior a los 3.700 millones de pesos en lo que va del año.

Nuevamente en el recinto se puso en primer plano la discusión sobre cuánto dinero le debe —o dejó de transferir— la Nación a Salta, y cómo ese faltante impacta de lleno en la ciudad capital.

El proyecto, elaborado por la bancada que responde al intendente Emiliano Durand, solicita que diputados y senadores nacionales por Salta “gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional la implementación de mecanismos de estabilización, compensación y/o refuerzos de los recursos de origen nacional destinados al municipio”, con criterios de automaticidad y previsibilidad. Es decir, menos discrecionalidad y más certezas.

La concejala Camila Lobo, miembra informante, señaló el origen del problema. “Claramente, la caída de la coparticipación federal de impuestos es consecuencia de las políticas económicas nacionales, de la recesión que hay a causa de las políticas económicas nacionales y de la baja de la actividad económica”, sostuvo. Y puso cifras sobre la mesa: en enero la coparticipación bajó 21,17%; en febrero, 20,29% y en marzo, 18,74%. En apenas tres meses, la ciudad perdió más de 3 mil millones de pesos.

Según detalló el concejal Gustavo Farquharson, la cifra ya escaló porque se está “hablando de la coparticipación nacional que le corresponde tanto a la provincia como a la ciudad, que en lo que va de este año ya llevamos una caída de más de 3.700 millones que le corresponden a esta ciudad, que podrían estar dirigidos a obras de infraestructura que la ciudad necesita”.

La resolución fue aprobada por mayoría, con el respaldo de concejales de distintos bloques, mientras que ediles de La Libertad Avanza se opusieron durante el tratamiento y se retiraron al momento de votar. El dato no pasó desapercibido en el recinto ni fuera de él. Farquharson dijo a Salta/12 que resulta “insólita la posición que ha tenido La Libertad Avanza, que se han negado a votarlo, sobre todo cuando el 80% de los proyectos que presentan tienen que ver con obras en plazas, pavimento, iluminación”. Insistió en que, a pesar de que quieren obras, “se oponen a la hora de pedirles a los legisladores nacionales que gestionen los recursos que le corresponden a Salta”.

Una deuda que excede a la capital

El reclamo municipal no aparece en el vacío, sino que la distribución de la coparticipación ya se inscribe en una discusión más amplia que se da de manera sostenida desde que asumió la administración de Javier Milei. Incluso la gestión provincial ya arrastra pérdidas significativas por la caída real de la coparticipación, agravada en contextos de recesión.

Informes del Ministerio de Economía provincial y de la Comisión Federal de Impuestos han advertido, en distintos momentos, sobre la pérdida de recursos en términos reales como consecuencia de la inflación y la baja de la actividad.

Además, en los últimos años, se sumó la reducción o eliminación de transferencias no automáticas desde Nación. Esto implicó obras públicas frenadas, programas discontinuados y partidas discrecionales recortadas, que configuran una deuda que no siempre se inscribe como tal en los balances, pero que impacta en la gestión cotidiana.

La coparticipación es el principal ingreso de muchas provincias y municipios. Por lo que, cuando cae, no hay margen. Pero hay quejas por la distribución. Farquharson lo sintetizó en términos políticos y fiscales: “de cada diez pesos de impuestos, ocho se los lleva el Gobierno nacional y no hay una contraprestación visible en los servicios que debe llevar adelante con esos recursos”.

En la capital salteña el impacto ya se traduce en decisiones concretas, como postergación de obras, dificultades para sostener servicios y una presión creciente sobre el presupuesto municipal.

El texto aprobado por el Concejo habla de “emergencia financiera crítica” en los municipios. Actualmente no es una declaración exagerada, sino que se inscribe en contextos de caída de ingresos, en los que los gobiernos locales son el primer eslabón que absorbe la demanda social.

La resolución también plantea la necesidad de “fortalecer el régimen de coparticipación federal” para asegurar una distribución más equitativa y reducir la discrecionalidad. El retorno de un viejo reclamo federal que atravesó distintos gobiernos y signos políticos