Por: Extremo Minero
En Santa Cruz, la minería no solo se define por los proyectos en producción, sino también por cómo se organizan los territorios para relacionarse con esa actividad. En ese esquema, dos modelos conviven —y hoy quedan expuestos—: el del control social, representado por la Comisión de Seguimiento Minero de Puerto Deseado, cuyos actuales resultados son por lo menos cuestionables y el de la articulación productiva, que caracteriza a Puerto San Julián y del cual mucha gente habla favorablemente.
Entender qué es la Comisión de Seguimiento Minero, para qué sirve y por qué hoy está en crisis, implica necesariamente mirar ese contraste.
Qué es la Comisión de Seguimiento Minero y cuál es su función
La Comisión de Seguimiento Minero de Puerto Deseado tiene su origen en 2013, cuando el Concejo Deliberante creó un espacio institucional orientado a monitorear la licencia social del proyecto Cerro Moro, hoy operado por Pan American Silver.
Su función es clara en términos conceptuales:
- Supervisar el cumplimiento de compromisos de la empresa
- Generar un ámbito de diálogo entre comunidad, Estado y sector privado
- Actuar como mecanismo de control social sobre la actividad minera
- Dar seguimiento a temas sensibles como empleo local, proveedores y uso de fondos
Es, en esencia, una herramienta pensada para equilibrar el poder entre la empresa y la comunidad, institucionalizando el reclamo y la participación.
El modelo Puerto Deseado: control con conflicto
Durante años, ese esquema funcionó con altibajos, pero nunca logró consolidarse plenamente. Con el tiempo, la Comisión perdió peso, y recién en 2023 fue reactivada por presión de trabajadores agrupados en “Mineros Deseadenses”, que reclamaban mayor acceso al empleo local.
Desde ese espacio, Damián García planteó con claridad:
“La Comisión tiene que servir para que el trabajo quede en Puerto Deseado. No puede ser que la gente capacitada siga quedando afuera”.
Sin embargo, la reactivación chocó rápidamente con un límite estructural: la ausencia de la empresa en las reuniones. Esa falta de participación terminó por vaciar de contenido el espacio.
El concejal Mateo Brunetti lo sintetizó:
“Sin la empresa, la Comisión se transforma en un espacio vacío. Es una herramienta que existe, pero que hoy no logra cumplir su función”.
A esto se suman tensiones crecientes en torno al fideicomiso minero, creado en 2019, que concentra recursos millonarios pero cuyo funcionamiento es cada vez más cuestionado por falta de transparencia y participación.
👉 Resultado: un modelo que busca controlar, pero que sin actores clave termina generando más exposición del conflicto que soluciones concretas.
El modelo Puerto San Julián: articulación sin confrontación
El contraste aparece con claridad en Puerto San Julián, donde no existe una Comisión de Seguimiento Minero como tal.
Allí, la actividad —marcada por la operación de Cerro Vanguardia S.A., con participación de AngloGold Ashanti y FOMICRUZ— se articula a través de un esquema distinto:
- Fuerte control técnico estatal
- Relación directa entre empresa y municipio
- Funcionamiento de una Agencia de Desarrollo Local
- Programas de inversión social y productiva
En este modelo, el foco no está en el control deliberativo, sino en la gestión y la integración económica.
👉 Resultado: menor nivel de conflicto visible, mayor estabilidad operativa y un vínculo más fluido entre los actores.
Dos modelos, dos límites
La comparación no es menor, porque expone los límites de cada enfoque:
Puerto Deseado (Comisión de Seguimiento):
- ✔ Mayor capacidad de control social (en teoría)
- ✔ Espacio institucional para el reclamo
- ✖ Dependencia de la voluntad de la empresa
- ✖ Riesgo de parálisis si los actores no participan
Puerto San Julián (Agencia de Desarrollo):
- ✔ Mayor fluidez institucional
- ✔ Integración económica más ordenada
- ✔ Menor conflictividad visible
- ✖ Menor control social directo
- ✖ Menor exposición pública de tensiones