Uspallata, Distrito Minero Norte: el Gobierno capitaliza el aval de la Corte y adjudica el estudio de impacto

Uspallata, Distrito Minero Norte: el Gobierno capitaliza el aval de la Corte y adjudica el estudio de impacto
El Distrito Minero Norte expande las fronteras de San Jorge para explorar en busca de otro y cobre.

Tras el aval de la Suprema Crte, el Gobierno avanza a toda máquina para consolidar el Distrito Minero Norte, que expande las fronteras de San Jorge.

Por Gabriela Valdés

Tras el fallo de la Suprema Corte que frenó la estrategia de dilación de la firma Danone, la gestión de Alfredo Cornejo aceleró el despliegue del Distrito Minero Norte y le adjudicó a la consultora sudafricana Knight Piésold el Informe de Impacto Ambiental sobre un área de casi 4.000 km² que rodea al proyecto San Jorge con la idea de profundizar la extracción de oro y cobre.

La estrategia oficial descansa sobre dos pilares: un espaldarazo institucional de la Suprema Corte de Justicia y la adjudicación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) integral para lo que se ha denominado Distrito Minero Norte. Este nuevo esquema busca emular el modelo de Malargüe, agrupando proyectos bajo una misma línea de base ambiental para agilizar los plazos administrativos y legislativos.

La firma pretendía unificar los expedientes que cuestionan la validez de la concesión minera de Paramillos Sur I, II y III con aquellos referidos a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Sin embargo, el máximo tribunal entendió que se trata de actos administrativos distintos. En la práctica, este fallo impide que los procesos se enlacen en una sola vía muerta, otorgando al Gobierno la autonomía necesaria para continuar con la tramitación de los permisos sin que la parálisis de un expediente arrastre indefectiblemente al otro.

Aunque el fondo del conflicto —la validez de las concesiones— aún debe resolverse, el despeje del obstáculo procesal le permite al Ejecutivo consolidar su postura política. La zona, con antecedentes de exploración que datan de antes de la vigencia de la Ley 7722, es considerada estratégica por la presencia probada de cobre y oro en sistemas de tipo pórfido, similares a los grandes yacimientos andinos.

Knight Piésold y el mapa del Norte de Mendoza

Con el viento a favor de la Justicia, la empresa estatal Impulsa Mendoza concretó la adjudicación del desarrollo del Informe de Impacto Ambiental del Distrito Minero Norte. La seleccionada fue la consultora internacional Knight Piésold, cuya propuesta técnica se ubicó en torno a los US$300.000.

El distrito abarca una superficie aproximada de 3.914 km² y contiene entre 140 y 200 propiedades mineras. El trabajo de la consultora consistirá en elaborar una línea de base ambiental de alcance global para todo el polígono, complementada con informes específicos para cada iniciativa individual. Este esquema de «evaluación por bloques» es el que permitió a la gestión de Cornejo obtener aprobaciones legislativas masivas en Malargüe durante el último año.

Territorialmente, el distrito se organiza en dos sectores críticos:

  • Sector Occidental: Vinculado al entorno del proyecto San Jorge (PSJ), el único emprendimiento metalífero de la provincia que ya cuenta con recursos definidos y una DIA aprobada para construcción y operación.

  • Sector Oriental: Asociado a la zona de Paramillos, donde se concentra la disputa judicial pero también el mayor interés geológico según los registros del SEGEMAR.

Es relevante destacar que el diseño del distrito excluye de manera explícita la zona de reserva de Villavicencio, dejando fuera del alcance minero las propiedades situadas en ese polígono, incluidas las de la multinacional francesa Danone.

La minería por distritos, nueva «venta» del Gobierno

El Gobierno de Mendoza presentó este modelo territorial en la feria PDAC 2026 en Canadá, buscando seducir a inversores internacionales con un marco de «seguridad jurídica y celeridad administrativa». La creación del Distrito Minero Norte es la respuesta operativa a esas promesas: un intento de diversificar la matriz productiva más allá del petróleo y la agricultura.

El Ejecutivo apuesta a que el proyecto San Jorge funcione como el eje estructurante de la zona. Al contar ya con una base de infraestructura y estudios avanzados, su cercanía con las nuevas áreas de exploración en el Distrito Norte reduce los riesgos para los capitales privados.

Sin embargo, el camino hacia la explotación efectiva aún depende de la Legislatura provincial, que deberá validar los informes ambientales bajo los parámetros de la Ley 7722. Sin embargo el Gobierno también jugará aquí la misma carta que con Malargüe Distrito Minero Occidental: tratar varios proyectos en paquete en lugar de evaluar el impacto individual que tendría cada uno según sus especificidades ambientales

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