Por Guillermo Andrada. Senador Nacional por Catamarca- Bloque “Convicción Federal”.
Ese planteo introduce una mirada más federal sobre el debate económico. Mientras el Gobierno nacional exhibe como fortalezas la desinflación, el superávit y la mejora del frente financiero, desde las provincias surge la necesidad de que esa estabilidad macroeconómica se conecte con empleo, obra, proveedores, salarios y consumo. Es decir, que el orden macro no se agote en la caja del Tesoro o en la acumulación de reservas, sino que también se traduzca en movimiento económico concreto.
Lo que ocurre en Chile es un ejemplo de cómo podría funcionar un diseño como el que propone Jalil. Cuando se va por el Paso San Francisco hacia Copiapó, en la parte chilena se ven decenas de exploraciones y explotaciones mineras de distintas empresas, grandes y chicas. Se advierte un gran movimiento de camiones y camionetas rojas (el color elegido por todas las mineras) y decenas de caminos privados que suben a los cerros para la exploración. Allí hay cobre, hierro, litio y otros minerales. No es solo la estatal CODELCO. El mapa minero de Chile consigna empresas como Salares del Norte, Cerro Negro, Salvador, La Copia, Maricunga, Ojos del Salado… Son 12, proyectan la actividad económica con proveedores porque necesitan ropa de trabajo, herramientas, reparaciones en talleres, etc.
En ese escenario, las últimas señales del Banco Central pueden ser leídas como algo más que una decisión técnica. En marzo, el BCRA redujo en cinco puntos los encajes sobre depósitos a la vista en pesos, con el objetivo de aflojar la presión sobre las tasas y darle más aire al sistema financiero. Y este 16 de abril de 2026 dio un paso adicional: flexibilizó la integración diaria mínima permitida para los bancos, bajándola del 75% al 65%, medida que, apunta a mejorar el manejo de liquidez y reducir la volatilidad de las tasas. Ese movimiento refuerza una idea que empieza a ganar consenso: sin crédito, la estabilización corre el riesgo de quedarse más cerca de las cuentas públicas que de la actividad privada.
No es un dato menor. El propio Banco Central informó que en el primer semestre de 2025 el 73,4% de las MiPyMEs con certificado tenía financiamiento, que unas 161 mil empresas se incorporaron al mercado de crédito y que los saldos financiados crecieron 19%. Esos números sugieren una recomposición, pero también muestran que todavía hay margen enorme para profundizar el acceso al financiamiento productivo, sobre todo en economías regionales donde la inversión necesita más tiempo y tasas razonables para traducirse en producción y empleo.
Desde Catamarca, esa necesidad tiene una traducción concreta. Si el ahorro de los argentinos no vuelve de manera masiva al sistema en pesos porque sigue buscando cobertura en el dólar, entonces la salida para mover la economía real no pasa solo por esperar un derrame automático de la estabilidad. Pasa por lograr que haya financiamiento disponible para que empresas locales se modernicen, amplíen escala, incorporen tecnología y se conecten con la cadena de valor que abre la minería. Ahí es donde la mirada de Jalil se despega del discurso puramente macroeconómico: no alcanza con ordenar, también hay que activar.
Por eso, más que una impugnación a Milei, lo que Catamarca pone sobre la mesa es una discusión sobre la segunda etapa del programa económico. La primera puede haber sido la de la estabilización. La siguiente, para las provincias, debería ser la del crédito, la reconversión productiva y el desarrollo territorial.
En términos políticos, Jalil busca instalar exactamente eso: que el debate no termine en la macro, sino que empiece de verdad cuando esa macro se convierta en trabajo, inversión y consumo. Y en una provincia minera, esa diferencia de enfoque no es menor: define si los dólares solo entran o si además se quedan, circulan y empujan una economía más amplia