El Gobierno de Salta puso en marcha un fuerte plan de ajuste por 180 días que impactará en toda la estructura estatal, con medidas que van desde el congelamiento de sueldos de la cúpula política hasta la suspensión de gastos, contrataciones y compras. La decisión se da en un contexto de crisis económica nacional y caída sostenida de la coparticipación, que viene golpeando las finanzas provinciales desde hace meses.
El decreto, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz y que se publicará en el boletín oficial hoy, establece que durante seis meses no podrán otorgarse aumentos salariales al gobernador, ministros, secretarios, autoridades superiores y directivos de organismos descentralizados y empresas del Estado. En paralelo, se dispone el congelamiento de vacantes y la limitación de nuevas contrataciones en toda la administración pública, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
En ese marco, también se impulsa una reducción progresiva de la planta estatal a través de jubilaciones y programas de retiro voluntario, una señal clara de contención del gasto en personal, uno de los principales componentes del presupuesto.
El ajuste alcanza además al funcionamiento cotidiano del Estado. Se suspenden por completo los gastos protocolares y de cortesía, se prohíben los viajes oficiales al exterior -salvo situaciones excepcionales- y se restringe la compra de bienes que superen determinados montos. A esto se suma un control más estricto sobre el uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible, con monitoreo permanente.
Uno de los puntos centrales del decreto es la revisión de contratos. El Ejecutivo ordenó renegociar, en un plazo de 60 días, todos los contratos de bienes y servicios que estén atados a moneda extranjera, con el objetivo de adecuarlos a la realidad económica actual. Además, cualquier nueva contratación bajo modalidad abierta deberá contar con autorización previa del Ministerio de Economía, que también verificará precios de mercado y podrá intervenir en eventuales renegociaciones.
Se impulsa que los empleados accedan a la jubilación o se adhieran a programas de retiro voluntario para achicar la estructura estatal.
El control del gasto se complementa con mayores exigencias administrativas: todos los organismos deberán informar mensualmente sus ingresos y egresos, incluyendo rendiciones detalladas. A su vez, el Ministerio de Economía quedó facultado para dictar medidas que mejoren la recaudación y optimicen el uso de los recursos públicos.
Otros poderes
El decreto también busca alinear a todo el sector público. Se invita a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a la Auditoría General y a los municipios a adoptar medidas similares, en un intento de extender el ajuste a todo el entramado estatal.
El decreto invita a los poderes Legislativo y Judicial, al Ministerio Público, a la Auditoría y a los municipios a adoptar medidas similares.
Detrás de estas decisiones aparece un dato que enciende alarmas: la caída de la coparticipación. Según advirtió el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, los envíos nacionales acumulan siete meses consecutivos en baja. Entre 2024 y 2025 la caída fue cercana al 20%, mientras que en lo que va de 2026 ya ronda el 14%.
Este escenario impacta de lleno en las cuentas públicas y obliga a la Provincia a priorizar gastos esenciales como salarios y servicios básicos, postergando inversiones y reduciendo al mínimo las erogaciones no indispensables.
En medio de un escenario económico complejo, el Gobierno de Salta expuso ayer el alcance de la crisis que atraviesa la provincia y detalló cómo impactan las decisiones nacionales en distintos frentes sensibles, desde lo social hasta lo productivo y la asistencia territorial.
La vocera Paula Benavides sostuvo que el objetivo no es trasladar el impacto del ajuste directamente a los ciudadanos. En esa línea, se mantiene el financiamiento de áreas clave como el subsidio al transporte, el pago del incentivo docente y el acompañamiento a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
Dentro de ese esquema, se destacó el caso de HIRPACE, donde el Estado provincial cubre la totalidad de los servicios de luz y agua. También se mencionaron gestiones ante autoridades nacionales para saldar deudas con estas instituciones y la restitución de pensiones que habían sido dadas de baja, en un contexto de fuerte presión sobre el sistema de asistencia social.
Otro de los puntos críticos es el impacto de la eliminación del programa «Volver al Trabajo». La medida afecta a más de 200.000 salteños, con incidencia directa en unos 53.000 beneficiarios, y genera una retracción estimada de 4.000 millones de pesos mensuales en la economía local. Se trata de recursos que sostenían el consumo en comercios de cercanía y que, al desaparecer, profundizan la caída de la actividad económica cotidiana