Por: Extremo Minero
En Puerto Deseado, el debate sobre el uso de los recursos públicos y su impacto concreto en la vida cotidiana vuelve a ganar protagonismo. No es un fenómeno aislado: en los últimos años, la localidad ha atravesado tensiones recurrentes vinculadas a la ejecución de obras, la participación de proveedores locales y la trazabilidad de los fondos que se canalizan hacia el municipio.
En un esquema económico fuertemente condicionado por la actividad extractiva y la dependencia de ingresos externos, la administración de esos recursos adquiere un peso determinante en el desarrollo urbano, el empleo y la dinámica comercial.
A esto se suma un contexto económico nacional restrictivo, con caída del consumo, presión sobre las finanzas municipales y una creciente demanda social por mayor eficiencia en el gasto público. En ese escenario, cada contratación, cada obra y cada decisión administrativa no solo tiene impacto técnico, sino también político y social, amplificando la necesidad de mecanismos de control efectivos y de acceso a la información pública.
En paralelo, distintos actores institucionales y comunitarios vienen señalando la importancia de fortalecer los espacios de seguimiento y control, en particular aquellos vinculados a fondos específicos que deberían traducirse en mejoras tangibles para la comunidad. La discusión, en definitiva, trasciende lo administrativo: se centra en cómo garantizar que los recursos que ingresan a la localidad generen un impacto real y sostenido.
En diálogo exclusivo con Extremo Minero, el concejal de Unión por la Patria, Mateo Brunetti, explicó los motivos detrás de su pedido formal de ampliación de información en el Concejo Deliberante. La entrevista recorre no solo aspectos técnicos vinculados a contrataciones y obras, sino también una discusión más amplia: cómo se administran los recursos y cuánto de ese movimiento se traduce en desarrollo real para la comunidad.
Desde el Concejo, ¿por qué consideró necesario solicitar una ampliación de la información vinculada a contrataciones y obras?
Me llevó una razón muy simple: cuando al Concejo Deliberante se le remite información sobre obras o contrataciones, esa información tiene que ser completa. No alcanza con mandar una parte. Si se envía documentación incompleta, no se puede ejercer un control serio, que es una de nuestras obligaciones institucionales.
En este caso puntual, lo que hice fue pedir que se amplíe lo remitido para poder conocer con claridad cómo se llevaron adelante determinadas contrataciones y obras financiadas con recursos que tienen un enorme valor para nuestra comunidad. No es un planteo caprichoso ni una pelea por la pelea misma. Es control, transparencia y responsabilidad en el uso de fondos que son muy importantes para Puerto Deseado.
Al analizar la documentación recibida, ¿qué aspectos considerás que deberían estar completos para garantizar un control adecuado?
Más que hablar livianamente de irregularidades, lo que digo con responsabilidad es que hay faltantes importantes en la documentación remitida. Por ejemplo, en algunos casos se envió el pliego, pero no los oferentes, no las ofertas completas y tampoco el acto administrativo de adjudicación.
Entonces, el problema es concreto: si no tenés toda la documentación, no podés reconstruir de manera completa el procedimiento. Y cuando hablamos de fondos públicos, eso no es un detalle menor. Justamente por eso presenté la nota: para que se complete la información y se despejen dudas.
En una de las obras analizadas, ¿qué elementos hacen necesario revisar el expediente completo?
Lo que más me preocupa es que se haya enviado información parcial. Se remitió el pliego, pero no la nómina de oferentes ni el acto adjudicatorio, y eso impide analizar integralmente el procedimiento.
Además, hay un punto que merece ser aclarado. Según la documentación enviada, el presupuesto oficial era de $67.386.581,68 y la adjudicación habría sido por $77.863.049,60. Eso obliga, como mínimo, a mirar con cuidado el expediente completo. No estoy diciendo algo que no corresponda; estoy diciendo que si hay una diferencia de montos y además no está toda la documentación, lo razonable es pedir explicaciones y respaldos. Eso es exactamente lo que hice.
En los casos donde se informa baja concurrencia de oferentes, ¿qué información debería acompañar esas situaciones?
En ese caso se informó que hubo un solo oferente por la complejidad del trabajo. Bueno, precisamente por eso tiene que estar la documentación que permita verificar esa afirmación y entender cómo se llegó a esa contratación.
Lo que falta, al menos de lo remitido al Concejo, es el acto administrativo de adjudicación y la documentación respaldatoria que permita conocer el procedimiento con precisión. Cuando se dice que hubo un solo oferente, eso no clausura el debate: al contrario, hace todavía más necesario ver el expediente completo.
Cuando se trata de contrataciones de montos significativos, ¿qué criterios considerás clave que estén claramente documentados?
Mi duda principal es cómo se llegó a ese proveedor. Estamos hablando de un monto muy importante, de $40.795.052,20, y por eso quiero saber qué mecanismo se utilizó, si hubo presupuestos comparativos, si hubo otros posibles oferentes, qué criterios se tomaron para elegir y cuál es el acto administrativo que respalda esa contratación.
No se puede naturalizar que aparezca un monto de esa magnitud sin que después exista claridad absoluta sobre el procedimiento. No estoy prejuzgando a nadie; estoy pidiendo algo elemental: saber cómo se decidió.
Ante versiones o inquietudes que surgen en la comunidad, ¿cuál es el rol institucional que debe cumplirse?
Lo que digo con prudencia es que justamente por eso pedí más información. Cuando aparecen versiones, comentarios o inquietudes en la comunidad, lo mejor no es alimentar rumores sino ir a la documentación y exigir claridad.
Ahora bien, también sostengo una posición política muy clara: en el contexto económico que vivimos, contratar proveedores de otras localidades o incluso de otras provincias debería ser una opción de última instancia.
Lo primero que tiene que garantizarse es que nuestros proveedores locales tengan posibilidad real de ofertar y competir. Porque cada peso que sale de Puerto Deseado sin necesidad también impacta en el comercio, en el trabajo y en la economía local.
¿Qué importancia tiene para la comunidad que se priorice la participación de proveedores locales?
Esa es justamente una de las preguntas centrales. Hoy yo no puedo afirmar seriamente que se esté garantizando en todos los casos, y por eso pedí que se informe expresamente si hubo convocatorias, invitaciones o comunicaciones a proveedores locales.
Para Puerto Deseado esto no es un tema menor. Cuando una contratación pública prioriza, en igualdad de condiciones, a proveedores de la localidad, eso fortalece el circuito económico local: sostiene empleo, mueve comercios, genera más actividad.
En cambio, cuando los recursos salen hacia afuera sin una razón debidamente justificada, la comunidad pierde una oportunidad concreta. Por eso digo que el compre local no puede ser un discurso lindo: tiene que reflejarse en los procedimientos.
Desde tu mirada, ¿cómo evaluás hoy los niveles de transparencia en la gestión de estos recursos?
Creo que si hay que pedir ampliación de información, es porque todavía hay cosas que deben mejorar. No voy a hacer una descalificación total ni una denuncia grandilocuente, pero sí voy a ser claro: cuando la información llega incompleta, la transparencia queda debilitada.
La transparencia no se declama, se practica. Y se practica remitiendo expedientes completos, actos administrativos, ofertas, criterios de adjudicación y todo lo que permita controlar. Si eso no está a la vista, entonces hay un problema que debe corregirse.
¿Cómo observás el funcionamiento de los espacios de seguimiento y control institucional?
Lamentablemente, entiendo que la comisión no está cumpliendo acabadamente con su cometido, y ello también tiene que ver con las reiteradas ausencias de la empresa explotadora del yacimiento cuando se requiere su presencia institucional.
Es verdaderamente vergonzoso que, como Honorable Concejo Deliberante, tengamos que solicitar una y otra vez la presencia de sus autoridades en el seno de este Cuerpo para abordar temas que son de enorme importancia para nuestra comunidad. Cuando se trata de una actividad con semejante impacto económico, lo mínimo esperable es predisposición, seriedad y responsabilidad institucional.
Yo además creo que de poco sirven las reuniones individuales o aisladas si después no pueden sostenerse de manera conjunta, pública y clara en los ámbitos que corresponden. En mi caso, no tengo nada que ocultar: públicamente digo siempre lo mismo. Puerto Deseado merece saber con mayor precisión cuántos trabajadores y trabajadoras locales se desempeñan en el yacimiento y cuál es el impacto económico real que generan los prestadores de servicios vinculados a la actividad minera en nuestra localidad.
En términos generales, ¿qué creés que falta para que los recursos que circulan en la localidad se traduzcan en mejoras concretas para la comunidad?
Yo no tengo una mirada infantil sobre la minería. Sé perfectamente que es una actividad importante para la provincia y también para Puerto Deseado. Ahora bien, una actividad de semejante magnitud no puede convivir con comunidades que no ven reflejado ese movimiento económico en trabajo, infraestructura, desarrollo local y mejores oportunidades.
Lo que falta es justamente eso: más derrame real en la comunidad, más prioridad para proveedores y trabajadores locales, más planificación y más control sobre cómo se administran los recursos que genera o moviliza la actividad. La discusión no es minería sí o minería no; la discusión es para quién sirve, cómo impacta en la comunidad y si de verdad está contribuyendo al desarrollo de Puerto Deseado