Lo que puede tener de bueno y el entusiasmo en avanzar en esta línea, encuentra un contrapeso que expone que, por ahora, la provincia podría no estar preparada.
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Mendoza arrastra una década de estancamiento y, junto a la producción de petróleo convencional en declive y la caída del consumo del vino y de su rentabilidad, obliga al Gobierno de Alfredo Cornejo a repensar el desarrollo de la matriz productiva, que hoy parece generar expectativas en la minería.
No obstante, hay una pregunta que es inquietante y que se plantea tanto en el oficialismo como en la oposición, aunque con ángulos diferentes: ¿Está Mendoza preparada para un cambio real de cara al sector minero?
Dentro del Gobierno tienen grandes expectativas y así lo hacen ver tanto a nivel nacional como internacional en la búsqueda de nuevas inversiones que ayuden a engrosar las enflaquecidas arcas públicas de la provincia.
Para la gestión de Cornejo, el Distrito Minero Malargüe Occidental es la llave que abrirá puertas hacia el futuro, pero ello no quiere decir que el camino esté allanado, ya que se requiere que el cambio de matriz sea completo para evitar que sea un simple enclave extractivo.
Pero además, hay una cuestión que merodea la Casa de Gobierno, una pregunta que va más allá de las posibilidades de lograr integrar a Mendoza y convertirla en un centro minero a nivel nacional.
En tal caso, ¿puede la minería favorecer al sector agrícola, históricamente enfrentado a ella? La respuesta técnica es sí, pero la respuesta política depende de la gestión del agua, acaso el recurso más escaso en la provincia.
El desarrollo minero generaría una renta fiscal que, en parte, según los planes del propio Gobierno, sería utilizada para lograr eficiencia hídrica. La idea es que las regalías mineras financien la impermeabilización de canales y los sistemas de riego presurizado para el agro.
Por otro lado, la minería demanda líneas de alta tensión que hoy no existen, por ende, si esas obras se realizan, podrían beneficiar a zonas rurales aisladas, bajando costos energéticos para los productores agrícolas.
Sin embargo, lo que puede tener de bueno y el entusiasmo en avanzar en esta línea, encuentra un contrapeso que expone que, por ahora, la provincia podría no estar preparada.
Uno de esos puntos refiere a la logística, ya que, si bien los más de mil millones de dólares de portezuelo del Viento parece una cifra sustancial, resultaría insuficiente para la realización de la magnitud de obras necesarias como rutas, es decir, un problema logístico.
Por otro lado, un cambio de matriz de esta índole requiere de talento humano académico que, si bien Mendoza tiene, podría resultar insuficiente teniendo en cuenta que la demanda minera y de servicios tecnológicos podría superar la oferta local de técnicos especializados.
Pero hay una cuestión más, de gran relevancia, que también tendrá que ser analizada minuciosamente. La realidad es que será la preparación del Gobierno para fiscalizar lo único que evitará cualquier incidente que termine por transformarse en un estallido social en medio del fantasma por la 7722.
A todo lo antedicho se sumarán una serie de desafíos que el Gobierno de Mendoza deberá encarar a la hora de desarrollar la minería: se trata de la aceptación social, la seguridad jurídica y el equilibrio político.
En primer lugar, el éxito de la minería debe ser impecable evitando cualquier error que pueda producirse. En segundo lugar, que las inversiones puedan ser atraídas sin riesgo en un país con fuerte inestabilidad económica y política. Y por último la integración de la oposición en la fiscalización para evitar que levanten la bandera en rechazo de la minería.
En conclusión, Mendoza hoy no está del todo lista para el cambio de matriz productiva que requiere la explotación minera, ello no quiere decir que no lo esté en el mediano plazo, pero sí que todavía, a pesar del entusiasmo que pueda generar dentro de la Casa de Gobierno, faltan muchas deudas por saldar